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TENTATIVAS DE PAZ Y HUMANIZACIÓN

La actual no es la segunda ni la tercera ni la cuarta oportunidad para lograr la solución política del problema guerrillero. Es acaso la última. A lo largo de su campaña electoral la había planteado el señor Presidente, sin perjuicio de su compromiso constitucional de mantener o restablecer el orden público y de proteger a cuantos residen en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias, derechos y libertades. Tras varias experiencias fallidas, haría nuevos intentos por la paz y la reconciliación, aun en medio de las hostilidades.

20 de mayo 1995 , 12:00 a.m.

Su programa difería del adoptado por el presidente Fujimori en el Perú. Con instituciones democráticas en plena vigencia procuraría, sobre la base de su reconocimiento, hallar término civilizado a la violencia subversiva, generadora de aflicciones y de contra-violencia regular o irregular. En la medida en que ello no fuere posible, se buscaría humanizar la guerra mediante la adopción del Protocolo II de Ginebra.

En dicha etapa parece entrarse por pasos contados. A los colombianos corresponde prestar el concurso de su buena voluntad, en el entendimiento de que su fracaso no significaría el apaga y vámonos . Quedaría el recurso latente y también legítimo de la fuerza. O, en otras palabras, la fórmula Fujimori.

La esperanza precavida en las actuales gestiones no descarta sino obliga a estar preparados para esa contingencia. Las conversaciones de paz o de humanización de la guerra no pueden convertirse en instrumento sibilino para obtener el desguarnecimiento del Estado. Ni para mejorar ladinamente posiciones estratégicas.

El señor Presidente y el Alto Comisionado para la Paz han revelado en Bucaramanga los contactos adelantados con las Farc, el ELN y otros grupos subversivos. A las primeras se les ha aceptado desmilitarizar la zona de La Uribe, con excepción de su cabecera, donde sus tropas se concentrarían en función de vigilancia y garantías. Mientras en su caso se trataría de conversaciones aparentemente encaminadas a resolver el conflicto, en el del ELN la finalidad inmediata sería la humanización de la guerra.

En relación con este movimiento guerrillero, el Gobierno ha dado muestra audaz y estoica de su propósito de arreglo al admitir a un presidiario como su vocero autorizado. Mucho debió meditarlo cuando por él se decidió, en aras de mitigar las penalidades de la población civil. No es sin embargo la primera ocasión en que un gobierno dialoga con quien ha parado en la cárcel por atentar contra las leyes y las personas. Semejante trago amargo no se apura sin el hondo convencimiento de creerlo útil a la patria.

Por virtud de las declaraciones de las autoridades gubernamentales y judiciales, existen claros puntos de referencia: el Protocolo II refrendado por el Congreso y la advertencia perentoria de la Corte Constitucional de que la amnistía o el indulto eventual no sería procedente respecto de los partícipes en secuestros, torturas, homicidios fuera de combate, instalación de minas quiebrapatas o asesinatos de individuos en estado de indefensión.

A suprimir tales actos de barbarie tiende la humanización de la guerra que los subversivos contumaces aspiran a ganar pero que el Estado y su régimen democrático no podrían perder sin riesgos de disolución. Hasta cierto punto es posible civilizar la contienda armada, pero nunca será inocuo o benéfico el uso de la violencia.

La meta es siempre el retorno a la paz y la convivencia democrática, con efectividad de derechos y garantías. Por lo visto, a ello conducirán sin escalonamientos las negociaciones con las Farc y, quizá más adelante, con los otros grupos subversivos.

Foros para ventilar dicha paz promoverá el Gobierno. Ojalá lo sean. Resultaría por lo menos contradictorio que se les aprovechara como otras veces para el elogio de la violencia (no así de la contraviolencia consiguiente) y para ver de justificar delitos atroces so capa de trasnochados idealismos.

Válidos motivos de desconfianza existen en la conciencia pública. Pero aun así cabe apoyar y facilitar el proceso iniciado por el presidente Samper y el Alto Comisionado Carlos Holmes Trujillo. Con la ilusión de que no desemboque en nuevo fiasco y con la certidumbre de que el Estado se encuentra en capacidad política y militar de enfrentarse a cualquier circunstancia adversa.

Lo difícil y azaroso del camino no significa imposibilidad de volver a ensayarlo. Por lo menos hay que llenarse de razón.

Tráfico de carros robados Deplorable el episodio de la fuga del comisario destacado por Venezuela para contribuir al esclarecimiento del repugnante comercio de carros robados en su territorio. Lo mismo el proceder aparentemente equívoco de su distinguido Embajador y el error de la Fiscalía General de Colombia de haber pretermitido el conducto regular de la Cancillería.

Disponiendo de pruebas suficientes y careciendo el sospechoso de inmunidad diplomática, lo deseable habría sido detenerlo e informar a su patria a través del ministro respectivo. Probablemente la Fiscalía, con la mejor buena fe, consideró que este paso resultaba peligrosamente conflictivo dada la misión oficial del funcionario y optó por comunicar los hechos a su Embajador. Quien, al parecer, no facilitó sino complicó las cosas.

El incidente es desagradable, pero no debe convertirse, ni mucho menos, en motivo de conflicto. Corresponde a nuestra Fiscalía presentar a las autoridades venezolanas los resultados fehacientes de sus averiguaciones y confiar en que juzguen a su compatriota por este escandaloso caso de complicidad y corrupción. El tráfico de automóviles robados ha adquirido rango internacional y por consiguiente no es de extrañar el contubernio delictuoso de sujetos de ambos países.

Dejando de lado el penoso incidente del comisario Eduardo Iglesias, sindicado por nuestra Fiscalía, cabe reconocer que es en suelo venezolano donde se roban o hurtan los vehículos destinados a venderse en Colombia. Esta circunstancia explica su irritación y su protesta por la persistencia de un delito que en su entender habría dejado de existir si se hubiera contado con más actividad y celo por parte de las autoridades colombianas.

Lo que aquí se mira displicentemente como otra forma de contrabando, allá es cuestión de orden público. Téngase muy en cuenta y procédase con máxima energía contra las mafias que así atentan contra nuestros dos pueblos. La presunta negligencia de la Administración Gaviria frente a este problema quizá ocurriera por su tendencia al libre cambio y al desmantelamiento de los mecanismos aduaneros.

Pero no nos equivoquemos. Las buenas relaciones con Venezuela suponen la erradicación solidaria y definitiva de esta práctica desvergonzada y criminal.