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DENUNCIAN EMERGENCIA JUDICIAL

Una grave emergencia judicial podría afrontar, en menos de dos meses, la Fiscalía ante la posible acumulación de procesos, advirtió ayer el Gobierno.

17 de mayo 1995 , 12:00 a.m.

La voz de alerta la dio ante la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes el ministro de Justicia, Néstor Humberto Martínez Neira, al advertir que el próximo 4 de julio vence el plazo que estableció el Decreto 2651 -Emergencia Judicial- para que los jueces penales entreguen a la Fiscalía los 313.695 procesos que cursan en esos despachos.

Eventualmente, y para sortear la situación, el Gobierno pediría la prórroga del decreto por un año.

La Fiscalía tendrá, si no se hace algo para solucionar esta situación, más de un millón cien mil procesos para mediados de 1995, lo que constituye una clara dificultad, estructural y fundamental, para superar las dificultades que está enfrentando el organismo para derrotar la impunidad en Colombia , aseguró el Ministro.

El llamado de emergencia de Martínez se produjo durante el debate sobre impunidad, promovido en la Comisión Segunda de la Cámara por los representantes Manuel Ramiro Velásquez y Benjamín Higuita, quienes citaron a los ministros de Justicia y Defensa, a los comandantes del Ejército y la Armada, a los directores de la Policía y el DAS y al Procurador General.

En criterio de Martínez, el problema se agrava porque se solicitó el desplazamiento de los jueces penales municipales y de circuito para que descongestionen los más de 300 mil procesos, pero no se ha logrado ningún avance en este sentido.

Los jueces penales municipales y de circuito conocen los delitos relacionados con estafa, lesiones personales, hurtos menores, entre otros.

Oídos sordos Se han tocado las puertas de todas las instituciones de justicia demandando un uso más racional del recurso humano, pero las distintas agencias del poder judicial no han dado una repuesta satisfactoria a la demanda de la Fiscalía y del Gobierno , dijo.

Agregó, que ello hace presumir que lo que puede ser un colapso anunciado, va a ser una realidad a partir de julio.

Martínez denunció ante la Cámara que, a pesar de la comisión recurrente de delitos en el país, los mismos jueces penales no tienen negocios en sus despachos y no están conociendo un número importante de procesos.

Este hecho se basa en una muestra aleatoria realizada por el Gobierno en la que se indica que en los despachos penales municipales y de circuito, la media de procesos por juez es de ocho y en muchos de ellos no existe ni siquiera uno, dijo el Ministro.

Martínez también se fue lanza en ristre contra el sistema de justicia aplicado en las comisarías e inspecciones de Policía. Aseguró que el Gobierno está estudiando la manera de penalizar nuevamente las contravenciones especiales porque los niveles de impunidad en ese campo son muy elevados.

De acuerdo con las estadísticas, el 72 por ciento de los procesos que se llevan en las inspecciones y comisarías se evacua por prescripción. La eficiencia se pierde por incompetencia del sistema para juzgar casos de violencia familiar o hurto menor, entre otros, aseguró Martínez.