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EX MILICIANOS, UNA PAZ ENREDADA

Hace unos días fueron inauguradas las luces de una taberna en el barrio Popular número uno, sector nororiental de Medellín. A la celebración entraron tres gays. Cuatro muchachos que se encontraban en el lugar decidieron que allí sólo debían entrar los hombres , y resolvieron asesinarlos.

21 de mayo 1995 , 12:00 a.m.

Uno de ellos murió, los otros dos lograron escapar. Cuando los ex milicianos recibieron esta denuncia la remitieron a la Fiscalía.

Si esto hubiera ocurrido antes del 26 de mayo de 1994, fecha en que firmaron el acuerdo de paz con el Gobierno Nacional, dice Héctor Hernando Benítez -quien hizo de vocero de los ex milicianos en el proceso de negociación- las milicias habrían identificado a los asesinos y de acuerdo con los testimonios, decidirían si sacarlos del barrio o matarlos. Esa era la manera de ponerle orden a las cosas .

Este cambio de mentalidad es considerado por los ex milicianos como uno de los grandes avances en el camino de su superación. Sin embargo, la incorporación a la vida civil no ha sido tan simple ni tan pacífica. Hoy, la Procuraduría y estamentos ciudadanos cuestionan el uso de armas y algunas actuaciones de los desmovilizados.

Entre tanto, desde que se firmó el pacto de paz, han sido asesinados cincuenta ex milicianos. Estas muertes se atribuyen, en su mayoría, a enfrentamientos internos por celos de poder en la Cooperativa de Seguridad y Servicio a la Comunidad (Coosercom), creada a partir del acuerdo de paz.

Las pugnas se han dado entre los dos grupos de milicias -las del Pueblo y para el Pueblo, y las Metropolitanas- que conformaron la Cooperativa. También las Milicias del Valle de Aburrá hicieron parte del proceso de paz, pero no de la Cooperativa.

En esa apreciación coinciden el comandante de la Policía Metropolitana, general Alfredo Salgado Méndez; el Procurador regional, Fernando González, y el Asesor de Paz para Medellín, Juan Guillermo Sepúlveda.

A pesar de que ellos sostienen que no están enfrentados, a mí me ha tocado hacer de mediador, porque están los bandos a punto de dispararse , dice González.

James Orrego, gerente de Coosercom, asegura, sin embargo, que esos conflictos se presentaron por divergencias en la manera de asumir el proceso, pero que ya están completamente superados.

Los poli-cianos También los desmovilizados han tenido problemas con la comunidad. El Procurador regional ha recibido 28 denuncias contra los ex milicianos y la Policía le entregó otros 25 casos que involucran a miembros de Coosercom. Son denuncias por homicidios, lesiones personales, violaciones carnales, extorsión, retenciones ilegales y allanamientos.

Es más, el pasado ocho de mayo, habitantes de los barrios La Francia, Pablo VI, El Playón, La Frontera, Zamora y Santo Domingo, comuna nororiental, se tomaron las instalaciones de la Defensoría del Pueblo para denunciar atropellos de los desmovilizados. Señalaron, entre otros, que por culpa de sus desmanes hoy se encuentra entre la vida y la muerte Luz Bernarda Arboleda, presidenta de la Acción Comunal de El Playón, herida a bala en la cabeza. Además, denunciaron los asesinatos de César Arboleda, César Augusto Patiño, Octavio Urrego y Gustavo Espinosa, líderes de sus barrios.

Benítez responde que las protestas contra la Cooperativa son promovidas por las Milicias Bolivarianas y las Brigadas de Resistencia Popular que siguen las orientaciones de la Coordinadora Guerrillera (CG), contraria a los acuerdos. Reconoce, sin embargo, que han cometido errores al hacer allanamientos, requisas y detenciones, que son competencia de la Policía, pero que esto ya no sucede.

La comunidad ha empezado a llamarlos los policianos . El procurador González dice que el Gobierno cometió un error al dejar armados a estos muchachos que no tienen ningún tipo de preparación. Pasaron de ser milicianos, personas por fuera de la ley, a guardias de seguridad pagados por el Estado .

Limbo jurídico Otro enredo del acuerdo siguen siendo los beneficios jurídicos. Pese a que en la mesa de negociaciones el Gobierno se comprometió a trabajar por el indulto para los milicianos involucrados en delitos, la Fiscalía y algunos jueces no consideran a los reinsertados como grupos políticos beligerantes y los equiparan, en cambio, con autodefensas.

Sepúlveda, el asesor de Paz para Medellín, coincide en señalar que por no haber estado en la mesa de negociaciones, la justicia no comparte los criterios del ejecutivo .

De otra parte, las promesas de escuelas, plazas polideportivas, centros docentes y todo lo que se pactó como inversión social, se ha quedado en el camino, según denuncian los desmovilizados. Sepúlveda asegura que la administración municipal ha realizado trabajos en ese sentido, pues dispone de 5.000 millones de pesos provenientes del plan de inversiones de 1994 y 1995.

De otro lado, los ex milicianos exponen que a pesar de haber presentado varios proyectos económicos para los 270 desmovilizados que están hoy desempleados, la oficina de Reinserción no les ha dado respuesta.

Darío Mejía, jefe de reinserción para Antioquia, dice que se han aprobado 14 proyectos, que involucran a 18 personas. Esta semana se aprobarán otros 24, por un total de 108 millones de pesos.

Es un proceso lento -explica Mejía- porque a la gente no sólo se le presta la plata para montar una panadería o una tienda, sino que antes se le asesora sobre la manera de realizar un proyecto. Buscamos que quien se meta en esto no esté quebrado a la vuelta de un mes .

Con todo y las debilidades que desmovilizados y Gobierno reconocen en este acuerdo de paz con 650 ex milicianos de Medellín, para los cuarenta barrios en donde tiene influencia la Cooperativa es mucho decir que el asesinato de un gay, por ejemplo, ya no se responda con otra muerte.