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FF. AA. Y DIAN SE UNEN CONTRA EL CONTRABAN

Con el apoyo de las Fuerzas Armadas a los funcionarios de la DIAN, el Gobierno emprenderá un plan de choque para atacar el contrabando, uno de los principales problemas económicos del país.

23 de mayo 1995 , 12:00 a.m.

El objetivo central es reprimir este flagelo para controlar el lavado de dinero del narcotráfico, que ingresa ilegalmente mercancías después de haber vendido la droga en el exterior.

Este programa de lucha frontal fue firmado por los Ministerios de Defensa y Hacienda. Un comité central se encargará de programar y coordinar todas las actividades de represión de esta contravención, mientras que en las diferentes zonas del país se conformarán comités regionales. Estos serán en la práctica los encargados de velar por la represión del contrabando.

El comité central estará conformado por el comandante Operativo de las Fuerzas Militares, general Fernando Tapias, el director operativo de la Policía Nacional, brigadier general Luis Humberto Pineda Pérez, y el director de la DIAN, Horacio Ayala. Los comités regionales los conformarán las personas que en cada una de las zonas estén responsabilizadas por estas mismas áreas de trabajo.

Más operativos La función de los militares y la Policía será permitir que los funcionarios de la DIAN puedan realizar decomisos de mercancías sin ningún riesgo Una vez la Aduana confirme las circunstancias en las cuales se estaría contrabandeando, dará aviso, inicialmente a la Policía, para que le preste seguridad durante el operativo. Si la labor se realiza en sectores donde los problemas de orden público son altos, entonces se reemplazará a la Policía por las Fuerzas Militares, La decisión de utilizar la Fuerza Pública para reprimir el contrabando se tomó a raíz de los cuantiosos recursos que pierde el Estado por este problema. Para el ministro de Hacienda, Guillermo Perry, la culpa del alto índice de contrabando en el país se debe a que los narcotraficantes utilizan este sistema de ingreso de mercancías para lavar dólares y a que el pasado gobierno, habiendo desarrollado la apertura, acabó con la aduana.

Indicó que se está buscando la manera de que la DIAN se divida nuevamente para que el componente tributario se dedique a recaudar impuestos y la Aduana asuma sus funciones de represión de contrabando.

El ministro de Defensa, Fernando Botero, aseguró por su parte que se combatirá de una manera más eficaz un problema de seguridad nacional porque el contrabando es la actividad complementaria del narcotráfico .

La ventaja de esto, dijo el director de la Policía Nacional, brigadier general Rosso José Serrano Cadena, es el hecho de que las Fuerzas Armadas se encuentran distribuidas por todo el país, hecho que permite un fácil desplazamiento.

La punta del iceberg Adicionalmente a estas medidas se pondrán en funcionamiento desde el próximo primero de junio tres sociedades de certificación internacional que se encargarán de vigilar que el embarque de los productos en los puertos de salida hacia Colombia se haga con todos los requisitos técnicos.

Este procedimiento sólo se aplicará a una lista de productos que son susceptibles de afectarse con el contrabando.

Además, entrarán en vigencia las llamadas sociedades de intermediación aduanera que realizarán los trámites de importación, con lo cual se eliminarán los intermediarios.

De esta manera, enfatizó Perry, la DIAN podrá dedicarse al control del contrabando abierto , por lo que solicitó el apoyo del sector productivo y los gremios del país para que colaboren entregando la información necesaria que permita acabar con el flagelo.

Esta labor será controlada por unos consejos de seguimiento, los cuales se encargarán de evaluar el alcance de las metas y analizar si hay la necesidad de efectuar variaciones en el convenio.

En este marco, el ministro Perry anunció que se preparará un programa para que los pequeños comerciantes informales legalicen sus mercancías mientras se ataca a los grandes proveedores de lugares como los Sanandresitos.

Apoyo de los gremios Los directores de los principales gremios económicos del país expresaron su apoyo total a esta iniciativa del Gobierno, aunque coincidieron en señalar que debe ser algo permanente y no debe quedarse en sólo un anuncio publicitario.

Sabas Pretelt de la Vega, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), le solicitó al Gobierno que les dé plazos perentorios y claros a los comerciantes informales para que legalicen su situación y ofreció el respaldo del sector que representa al Gobierno, siempre y cuando sea algo permanente.

Sin embargo, también hubo quienes alertaron al Gobierno por los problemas que se pueden presentar, como el caso del gerente de Colfecar, Eugenio Marulanda, quien solicitó que los retenes móviles no se conviertan en sitios donde impere la mordida , porque el programa no funcionaría y que se adelante un plan de apoyo en los límites nacionales porque las fronteras están a la intemperie frente al contrabando.

El castigo contra el contrabandista debe ser de por lo menos el mil por ciento del valor de lo incautado para que esto sea efectivo , añadió Marulanda.

Luis Gustavo Flórez, director de Fedemetal, también pidió al Gobierno que las mercancías, además de incautarlas, sean destruidas porque su ingreso al mercado le hace un gran daño a la industria nacional .