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JUSTICIA ESTÁ ANARQUIZADA

Sacar avante la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y, por esta vía, poner fin a la guerra de poderes entre instituciones judiciales, han constituido, si no las principales, sí dos de las preocupaciones esenciales del ministro de Justicia, Néstor Humberto Martínez.

23 de mayo 1995 , 12:00 a.m.

Sin embargo, después de ocho meses de ir de un lado a otro con el proyecto debajo del brazo, sin obtener el consenso necesario ni entre las cortes, ni en el Congreso, y a escasos 21 días de que culmine la actual legislatura, la iniciativa más importante para el aparato judicial está a punto de hundirse. Ante ese panorama, Martínez ha decidido hablar claro y revelar lo que hace mucho tiempo viene pensando: la justicia está anarquizada .

Las reformas constitucionales a la Justicia dejaron muchos vacíos y crearon conflictos de intereses entre las corporaciones (...) El Gobierno perdió instrumentos de control tanto penales como disciplinarios y ahora solo tiene voz y sólo puede presentar reformas legislativas... .

Martínez, que aún así anuncia una pelea a brazo partido y un mensaje de insistencia a las cámaras para salvar la iniciativa, virtualmente advierte que el Gobierno está maniatado.

No hay -dice el Ministro- una instancia de integración donde el Gobierno pueda ir a plantear soluciones; a decir con cuáles recursos se cuenta para que las cosas funcionen mejor; no hay un órgano donde la Fiscalía pueda ir a expresar sus angustias, ni la Corte Suprema ni el Consejo de Estado. A veces uno ve que el Consejo Superior está actuando sin conocer las opiniones de las autoridades en el Comité Consultivo .

Cuando Néstor Humberto Martínez -un economista y abogado curtido en temas judiciales- se posesionó como ministro de Justicia el 7 de agosto de 1994, aceptó uno de los retos más importantes del actual Gobierno: sacar avante una Ley Estatutaria de la Justicia y, por esa vía, poner fin a la guerra de poder entre entes judiciales.

Ahora el proyecto está a punto de hundirse por cuenta de los vientos de contrarreforma a la Carta de 1991 y, aun cuando el Ministro asegura que el Gobierno no ahorrará ningún esfuerzo para promover la propuesta, incluso a través de un mensaje de insistencia a las cámaras, Martínez confiesa abiertamente que la justicia, tras la promulgación de la Constitución en 1991, está anarquizada .

La justicia perdió estructura. Las reformas fundamentales que ella tuvo a través de la Carta no se cumplieron de una manera gradual y ordenada. Eso generó una serie de conflictos de interés, de competencias que estamos viviendo y han dificultado su funcionamiento , dijo en entrevista con EL TIEMPO.

Los problemas de la justicia no admiten diferimientos , es lo que asegura Martínez, al advertir sobre las graves consecuencias que traería para el país la no aprobación en menos de tres semanas de la iniciativa por parte del Congreso.

-La polémica sobre el proyecto de Ley Estatutaria de la Justicia cada vez se aviva más en el Congreso de la República, pero no se vislumbra un acuerdo pronto...

Es un tema espinoso. Ha habido en el Congreso un reconocimiento de que la justicia está funcionando con grandes debilidades y con grandes deficiencias y eso ha generado un juicio de responsabilidades que esa corporación, en nombre de la ciudadanía, está haciendo.

Diría que el primer gran consenso tiene que ver con la circunstancia de que la Constitución de 1991 no fue suficientemente feliz y afortunada en el diseño de la administración de justicia; la anarquizó.

La justicia perdió estructura y las reformas fundamentales que ella tuvo no se cumplieron de una manera gradual y ordenada. Eso generó una serie de conflictos de interés, de competencias que estamos viviendo y han dificultado el funcionamiento de la justicia.

-Pero más de un congresista, y hasta usted mismo, considera que el Gobierno es un convidado de piedra frente a la justicia. Eso es así? En materia de justicia este Ministerio es hoy más de Derecho que de Justicia. Es que los instrumentos que tenía el Gobierno de administración judicial se perdieron después de la Constitución de 1991, enhorabuena por cierto. Conceptualmente, ese es un elemento que reafirma la autonomía del poder judicial.

