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PLEGARIA POR LA CORTE CONSTITUCIONAL

Dado el actual momento y la importancia demostrada por el diario EL TIEMPO en relación con los temas de la justicia colombiana, deseo expresar algunas inquietudes sobre dos instituciones que se han convertido en blanco, la primera de los últimos gobiernos y la segunda inexplicablemente en desgracia frente a un sector del Congreso, que en el fondo pretende una actitud contrarreformadora de la Carta y de una de las más importantes y eficientes judicialmente hablando entidades creadas por la nueva Carta Política.

17 de mayo 1995 , 12:00 a.m.

A los abogados ya no sólo nos quieren dar muerte física como se demuestra con los recientes asesinatos ocurridos en menos de un mes (marzo-abril/95) al ser cobardemente ultimados los doctores Darío Hernando Colmenares Uribe, Luis Eduardo López, Luz Marina Ayola Mendoza, Gabriel Adolfo Espitia Alvarez, sino que, como si fuera poco, a diario se presentan al Congreso iniciativas para darnos también muerte profesional, tales como el Estatuto del Notariado, la Desjudicialización, el Arbitramento, la Mediación, la Amigable Composición, la Evaluación Neutral de Casos, la Tasa Judicial, la Conciliación y entre otros los mal llamados jueces de paz, que siendo no letrados se espera fallen en equidad pero les exigen decisiones conforme a la ley y a la Constitución.

A ello hay que agregar las constantes campañas de desprestigio y la estigmatización que se hace del profesional del Derecho por aceptar un poder de alguien vinculado a la jurisdicción de Orden Público o a las regiones satanizadas en la actual coyuntura (Cali-Medellín y demás), como si todos los ciudadanos no tuviesen por mandato constitucional y legal derecho a una justa y eficaz defensa escogida por él mismo, y a su vez el abogado el deber de defender a quien se lo solicite si ello se ajusta a su ética y a su voluntad, claro está. Los detractores del abogado no alcanzan a entender que si la gente no cree en él, tampoco creerá en la justicia porque entre otras cosas, sus administradores, así a veces no lo quieran reconocer son abogados.

Una de las mayores conquistas para el común del ciudadano ante la ausencia de justicia en este país, ha sido la acción de tutela. Este amparo tiene como última instancia la H. Corte Constitucional. Sin embargo, es bueno recordar que no es sólo su labor la revisión final de tales acciones seleccionadas sino entre otras decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad, referendo, sobre los proyectos de ley objetados por el Gobierno, la exequibilidad de tratados internacionales y leyes que los aprueben y demás funciones del Artículo 241. Lo que extraña es que se pretenda acabar con la única entidad de la nueva Carta que mayor eficacia judicial ha demostrado durante su corto período de existencia. Veamos: han tramitado cerca de 80 mil tutelas hasta la fecha y desde el 17 de febrero de 1992, de las cuales han sido falladas 563 en 1992, 394 en el 93, 359 en el año 94 y más de 100 en el presente año; además de las acciones de constitucionalidad, ratificación de la jurisprudencia, valoración de tratados internacionales, así como revisión de Leyes Estatutarias, control de Actos Legislativos, control oficioso de Decretos de Conmoción y Resolución de Excusas de ciudadanos que se niegan a comparecer, entre otros aspectos. Han sido declaradas exequibles 367 normas e inexequibles 156 artículos, habiéndose declarado por primera vez la inexequibilidad de un decreto de Estado de Sitio.

Para no extendernos más en múltiples razones de eficacia, son claros los resultados de conveniencia y credibilidad que en poco tiempo no se habían visto en épocas anteriores, toda vez que cualquier acción de inconstitucionalidad, por ejemplo, se demoraba dos y más años. Luego no entiende el desprevenido ciudadano en qué andan los padres de la patria en este campo.

En conclusión, consideramos con el debido respeto que la mayoría, consciente de la necesidad de mejorar la imagen del Congreso, deberá archivar estos esperpentos jurídicos que mayor descomposición y desempleo traerán a los cerca de cien mil abogados inscritos y desolación e incertidumbre en la nueva Constitución y en los anhelos de la voluntad popular.