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RELACIONES CON VENEZUELA

En reiteradas oportunidades, desde estas mismas páginas, hemos formulado cordiales invitaciones a la cautela en el manejo de las situaciones imprevistas que van surgiendo en las relaciones, convulsionadas por épocas, entre Colombia y Venezuela.

21 de mayo 1995 , 12:00 a.m.

Nos asiste la certeza de que los lazos de solidaridad con el hermano país son mucho más fuertes que todos los conflictos y que, por consideraciones de pasado y futuro común, las aproximaciones bilaterales deben orientarse bajo el signo de la concordia y no bajo la sombra de la pugnacidad.

En consecuencia, la conducción de las relaciones demanda una completa sincronización entre las distintas entidades del Estado colombiano que por una u otra causa entran en contacto con asuntos relativos a Venezuela.

Dentro de ese contexto, quedan nuevas lecciones, derivadas del episodio asociado con el comisario Iglesias, quien abandonó el país cuando obraba en su contra una orden de captura expedida por la Fiscalía para que compareciera a una indagatoria, originada en sus intervenciones en el espinoso asunto de los vehículos robados en Venezuela e introducidos irregularmente a nuestro país.

Ha quedado claro que más allá del ruidoso incidente que con justas razones ofendió tanto a los colombianos, hay un problema de fondo, grave, de vieja data, que no ha encontrado solución cabal en ninguno de los dos países. Aunque tenemos la impresión de que las cifras divulgadas por Venezuela son bastante más elevadas que las reales, se debe reconocer que recientemente no se han devuelto automotores.

La historia es sencilla: en 1989, durante el Gobierno del presidente Virgilio Barco se instaló la primera comisión binacional sobre robo de carros y como fruto de sus esfuerzos se alcanzó a devolver un buen número de éstos. Posteriormente, al amparo de la nueva Constitución, un ciudadano de la Guajira entabló una tutela porque le habían decomisado un carro comprado de buena fe, y la ganó. A partir de ese momento se detuvo el proceso de devolución.

Esta nueva situación allanó el camino para fortalecer poderosas bandas colombo-venezolanas, tal como se acepta en nuestras propias esferas oficiales para advertir que no son sólo colombianos los que intervienen en estos procesos delincuenciales, como se ha presentado el caso en Venezuela. El episodio del propio Iglesias así lo sugiere.

Así las cosas, para superar ese esquema nocivo de las recriminaciones recíprocas que abren la puerta para que agitadores profesionales del conflicto obtengan beneficios políticos propios, se debe trabajar en la búsqueda de mecanismos legales que permitan una prota y equitativa solución al problema de los automóviles, al propio tiempo que el Congreso de la República se aplique en el proceso de ratificar el tratado ya suscrito.

Simultáneamente, resulta imperativo precisar los mejores conductos de coordinación entre la Fiscalía colombiana y su homóloga venezolana, para evitar nuevos incidentes en el futuro, y más puntualmente, para juzgar al comisario Iglesias.

Sirvan pues estas reflexiones para que ahora, cuando se asoma un nuevo factor de molestia por causa del arroz que está ingresando de contrabando a Colombia y que ha puesto en grave peligro a todo el sector arrocero colombiano, no se cometan los mismos errores del pasado y podamos tramitar por los canales adecuados, amigable y fraternalmente, todos los asuntos controversiales. Los nuevos y los viejos.