Archivo

SE ESFUMAN 93.000 EMPLEOS TEXTILEROS

Los productores, comercializadores y distribuidores de textiles dicen que no aguantan más. Ayer lanzaron un S.O.S. y le pidieron al Gobierno que adopte medidas efectivas de protección para el sector, que ha sido uno de los más golpeados por el contrabando y el lavado de dinero.

18 de mayo 1995 , 12:00 a.m.

Denunciaron que por la falta de control aduanero se han visto obligados a cerrar muchas de sus empresas, situación que se ha traducido en una reducción de 93.000 empleos durante los últimos 17 meses, en toda la cadena productiva.

Pero el problema no es solo con los empleos. Aseguran, además, que cerca de 20 industrias medianas están a punto de ir a concordato.

Si se tiene en cuenta que la cadena productiva del sector, que abarca fabricantes de telas, laneros, algodoneros, confeccionistas y distribuidores, cerca del 10 por ciento de los trabajadores se ha quedado sin empleo.

Los renglones más afectados han sido los algodoneros, donde el empleo se redujo en 50.000 plazas y los confecciones que disminuyeron 35.000 puestos de trabajo.

Por esa razón le solicitaron al Gobierno que decrete una emergencia aduanera y que de nuevo divida la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) en dos entidades diferentes. Esta decisión permitiría frenar la evasión y al mismo tiempo realizar un efectivo control sobre las mercancías de contrabando que han inundado el mercado nacional.

El presidente de la Asociación Nacional de Distribuidores de Textiles (Asotextil), Francisco Ochoa, aseguró que los empresarios del sector no piden ningún tipo de subsidio, sino un verdadero control aduanero y que se cumplan las medidas anunciadas desde noviembre pasado por el presidente de la República, Ernesto Samper.

Utilidades? Por su parte, el presidente de la junta directiva de Asotextil en Medellín, Jaime Alonso Trujillo, dijo que las utilidades reportadas por las empresas el año anterior, se debieron más a una revalorización de las empresas por nuevos aportes, que a mayores ingresos reales.

Explicó que de los 340 distribuidores que hay en el país, de los cuales 200 son afiliados al gremio, 20 han quebrado desde octubre pasado hasta la fecha.

Los voceros de los textileros aseguraron que el año pasado firmas cuyos orígenes no son muy claros pudieron lavar cerca de 680 millones de dólares y las autoridades han hecho muy poco por descubrirlas o acabarlas.

Debido a esa situación, los empresarios colombianos han perdido cerca del 50 por ciento del negocio textil en su conjunto, que anualmente mueve 2.700 millones de dólares.

Así mismo, han perdido la posibilidad de acceder al crédito bancario, pues el sector es considerado de alto riesgo. Trujillo explicó que los bancos califican la actividad textil con 9,5 de riesgo sobre 10.

Por esa razón pidieron que a través del Instituto de Fomento Industrial (IFI) se cree una línea de crédito a mediano plazo, entre 3 y 5 años. Actualmente, acuden a las compañías de financiamiento comercial y sólo tienen un período de entre 90 y 120 días de plazo para cancelar las respectivas obligaciones.

Según informes suministrados por los distribuidores de textiles, la cartera vencida asciende a 30.000 millones de pesos.