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HUBO RETROCESO EN LA LEY 100

Fedesarrollo y la Fundación Corona entraron al debate que sobre el sector salud ha convocado EL TIEMPO. Ayer presentaron un documento en el que analizan si la reglamentación que ha expedido el Ministerio de Salud frente a la Ley 100 es un retroceso o no.

23 de mayo 1995 , 12:00 a.m.

Las decisiones que este Gobierno ha tomado en materia de salud están encaminadas a mantener el viejo régimen de salud e impedir el desarrollo de la Ley 100 de Seguridad Social.

Según el documento, el decreto de transición expedido por el Gobierno en noviembre de 1994 busca mantener el régimen anterior, es decir un servicio eminentemente público, con subsidios a la oferta disfrazados de subsidios a la demanda y donde no está presente la competencia, motor de la eficiencia de un sistema que ha demostrado ser altamente ineficiente .

Según las dos organizaciones, el Ministerio expidió este decreto porque no había la cantidad de Empresas Promotoras de Salud (EPS) y Empresas Solidarias de Salud (ESS) suficientes para afiliar a los pobres al sistema subsidiado de salud, y era natural que mediante el decreto de transición se ordenara a los municipios asumir, en forma transitoria, la vinculación de los pobres al régimen subsidiado.

Según la Ley, los personas que reciban menos de dos salarios mínimos deberán ingresar a un régimen especial de salud en que podrán recibir subsidios del Estado y tener acceso, junto a su familia, a un paquete de salud.

Sin embargo, no se ve en el decreto ningún esfuerzo encaminado al fortalecimiento de estas empresas y, en consecuencia, la participación de las entidades públicas en la afiliación y facturación de los servicios prestados a los pobres no parece ser tan transitoria , dice en la presentación del documento.

Según Iván Jaramillo Pérez, uno de los expertos que escribió para el informe, la Ley 100 buscaba corregir dos situaciones que se estaban presentando en materia de salud: la inequidad con la que se estaban asignando los recursos en salud y la ineficiencia con que están siendo administrados los hospitales.

Mientras todavía el grueso de la población pobre no tiene cobertura, el sistema público de salud tiene una alta capacidad instalada frente a una baja capacidad operativa, que ha hecho que en la práctica el sector privado incremente su presencia en forma significativa, como por ejemplo las empresas de medicina prepagada.

Según la última Encuesta Nacional de Hogares, el sector privado cubre el 48 por ciento de las consultas externas, el 71 por ciento de las odontológicas, el 17 por ciento de las maternidades, el 39 por ciento de las cirugías y el 32 por ciento de las hospitalizaciones.

Pero para Jaramillo el régimen de transición para el manejo de los subsidios de salud para los pobres peca por no abrir en forma explícita otras opciones para la vinculación de estas personas al sistema, a pesar de que la Ley 100 lo permite.

Lo que ocurrió con el régimen subsidiado es que el anterior Gobierno se la jugó toda por una forma particular a través de las Empresas Solidarias de Salud (ESS), que son un proyecto a largo plazo porque tiene graves dificultades para su desarrollo; y de otra parte el actual Gobierno no ha acogido con mucho entusiasmo el fomento de este proyecto, y en cambio, haciendo eco de los intereses gremiales de los funcionarios públicos del sector salud, se la está jugando toda por otro proyecto: la creación de las Empresas Promotoras de Salud Departamentales, las cuales pretenderían inclusive un manejo monopólico del régimen subsidiado en las diferentes regiones del país .

Es decir que este y el pasado Gobierno se han casado con una sola modalidad de empresa para prestarle la salud a los pobres a pesar de que la Ley 100 autoriza al Instituto de Seguros Sociales como EPS del Estado y perfectamente este podría manejar la salud de los pobres en 315 municipios en los que tiene presencia.

En la misma forma, hay 66 cajas de compensación que no solo pueden manejar el régimen subsidiado, sino que están obligadas por la Ley a destinar para este régimen parte de sus recursos, al igual que muchas Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

Por su parte Nelcy Paredes Cubillos, otra de las participantes en el documento, dice que el decreto que estableció el régimen de transición busca utilizar los recursos del Fondo para cubrir faltantes en los hospitales públicos, lo cual no genera los incentivos adecuados que favorezcan el cambio hacia el nuevo sistema de salud. En términos generales, la medida del Gobierno no es clara porque confunden los términos de subsidios a la oferta y a la demanda, se confunden sus alcances y los beneficiarios .

Para Guillermo Olano, asesor social de la Fundación Corona, y quien también escribe en el documento, la decisión del Gobierno afecta varios principios fundamentales, pero lo más importante es que el decreto configura las condiciones para reforzar y perpetuar el monopolio público de la salud .

Además, el acceso que todas las personas deben tener a la seguridad social se verá afectado porque al desaparecer o no crear nuevas EPS y ESS se minimizan los esfuerzos para lograr una ampliación de la cobertura en salud en forma más dinámica.

La universalidad por decreto difícilmente se cumple en una sociedad que no tiene cultura provisional en salud y en la cual la impunidad es alta y los escasos presupuestos familiares solo alcanzan para satisfacer las necesidades básicas. Además la forma de pago pone en peligro el alcance de los recursos disponibles en el sistema de salud , afirma Olano.