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EL PLAN DE DESARROLLO

Señor Director: Hemos analizado el editorial de EL TIEMPO del día 11 de mayo, en el cual se reconoce el esfuerzo del Gobierno y del Congreso de llegar, por primera vez en la historia del país, a un acuerdo sobre el Plan de Desarrollo y se plantean algunos interrogantes sobre su financiación. Como las apreciaciones sobre estos últimos temas contienen imprecisiones, quisiéramos hacer algunas anotaciones que pueden ser útiles para los lectores de tan prestigiosa publicación.cor

15 de mayo 1995 , 12:00 a.m.

Conviene recordar, en primer término, que el Gobierno ha sido enfático en asegurar que no llevará al país a una situación de déficit fiscal. Por este motivo, el Plan parte de unas proyecciones en las cuales las finanzas del sector público consolidado se mantienen en superávit o en equilibrio durante los cuatro años de la Administración. Por lo tanto, aunque el endeudamiento del Gobierno Central aumente durante los próximos años, ello se verá compensado por una reducción en el endeudamiento neto de otras entidades públicas, con lo cual no habrá una presión global sobre el mercado financiero. No podría ser otro el resultado de unas finanzas equilibradas.

Por tanto, esas proyecciones contemplan un déficit del Gobierno Central que se ve compensado por el superávit del resto de las entidades públicas. Las apreciaciones del editorial sobre el paso de una situación de superávit del Gobierno central a un déficit del 3.8 por ciento del PIB en 1998 (y no del 4.3 por ciento) tiene como una de sus bases más importantes el aumento considerable de los ingresos del Gobierno Central por concepto de privatizaciones y concesiones durante el año pasado, especialmente por concepto de telefonía celular. Si se descuentan esos ingresos, el Gobierno Central tuvo, en 1994, un déficit del 1.8 por ciento del PIB.

Sobre las finanzas nacionales pesan factores diferentes del Plan de Desarrollo que deben ser conocidos ampliamente por la opinión pública. Nos parece conveniente resaltar el rápido ritmo de transferencias a los municipios que deberá enfrentar el país durante la presente Administración, y que se traduce en un crecimiento a dichas transferencias de cerca del 20 por ciento real por año. Además, las leyes de Seguridad Social y de Servicios Públicos han generado cargas sobre el Presupuesto Nacional, que antes se escondían a través del déficit de las empresas públicas o de subsidios cruzados entre consideraciones de diferentes niveles de ingresos.

El Gobierno, consciente de su responsabilidad fiscal, propuso desde un inicio al Congreso de la República que sería necesario fortalecer las finanzas nacionales, tanto para financiar el Plan de Desarrollo como para cumplir estas obligaciones legales preexistentes. En la propuesta del Plan de Inversiones presentada el Congreso se incluyó una cláusula en la cual el Plan se recortaría en magnitud similar a los ingresos que no pudieron asegurarse a través del proyecto de racionalización tributaria, reafirmando, así, los principios de responsabilidad fiscal que defendemos. Este artículo, modificado por las sugerencias de honorables parlamentarios, ha quedado consagrado en la nueva Ley del Plan.

El Plan de Desarrollo contempla, como ustedes lo anotan en su editorial, un crecimiento del gasto público real de un 9 por ciento por año, cifra que es muy inferior al ritmo de crecimiento de los últimos años, aunque superior al del Producto Interno Bruto proyectado. Sin embargo, el intento de presentar este tema como uno de menor o mayor gasto público resulta bastante engañoso para la opinión pública.

El tema, a juicio del Gobierno, no es más o menos gasto público, sino más o menos inversión del país en ciertas áreas estratégicas, muchas de las cuales reclama con insistencia el propio sector empresarial. Así, el Gobierno ha planteado un aumento significativo en la inversión en infraestructura, tal como lo vienen exigiendo los empresarios del país, así como en capital humano.

Como lo indica el Plan, una gran cantidad de estos gastos adicionales se llevará a cabo a través del sector privado, motivo por el cual no se prevé ningún crecimiento significativo en la burocracia estatal. Sin embargo, no es posible aumentar la inversión del país en desarrollo humano o en infraestructura, o en otras áreas estratégicas tales como la infraestructura agropecuaria, la ciencia y la tecnología y el medio ambiente sin que los recursos correspondientes pasen a través del sector público, aun si los ejecutores directos del gasto son entidades privadas o de otro tipo.

Así las cosas, la propuesta del Gobierno busca incrementar la inversión del país y no del Gobierno, en ciertas áreas estructurales del desarrollo conocidas por todos. Puesto de otra manera, se trata de elevar la inversión en capital social, en todas sus formas, para que se dé el proceso similar a aquel que ha experimentado la inversión privada en los últimos años. Sin este apoyo conjunto del patrimonio privado y del patrimonio social no podrá acelerarse el crecimiento económico y mayor desarrollo social que anhela el país.