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A FISCALIA EXPEDIENTE CONTRA EX DIRECTOR DE LA DIAN

La Procuraduría General de la Nación trasladó a la Fiscalía General copia de la investigación disciplinaria que adelanta contra el ex jefe de la Dirección de Impuestos y Aduanas, Dian, Carlos Espinosa Pérez, por la devolución aparentemente irregular a la firma Sidauto S.A., de Cartagena, de 35 buses que la Aduana de esa ciudad incautó y declaró de contrabando.

15 de mayo 1995 , 12:00 a.m.

En concepto de la Procuraduría, la Fiscalía debe establecer si la actuación de Espinosa podría eventualmente dar lugar a la apertura de una investigación penal o si existió alguna conducta contra la administración pública, la administración de justicia o el patrimonio económico del Estado.

La Procuraduría solicitó además que la actual administración de la Dian demande la resolución a través de la cual Espinosa ordenaba devolver los automotores porque, a juicio del Ministerio Público, dichos actos administrativos estarían revestidos de irregularidades y de actuaciones contrarias a la ley .

A la par con estas actuaciones, el Delegado para la Vigilancia Administrativa, Luis Eduardo Montoya Medina, se alista para abrir investigación formal contra quienes han integrado la junta directiva del Banco del Estado desde 1993 y contra los funcionarios que gestionaron los créditos que Sidauto pidió para comprar e introducir a Colombia 80 buses modelo 93, 35 de los cuales resultaron ser modelo 90.

El proceso disciplinario contra el ex director de la Dian se inició después de que trascendió su decisión de devolver los 35 buses que la administración de Aduanas de Cartagena decomisó y declaró de contrabando, argumentando que se trataba de buses viejos y, en consecuencia, diferentes de los que debían entrar a Colombia según el respectivo registro de importación.

La decisión de la Aduana tuvo como fundamento una norma del Incomex que prohibe el ingreso al país de vehículos de años anteriores al año de importación. La declaratoria de decomiso a favor del Estado se sustentó en tres peritazgos -inspectores aduaneros, peritos del DAS y un ingeniero de Colmotores-, que concluían que los buses eran modelo 90.

Peligran $3 mil millones La preocupación del procurador Montoya, quien tramita dos expedientes disciplinarios relacionados con el caso -uno contra el ex director de la Dian y otro contra los directivos del Banco del Estado- es que la entidad crediticia podría perder unos 3000 mil millones de pesos como consecuencia de esta operación.

Los créditos, según Montoya, fueron otorgados creando una especie de hipóteca sobre los buses a importar. Sin embargo, ante el hecho de que los automotores fueron decomisados a favor de la Nación, el Banco del Estado podría verse envuelto en distintos litigios para recuperar el capital que prestó.

Este hecho puede perjudicar los intereses del Banco del Estado, que es una empresa industrial y comercial estatal , aclaró Montoya Medina.

Por lo pronto, el propio procurador Montoya obtuvo autorización del Procurador General, Orlando Vásquez Velásquez, para enviar a un funcionario de esa delegada a entrevistarse en Estados Unidos con los fabricantes de los automotores.

El objetivo es recoger evidencias que permitan determinar en dónde empezaron las irregularidades y por qué en Colombia buses modelo 90 fueron presentados como modelo 93.

Para la Procuraduría no está clara la validez de los testimonios y documentos en que la División de Investigaciones Especial de la Aduana en Bogotá fundamentaron la decisión de ordenar la devolución de los buses, sobre los que ya existía determinación de la Seccional de la Dian en Cartagena.