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LOS PROBLEMAS HOSPITALARIOS

Es tiempo de que el Gobierno haga un replanteamiento sustancial en la ejecución de sus políticas de salud, pues el sistema de seguridad social, y todos los colombianos, necesitan que estas sean serias y, sobre todo, que tengan buenos ejecutores.

20 de mayo 1995 , 12:00 a.m.

Más que una herencia macabra, como el ministro de Salud ha querido presentarla para justificar sus errores ante muchos trabajadores y ante la opinión pública, la Ley 60 de Transferencias y Recursos, y la Ley 100, de Seguridad Social, constituyen la mejor oportunidad que se le ha brindado al sistema de salud en toda su historia para su modernización.

Por ello resulta paradójico que el sector público de salud sea el más damnificado con las políticas que ha desarrollado el Ministerio en este Gobierno.

La combinación de las leyes 60 y 100 había previsto un enorme fortalecimiento de los hospitales y demás entidades públicas prestadoras de servicios de salud, con el fin de adecuarlas a la competencia que habría de representar el nuevo sistema de seguridad social.

Este fortalecimiento se basa en la ampliación sustancial de su mercado, en la configuración progresiva de un sistema presupuestal, en un manejo gerencial autónomo y descentralizado de los hospitales, y en el crecimiento de las inversiones en salud.

Pero en los últimos meses de este Gobierno, los hospitales han sufrido un viraje radical de políticas, en forma por demás inconsistente con las normas vigentes, y han visto modificado su sistema de presupuestación y pagos, debilitado su sistema gerencial, y alterada su paz laboral.

Decreto de transición El mal llamado decreto de transición, expedido por el Ministerio de Salud el año pasado, deformó el sentido de la transformación progresiva del sistema presupuestal que había previsto la Ley 100.

El decreto de transición congeló la transformación del sistema presupuestal de los hospitales, y lo sustituyó por un cheque en blanco para financiar indefinidamente el gasto.

En efecto, en lugar de subsidiar directamente a las personas de escasos recursos, el Gobierno dispuso que fuera el propio Ministerio el que le pagara, desde Bogotá, a cada hospital los costos de cualquiera de sus intervenciones a pacientes con las rentables tarifas del Fondo del Seguro de Accidentes de Tránsito (Fonsat), que están incluso por encima de las del Seguro Social.

Con ello, se creó una confusión sobre a quién corresponde la responsabilidad fiscal: si a los directores de hospital, quienes manejan su presupuesto; a los secretarios de salud, quienes cuentan con el situado fiscal; o al Ministro, quien ahora puede disponer de los recursos del fondo de solidaridad.

Así se ha puesto en marcha como una política oficial, el tenebroso sistema de Fee for Service (pago por servicio facturado), que ha hecho el desastre del sistema de salud estadounidense.

Se ha borrado en la práctica el techo presupuestal que obligaba, de alguna forma, al manejo mas racional de los hospitales, destruyendo la posibilidad de un sistema equilibrado de presupuesto para ellos, al prometerles financiación indefinida de cualquier por cualquier servicio que presten, con las altas tarifas del Fonsat y con cargo al fondo de solidaridad.

En lugar de una planificación racional que sea efectiva para llevar más salud a la gente, se está induciendo a los hospitales públicos a emprender las acciones más costosas, con cargo a unos recursos que no van a estar disponibles. Por supuesto, la decisión racional de cualquier director de hospital será la de volver al pasado: tratar de maximizar el déficit con cargo a la plata prometida.

Hasta donde entiendo, el año anterior no se pudo ejecutar prácticamente nada con cargo a esta promesa, y el hueco fiscal que se ha ido acumulando durante este año, tal vez explote, a diferencia de todos los años anteriores, antes del mes de septiembre.

Es comprensible, desde el punto de vista de cada director de hospital, que se intente maximizar el déficit para obtener mayor participación en los recursos. Pero esta no debería ser la política oficial del ministerio de Salud.

La experiencia colombiana señala, sin lugar a dudas, que los mejores hospitales del país se diferencian de los demás por tener unos cuerpos directivos con grandes conocimientos administrativos (los 10 hospitales públicos más grandes del país están entre las 100 empresas más grandes), y por brindar estabilidad y buenas remuneraciones.

El Congreso estableció características especiales para los directores de los hospitales, asegurándoles estabilidad y creándoles un estatuto salarial especial, además de un proceso de selección con características técnicas. Así lo reglamentó el anterior Gobierno.

Cuando el Ministro se posesionó juró cumplir con la Constitución y las leyes. Su falta de cumplimiento ha revelado los profundos problemas que habían conducido a la crisis del sistema público de salud y que las leyes precisamente pretendían corregir.

No es que el sistema de seguridad social propuesto en salud, que beneficia a más colombianos, sea inalcanzable. Las decisiones a tomar son simples, y requieren coherencia gubernamental y decisión política.

Me niego a creer que las buenas intenciones del Salto Social vayan a ser frustradas por la incapacidad de ejecución del Gobierno, o porque la agenda del Ministro de Salud no corresponda con el cumplimiento de las leyes de la República y los planes del actual Gobierno.

Pero lo que queda claro es que el mal manejo del sector sí es una bomba de tiempo para los colombianos, para el personal de la salud y para las finanzas del país. Es preciso corregir el rumbo para evitar un caos social mayor.

* Ph.D en Economía de la Universidad de Hardvard, ex subdirector de Planeación Nacional, ex ministro de Salud y asesor de organismos internacionales, y uno de los gestores de la Ley 100.