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EL GOBIERNO BRASILEÑO VENDE OTRAS 18 EMPRESAS

Al menos 18 empresas estatales serán privatizadas en 1995 en Brasil, informó el ministro de Planificación, José Serra. En la lista de empresas estatales que serán privatizadas se incluyen la generadoras y distribuidoras de energía eléctrica Escelsa (Espirito Santo Centrales Eléctricas), cuya venta está prevista para junio próximo, y Light, la Red Ferroviaria Nacional, el Banco Meridional y 13 compañías del sector petroquímico.

22 de mayo 1995 , 12:00 a.m.

Serra agregó que el gobierno brasileño está examinando 35 procesos de concesiones al sector privado de servicios públicos y otros 7 procesos en el área de la construcción de usinas hidroeléctricas serán iniciados en setiembre próximo.

Destacó la importancia para la economía del país de la transferencia al sector privado de las empresas estatales, señalando que las ocho compañías siderúrgicas privatizadas entre noviembre de 1991 y octubre de 1993, registraron aumentos de productividad de 60 a 70 por ciento.

Dijo además que, el gobierno brasileño no puede acelerar el proceso de privatización porque deben ser cumplidas una serie de medidas legales que retrasan su ejecución.

En el marco de la privatización de compañías estatales, iniciada en octubre de 1991, ya fueron transferidas al sector privado 42 empresas estatales por valor de 8.611 millones de dólares.

De ese total, 20 empresas eran controladas por el estado, 9 eran subsidiarias, de esas compañías, y el estado tenía participación minoritaria en otras 13 empresas del sector petroquímico.

Con la transferencia de esas empresas al sector privado, el gobierno brasileño obtuvo una economía de 15.000 millones de dólares en el período de tres años, correspondientes a deudas asumidas por los compradores e inversiones de capital que tendría que realizar en dicho lapso si continuasen bajo su control.

Los inversionistas extranjeros fueron autorizados a adquirir hasta el 100 por ciento de algunas empresas estatales.

Están excluidas de la privatización empresas cuyas actividades constituyen monopolio del estado, que según la Constitución nacional son la explotación de yacimientos de minerales nucleares, la extracción de petróleo y gas y su importación, el refinado del crudo nacional e importado, la exportación de sus derivados, y su transporte marítimo y por oleoductos.

El gobierno brasileño propuso al Parlamento algunas reformas constitucionales para poder transferir al sector privado algunas de esas empresas.