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LA CORRUPCIÓN Y EL CÁLCULO ECONÓMICO

Todos los días la prensa mundial reporta nuevos actos de corrupción política. En Italia cayó el gobierno, en Venezuela y Brasil dos presidentes, en Estados Unidos renunció el secretario de Agricultura simplemente por la apariencia de favoritismo.

22 de mayo 1995 , 12:00 a.m.

La corrupción, como toda acción humana, depende de la estructura de costos y beneficios. Invito al lector a considerar que una de las causas de la corrupción radica en un sistema político distorsionado por una concepción equivocada del Estado.

La acción humana tiene un propósito, es racional y por consiguiente el hombre busca maneras de aumentar los beneficios y disminuir los costos de su accionar. Este cálculo económico no implica que mida los beneficios y costos sólo en términos de dinero ni que sus motivos sean estrictamente egoístas o materialistas ni que deje de cometer errores, sino que el hombre evalúa las consecuencias de cada acción y ello nos sirve para estudiar cómo la estructura de beneficios y costos de la intervención del Estado es un estímulo a la corrupción.

Hay personas con una escala de valores tal, que nunca se aprovechan de otros pero no faltan los que tratan de apropiarse de los beneficios de la actividad de otros o disminuyen sus costos traspasándolos a los demás. En la medida que el sistema político permita este aprovechamiento o traspaso se fomentará la corrupción. O se inculcan valores morales tan sólidos que son capaces de resistir toda tentación o se altera la estructura de beneficios y costos para minimizar las oportunidades de corrupción.

Los economistas llaman búsqueda de rentas al afán del hombre de aprovecharse de beneficios que no sean producto de su propia actividad. La búsqueda de rentas es extensa y profunda cuando el Estado es dispensador de bienes y prebendas. Desde las leyes de defensa del ejercicio profesional hasta los aranceles a las importaciones, desde los créditos subsidiados hasta la maternidad gratuita.

Por eso no nos deben llamar la atención los escándalos como la crisis bancaria venezolana y el de las Cooperativas de Ahorro y Crédito en Estados Unidos. Mientras el gobierno intervenga para favorecer a ciertos segmentos de la sociedad, aun con las mejores intenciones, habrá individuos que se aprovecharán de las circunstancias.

El traspaso de costos al pueblo es también un mal universal. Desde el precio subsidiado del gas hasta las industrias militares, desde las obras públicas faraónicas hasta la educación religiosa optativa. Sin desmerecer los buenos propósitos de esas políticas, cuando el Estado las lleva a cabo se invita automáticamente a que personas usualmente honestas se comporten de manera socialmente indeseable.

Por eso no nos debe llamar la atención que aún los buenos burócratas rechacen la privatización o políticos honestos estén a favor de la reelección. Mientras se crea que el gobierno puede resolver los problemas sociales habrá personas y grupos que logren beneficiarse a costa del pueblo en general.

La solución consiste en alterar el sistema de beneficios y costos. Nunca se podrá eliminar la corrupción totalmente, mas sí se la puede reducir. Para ello necesitamos: 1. Descentralizar el gobierno. Mientras más pequeño sea el poder estatal y más cerca esté al pueblo, más notorio se vuelve el afán de aprovecharse de una posición de poder, más difícil la búsqueda de rentas y más responsables los gobernantes.

2. La ley debe ser general e imparcial. La ley no puede tener resultados predecibles ni nadie puede estar por encima de ella. Mientras la ley sirva para corregir males sociales, necesariamente debe favorecer a ciertos segmentos de la sociedad y ese favoritismo es el que incentiva a los buscadores de rentas.

3. La policía y el sistema de administración de justicia deben estar bien remunerados. La ley no sirve si no se la ejecuta.

4. La tributación debe ser simple y directa. Cuando los impuestos se ocultan mediante complicaciones y tecnicismos, cuando los costos de la actividad pública se encubren, se facilita el traspaso de los costos al pueblo. Sobre estos principios se fundamenta lo que se conoce como Estado de Derecho, y sólo sobre estos principios podemos confiar en un mejor futuro para nuestros pueblos.

(*) Economista ecuatoriano, profesor en la Universidad de Nueva Orleans.