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MINSALUD DICE QUE LEY 100 SE ESTÁ SACANDO ADELANTE

El ministro de Salud, Alonso Gómez Duque, rompió ayer su silenció y negó la acusación que se le ha hecho a este Gobierno de frenar la reforma establecida por la Ley 100. Por el contrario, aseguró, esta administración ha hecho todo lo posible por sacar adelante esta reforma.

25 de mayo 1995 , 12:00 a.m.

Además, en una carta enviada ayer al director de EL TIEMPO, Hernando Santos Castillo, criticó la actitud del ex ministro de Salud Juan Luis Londoño, hoy asesor del Banco Mundial, por olvidar la obligatoria discreción de los organismos multilaterales y lanzarse en ristre contra un Gobierno .

El texto de la carta es el siguiente: Apreciado Director: En los últimos días han aparecido algunas publicaciones en relación al tema de la seguridad social y dada la importancia del tema, me parece oportuno ofrecer a ustedes algunos elementos que creo enriquecen el debate.

Permítame, señor Director, que inicie esta serie con un pequeño artículo resumen que precede a otro más extenso en el cual ampliaré los conceptos que ahora enuncio y que espero por supuesto accedan las páginas de su prestigioso diario.

Es evidente que aún existe gran confusión en el ambiente sin que se logre clarificar el tema. Al Gobierno se le acusa de frenar la reforma establecida por la Ley 100 y debo responder con vehemencia que una tal acusación no es cierta y que por el contrario, las ejecutorias que abajo le enumero, son un contundente aval demostrativo de la correcta dirección en la que se desarrolla el proyecto.

Como todo el mundo sabe, la Ley 100 era un proyecto. La administración anterior creó un modelo, el parlamento ajustó el articulado y al asumir el nuevo gobierno encontró la teoría. Una teoría que de paso fue frenéticamente reglamentada, con 110 decretos que vieron la luz en los últimos tres días del anterior gobierno.

La carrera emprendida dejó, como era obvio, vacíos, inconsistencias y contradicciones que detallaré más adelante, aunque debo por ahora resaltar algunas.

El cálculo de la UPC salió optimista cerrando el paso a cualquier intento de implementación del régimen contributivo, pues implicaba un disbalance financiero calculado que superaba los 200 mil millones de pesos.

El régimen subsidiado era imposible de aplicar por la carencia de instituciones que pudieran tomar a su cargo la administración del mismo.

Se había además anunciado un pronto resultado como fruto de la reforma, hecho este que generó una gran expectativa, dejando en el ambiente la convicción de que en enero de 1995 todos los males pasaría. Quedaría atrás el viejo modelo.

En medio del frenesí publicitario se olvidó la realidad. Aquella que nos muestra el Canadá al tomar 41 años para implantar su reforma y la de Chile que superados los dos lustros lucha aún por ajustarla.

Curiosamente, nadie cuestionó el deterioro hospitalario, pero tampoco nadie preguntó cómo podría solucionarse este problema en el corto período de cinco meses. Si se hubieran preguntado muy seguramente se habrían convencido que era poco probable su recuperación tan pronto.

El problema laboral que se venía era evidente: 1. El Decreto 1894 del 3 de agosto de 1994, asignó al médico un máximo salario de 510.000 pesos.

2. El Decreto 973 del 13 de mayo de 1994, prohibió que trabajaran en dos partes.

3. El mismo 1894 niveló otros cuatro cargos y prohibió extenderlo a los restantes 85 cargos del sector.

4. Se determinó que los dineros necesarios fueran regionales y se inhabilitó al gobierno nacional para aportar.

Era claro pues, que con estas acciones se había encendido la mecha de la explosión de inconformismo a la que asistimos.

Las reestructuraciones producidas debilitaron la capacidad operativa de este Ministerio, dejándolo inerme para asistir a la solución de este grave problema laboral.

Se enfatizó el componente administrativo del sistema y se soslayó una verdad de a puño. Se dijo que afiliar era el problema pero no se tuvo en cuenta la necesidad de atender a dichos afiliados.

Entramos entonces en escena y comenzamos una dura labor. Implementar un teórico diseño, corregir inconsistencias, apagar incendios y en fin trabajar y trabajar para dar al país los beneficios de una reforma que creemos buena y que aún luchamos por implementar, con mayor serenidad.

Nos propusimos como paso inicial, hacer viable la reforma.

En primer lugar se estudió el equilibrio financiero. Minhacienda, Minsalud y DNP, todos en equipo analizaron el problema. Después de tres meses de intensas discusiones y análisis, se determinó reducir la UPC y aumentar la cotización al 12 por ciento. El costo político aunque grande, era pequeño comparado con el beneficio de hacer posible implementar el régimen contributivo.

Se pasó entonces a buscar un mecanismo que permitiera implementar el régimen subsidiado. La solución estaba en la misma Ley 100. En el artículo 60 del estatuto orgánico dice que las direcciones seccionales de salud pueden conformar EPS. Y así se autorizó, quedando entonces viable el segundo componente de la reforma.

En cuanto a la nivelación salaria, seguimos la Ley 100. En el artículo 198 se ordena hacerla con dineros regionales, con máximos y mínimos, concertada regionalmente. Se calcularon los dineros disponibles y se trazaron las tablas. Como dice la ley.

Se trazó finalmente el plan de desarrollo de todos conocido y que claramente lleva la impronta de la seguridad social.

Los resultados muy pronto aparecieron y dejan claro que la reforma avanza: El país conoce de 13 EPS en pleno funcionamiento y anuncio otras 5 en formación. Recordemos que iniciamos en enero por mandato legal.

Hemos asociado en solidarias a 1.450.000 personas pobres.

Hemos incorporado por la vía de las EPS transitorias a 250 mil colombianos de estratos 1 y 2 y pretendemos alcanzar la meta de 2 millones este primer año.

El programa de gerencia hospitalaria ya inició en todos los hospitales de II y III nivel de Colombia.

Estamos a punto de entregar la dotación a los primeros 150 centros de primer nivel y a 78 de segundo nivel dentro del programa de fortalecimiento institucional.

Hemos completado la red epidemiológica, con 1.179 unidades notificadoras que cubren el país.

Todo esto en 8 meses! A pesar de todo esto, hoy el doctor Juan Luis Londoño, funcionario del Banco Mundial, olvida la obligatoria discreción de los organismos multilaterales para lanzarse en ristre contra un Gobierno, alejándose claramente de su realidad y comprometiendo incluso la prudencia de esa prestigiosa entidad.

Olvida también, en medio de su confusa perorata, que la teoría y la práctica requieren conciliarse y que la conciliación es buena. El campeón de la privatización defiende ahora a los hospitales públicos.

Cuántos olvidos en tan poco tiempo.

No quisiera extender más estos iniciales comentarios, puesto que como dije le anuncio un documento más extenso en el que quisiera retomar algunos puntos y agregar otros, de tal manera que podamos explicar con amplitud los conceptos y acciones del Gobierno.

Reciba, Señor Director, los más vivos sentimientos de mi consideración y aprecio.

Atentamente, Alfonso Gómez Duque Ministro de Salud.