Archivo

REACCIÓN JUSTIFICADA

La semana anterior se inició la discusión de la reforma tributaria, presentada por el Gobierno del presidente Samper a consideración del Congreso Nacional. La Comisión Tercera de la Cámara de Representantes formuló invitaciones a los gremios de la producción y del sector financiero para escuchar los diferentes análisis que han venido realizándose. El resultado fue, a juzgar por las informaciones de los medios de comunicación, una avalancha de reparos y críticas a la reforma.

16 de mayo 1995 , 12:00 a.m.

Que se oigan voces contrarias a una refoma tributaria, cualquiera que ésta sea, no debería extrañar a nadie. Aquí mismo nos hemos referido en repetidas ocasiones a los detestables impuestos . Pero sí es sorprendente el consenso que existe acerca del impacto negativo que tendrá la reforma sobre el funcionamiento de las distintas actividades empresariales. Porque es claro que las gentes comprenden la necesidad de enmendar el error que se cometió cuando el Congreso de 1992 autorizó un aumento temporal de tarifas en algunos tributos y una sobretasa sobre el impuesto de renta por un período determinado. Esta autorización, que el ministro Perry calificó de chiste , fue una equivocación del pasado Congreso, que tarde o temprano habría de corregirse. Hasta eso se entiende. Lo que no resulta explicable es que los distintos mecanismos contemplados en la reforma, con el propósito de controlar la evasión tributaria, terminen por elevar aún más los impuestos y por desestimular al sector privado.

Un repaso fugaz de los titulares y comentarios de la prensa durante la semana pasada, es bien expresivo. Para la Asociación Nacional de Industriales, Andi, la reforma es antitécnica, inequitativa y poco neutral ; contempla esquemas perversos , como el de la renta presuntiva; traerá consigo mayor evasión y ubicará a Colombia como el país con una de las tasas efectivas de renta más altas de la América Latina. En opinión del presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Anif, la reforma es una aberración tributaria que atenta contra toda sindéresis económica , y en la del presidente de la Asociación Bancaria es paradójico que el proyecto se denomine de racionalidad tributaria cuando, a la hora de la verdad, muchos de sus elementos van en contravía de las reglas de juego de la racionalidad . Para no citar otros comentarios como los del presidente de las Aseguradoras, los del joven gremio de los fondos de pensiones y cesantías, o los de los directivos de las bolsas de valores del país.

Es difícil encontrar un caso reciente de mayor unanimidad. Sin excepción los invitados al Congreso han expresado su desacuerdo con las fórmulas de tributación presuntiva propuestas por el Gobierno y, en particular, sobre el incremento del 4 al 7 por ciento en la tarifa de renta presuntiva sobre el patrimonio líquido y la fijación de un nivel del dos por ciento sobre el patrimonio bruto. Como están de acuerdo, según la información de este diario, en que el nuevo cambio de reglas de juego afectará la marcha de las empresas por el aumento de los costos y las cargas operativas, y desincentivará el ahorro debido a la aplicación del IVA a todos los servicios financieros.

Desde hacía varios años no se generaba una reacción tan fuerte del sector privado a una iniciativa de reforma tributaria. Y eso que éstas, las reformas impositivas, son ya cosa común y corriente en Colombia si se tiene en cuenta que en los últimos diez años el Congreso ha autorizado cuatro modificaciones sustanciales.

Por eso, con todo respeto, somos de la opinión de que, una vez escuchado el sector privado, Gobierno y Congreso procedan a acordar el texto de un proyecto de ley tributaria que minimice los costos de la iniciativa sobre el sistema económico y permita estabilizar la trayectoria futura de los recaudos tributarios. Si ello implica sacrificar gasto público habría que aceptarlo, para beneficio presente y futuro de toda la sociedad. Más que una derrota para el Gobierno, un desenlace de esta naturaleza constituiría una demostración de que la democracia sí puede funcionar en Colombia.