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NO A MORA EN INSTALACIÓN DE TELÉFONOS

En un hecho que asombró y llenó de interrogantes a los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, un ciudadano tuvo que recurrir a una tutela ante las salas de los máximos tribunales del país, para lograr que en los próximos 10 días se le instale el servicio telefónico en su casa.

20 de mayo 1995 , 12:00 a.m.

La Sala Penal de la Corte ratificó una tutela en favor de Beatriz Amira González de Riveros, quien reclamaba protección a sus derechos de igualdad y petición, vulnerados por la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom.

Sin embargo, el desconocimiento de la ciudadanía sobre quién es competente para conocer las tutelas, despertó desde ayer un interrogante en los magistrados de la Sala Penal de la Corte: corresponde a las diferentes salas de las altas corporaciones de justicia velar porque se les suministre en igualdad de condiciones los servicios públicos a los ciudadanos colombianos? El presidente de la Sala Penal, magistrado Nilson Pinilla Pinilla, dijo que aunque es un hecho positivo el que se haya logrado tutelar los derechos a la igualdad de un ciudadano, la decisión tiene un aspecto negativo.

Cuál? En palabras del magistrado, no es comprensible que cualquier sala de uno de los máximos tribunales del país sea el organismo al que deban acudir los colombianos para pedir que les instalen el teléfono, el agua o la luz.

Según el jurista, aunque la Sala Penal encontró que efectivamente Telecom quebrantó el derecho de petición y a la igualdad de esta persona, a los magistrados les quedó un interrogante.

Esta decisión debería ser adoptada por las empresas de servicios o los jueces municipales? Con todo, la Corte estableció que Telecom se negó en varias oportunidades a adjudicarle e instalarle una línea telefónica en su casa a la señora González de Riveros, pese a que le había concedido ese beneficio a personas y entidades que ni siquiera habían llenado los requisitos mínimos.

Ahora, los gerentes de Telecom, regional de Bogotá y local de Chía, deberán proceder a disponer lo pertinente para adjudicarle e instalarle la línea telefónica, previo el pago de los derechos.

La decisión se sujeta a lo decidido el pasado 31 de marzo por el Tribunal Superior de Bogotá, que inicialmente había tutelado los derechos de la ciudadana, y cuya decisión fue impugnada por el apoderado de Telecom, regional de Santafé de Bogotá, ante la Corte.