Pero frente a las deficiencias de la administración de justicia, el Gobierno perdió instrumentos en el campo disciplinario y penal y hoy lo único que tiene es voz e iniciativa legislativa para establecer las fallas que existen. Sin embargo, los órganos consultivos o de integración no funcionan adecuadamente.

-Un ejemplo...

Para tratar de integrar en un solo seno a todo el Estado frente a los problemas de la justicia, el Comité Consultivo del Consejo Superior de la Judicatura se reúne muy cíclicamente, lo ha hecho unas cuantas veces; le falta continuidad.

No hay una instancia de integración donde el Gobierno pueda ir a plantear soluciones; a decir con cuáles recursos se cuenta para que las cosas funcionen mejor; no hay un órgano donde la Fiscalía pueda ir a expresar sus angustias, ni la Corte Suprema ni el Consejo de Estado. A veces uno ve que el Consejo Superior está actuando sin conocer las opiniones de las autoridades en el Comité Consultivo.

-Pero si hay tantas deficiencias y debilidades en ese sector, lo mejor no sería adelantar una reforma a la Constitución en materia de justicia. Algo parecido a la reforma a los partidos políticos...

Muchas de las debilidades de la justicia, y ese es el juicio del Gobierno, están concentradas en el ámbito de la gestión, de la administración misma del Poder Judicial. Colombia tiene una muy buena calidad de justicia, en términos de la calidad de las sentencias y de los fallos judiciales, pero las grandes dificultades están centradas en la gestión.

No puede haber una buena gestión de justicia si no hay información. La información es muy precaria, insuficiente. La ley tiene que diseñar un sistema de información. El Consejo Superior no puede hacer uso racional de los recursos y las salas penales de los tribunales están sin oficio, hay que redistribuir ese elemento humano.

- Queda descartada entonces una reforma constitucional a la justicia? El Gobierno ha preferido el instrumento legislativo porque considera que ese es el mecanismo de momento que puede entrar a solucionar en parte los problemas que hoy adolece la justicia. Sin lugar a dudas, los mismos constituyentes cuando se reunieron en la Asamblea, y en particular los que han estado repensando el tema de la administración judicial, advierten algunas dificultades en las formulaciones de la propia Carta.

Pero ese es un aspecto que frente a la situación de emergencia judicial que nos hemos acostumbrado a vivir, sería una solución de mediano o largo plazo y por lo mismo no podría ser satisfactoria ahora dado el volumen de recursos que hoy se emplean para que la justicia funcione adecuadamente.

- Qué empantanó la discusión de la incitativa en el Congreso? Es que el tema es muy complejo y difícil. Por eso, las sesiones conjuntas de las comisiones primeras de Senado y Cámara y aún hay tres semanas. El Gobierno considera que ese tiempo es suficiente dada la calidad del debate. En función de cómo transcurran las sesiones esta semana, vemos si es necesario presentar un mensaje de insistencia con el objeto de que las comisiones se concentren sólo en este proyecto.

- Qué pasa si el proyecto de la justicia no es aprobado antes del 16 de junio, cuando termina la actual legislatura? Pues seguiríamos en esa ida y venida de asignación de responsabilidades, si hay o no un instrumento, si quien gerencia la justicia tiene una ley para administrarla; faltarían instrumentos de descongestión y el establecimiento de un sistema de responsabilidades. Nadie concibe un poder autónomo como el que quedó claramente arraigado en la Carta de 1991 sin un claro escrutinio de la responsabilidad tanto de los gestores como de los hacedores de justicia. El sistema disciplinario está hoy a la deriva.

- Qué responde a los congresistas que dicen que no vale la pena continuar en la discusión del proyecto de la justicia por la anunciada reforma de Samper a los partidos políticos? Ese fue un comentario marginal. No creo que esa reforma sea una limitante y que eso vaya a incidir en el proyecto, entre otras cosas porque el Congreso, toda la corporación, ha entendido el compromiso para contribuir a solucionar los problemas de la justicia. Es que esta es una carencia y se, como lo han dicho los jueces, las cortes y el Gobierno, que el Congreso va a brindarle este instrumento al poder judicial. Con eso no nos asignarán después ni responsabilidad ni al Congreso ni al Gobierno por las deficiencias que en este momento operan.