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PAROS TIENEN EN JAQUE A NARIÑO

A los empleados, obreros y trabajadores al servicio del departamento de Nariño desde hace tres meses no les pagan sus salarios. Los contratos de obras están paralizados. Los suministros, convenios, transferencias y hasta los embargos no se pueden cumplir porque no hay recursos económicos.

22 de mayo 1995 , 12:00 a.m.

Este desolador panorama ha generado en los últimos días una serie de huelgas, paros, mítines y manifestaciones, en demanda de alternativas a todos los problemas que amenazan con paralizar la administración pública en Nariño.

En los últimos diez días, mañana y tarde, frente a la sede de la gobernación los pensionados, trabajadores, profesores y proveedores del departamento reclaman que les paguen lo que les deben.

La respuesta es que no hay plata. Que la actual administración heredó una deuda y un déficit que sumados los dos, superan los 24.000 millones de pesos. Pero existe disparidad en la información sobre la deuda pública del departamento. La Contraloría del Departamento acaba de certificar que la deuda pública es de 14.803 millones de pesos, sin sumar la de la Empresa Licorera y la Lotería.

Las obligaciones bancarias suman 7.842 millones de pesos. En el rubro de cesantías se adeudan 4.568 millones. La deuda laboral supera los 1.200 millones. Una comisión de la Contraloría General de la República, solicitada por la Asamblea Departamental, inició una investigación para precisar los orígenes de esta crisis.

En la Secretaría de Hacienda y Tesorería se encuentran arrumados contratos de obras públicas, prestación de servicios, suministros y asesorías, que suman 801 millones. A las entidades descentralizadas se les deben 752 millones por concepto de transferencias.

Para redondear esta situación, las clínicas y hospitales de la ciudad anunciaron la suspensión de sus servicios a todos los afiliados a la Caja de Previsión Social del Departamento, hasta tanto no les cancelen las deudas.

Los paros y los mítines, están igualmente afectando el normal desarrollo de las actividades del sector privado y comercial. Las vías son taponadas por grupos de manifestantes.

A su turno la Fiscalía Regional, la Contraloría Departamental y la Procuraduría Seccional, conformaron un bloque élite para investigar y castigar los posibles fenómenos de corrupción que se hayan podido cometer en el manejo de los recursos de la administración departamental.

Para los organismos de seguridad, entre tanto, de no encontrarse una solución a todo este tipo de conflictos, la situación de orden público se podría ver afectada en la región.

El gobernador, Eduardo Albornoz Jurado, viajó a Bogotá, con el propósito de tramitar con el Gobierno Nacional un convenio de redesempeño , que le permita canalizar recursos económicos para que la administración retorne a la normalidad.