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EN SUSPENSO LEY ANTICORRUPCIÓN

El suspenso que rodea la suerte del Estatuto Anticorrupción, se prolongará hasta el próximo martes.

25 de mayo 1995 , 12:00 a.m.

El presidente del Senado, Juan Guillermo Angel, dispuso anoche, después de más de tres horas de debate sobre la iniciativa, que su texto, lo mismo que el acta de conciliación, sean publicados íntegramente en la Gaceta del Congreso para que todos los parlamentarios tengan una debida ilustración sobre su contenido.

La determinación fue adoptada después de que el senador Héctor Helí Rojas (lib. Boy.) hizo ver que el acta de conciliación se limitaba a hacer una enumeración genérica de artículos aprobados, suprimidos o modificados sin ilustrar sobre su contenido exacto.

A juicio del parlamentario, las comisiones de conciliación obraron irregularmente al atribuirse plenas funciones legislativas, hasta el punto de que algunos artículos aprobados en Senado o en Cámara, entre ellos uno de su autoría, fueron suprimidos.

La fijación de un plazo para la publicación del texto completo del acta fue entendido como una decisión para subsanar un posible vicio de forma que podría dar al traste con la suerte de la ley.

Durante el debate que precedió a la decisión se advirtió una clara tendencia a aprobar el estatuto, una de las iniciativas banderas de la actual administración.

Incluso algunos parlamentarios conservadores que se han declarado enemigos de la iniciativa tal como está concebida, anunciaron que le darían su visto bueno porque entienden que en las actuales circunstancias su aprobación es una necesidad internacional .

El siguiente es un resumen de los principales aspectos del estatuto: Los temas dorsales de la nueva ley son los siguientes: Contra lavadores Lavadores y testaferros tendrán, en condiciones normales, penas de hasta 8 años de prisión.

Sin embargo, la pena se aumentará de la mitad a las tres cuartas partes cuando su actividad ilícita esté asociada con la comisión de delitos de secuestro, extorsión o narcotráfico.

También se agravará la sanción penal cuando la comisión del delito se haya facilitado con la firma de contratos con personas y entidades sujetas a la inspección, control o vigilancia de las Superintendencias Bancaria o de Valores.

La justicia podrá imponer castigo agravado cuando los implicados en este tipo de delitos sean importadores o exportadores de bienes o servicios, o directivos de entidades del sector financiero.

La ley autoriza a las autoridades judiciales para levantar el velo corporativo de las personas jurídicas, cuando necesiten determinar el verdadero beneficiario de las actividades adelantadas por éstas.

Aumento de penas El estatuto consagra aumento de penas, que pueden llegar hasta los 16 años, para los delitos contra la administración pública.

En este sentido reforma los artículos del Código Penal relacionados con las conductas de peculado, concusión y cohecho en sus diferentes modalidades.

Castiga con penas de entre 4 y 6 años y multas de hasta 100 salarios mínimos el tráfico de influencias ejercido para obtener favores de funcionarios públicos.

Penaliza la utilización indebida de información privilegiada.

Este es un delito en el que pueden incurrir empleados, directivos o miembros de juntas directivas de entidades públicas y privadas o privadas que se beneficien, por ejemplo, con la compra de terrenos en una zona que de antemano saben que se valorizará con la construcción de una obra pública o con el hallazgo de un yacimiento.

Inhabilidad de por vida Establece que los servidores públicos quedarán inhabilitados para el desempeño de funciones públicas cuando sean condenados por delitos contra el patrimonio del Estado.

Para efectos penales establece que también tendrán calidad de servidores públicos los miembros de la Fuerza Pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria, Los funcionarios y trabajadores del Banco de la República y los integrantes de la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción, creada mediante esta nueva ley.

Restricción a los medios Pese a que los inspiradores de la ley han invitado a la sociedad y a los medios de comunicación para sumarse a una cruzada contra la corrupción el estatuto impone restricciones sin precedentes para éstos.

Impone reserva a los pliegos de cargos dictados contra personas investigadas por corrupción y sólo autoriza que las investigaciones de la Procuraduría y de otros órganos de control sean divulgadas cuando se produzca sentencia definitiva.

Según los expertos, esta norma es inconstitucional porque va en contravía de una norma que dice que no habrá censura y de otras disposiciones superiores que establecen que las actuaciones administrativas son públicas.

Algunos de ellos han anunciado incluso que pedirán al presidente Samper que objete parcialmente la nueva ley, en lo que tiene que ver con la imposición de esta reserva.

Con todo, el estatuto dice que será causal de mala conducta el hecho de que un funcionario público obstaculice, retarde o niegue inmotivadamente el acceso de la ciudadanía, en general, y de los medios de comunicación, en particular, a los documentos que reposen en la dependencia a su cargo y cuya solicitud se haya presentado con el cumplimiento de los nuevos requisitos exigidos por la ley.

Control social Todas las dependencias estatales quedan obligadas a crear oficinas especiales para atender las quejas, reclamos y denuncias de la gente.

Con los mismos fines de control social, las gobernaciones, alcaldías y demás dependencias estatales tendrán que publicar, una vez al mes, en sitio visible y en lenguaje sencillo, una relación de los bienes adquiridos, servicios contratados, el objeto y el valor de los mismos, su destino, el nombre del adjudicatario, así como las licitaciones declaradas desiertas.

Será creado el Diario Unico de Contratación Pública que contendrá información sobre los contratos que celebren las entidades públicas del orden nacional.

Para la legalización de los contratos será requisito indispensable su publicación en el Diario.

El Ministerio de Educación Nacional creará una cátedra especial para la difusión de la ley anticorrupción en todos los niveles .

La ley crea una Comisión Nacional para la Moralización, de la cual hacen parte el Presidente de la República, el Ministro de Gobierno, el Ministro de Justicia, el Procurador General, el Contralor General, Los presidentes de Senado y Cámara, el Fiscal General, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia y el Defensor del Pueblo.