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PRISIÓN PARA LOS EVASORES DE IMPUESTOS

Ya el Congreso de la República comienza a ocuparse del tema lo cual, de suyo, revela un principio de la voluntad política que lo inspira para enfrentar un problema de magnitudes inconmesurables y que en el reciente pasado simplemente ignoraba, dejando entre los gobernados la sensación de que el problema no era tal.

15 de mayo 1995 , 12:00 a.m.

El estadio en el cual se halla la cuestión coloca el debate sobre la misma en el escenario de lo que los penalistas conocen con el nombre de Política criminal , en cuyo seno deben definirse con absoluta precisión y previamente, las siguientes cuestiones: El bien jurídico tutelado Se trata, aquí, de establecer cual es el bien jurídico que el sistema ampara; la importancia intrínseca del mismo y la magnitud cualitativa y cuantitativa de las violaciones que a él se hacen.

En el caso de la evasión tributaria en Colombia, el bien jurídico tutelado está representado nada más, ni nada menos por el Título XII de la Constitución, que trata del régimen económico y de la hacienda pública , donde, por ejemplo (333) a la par que la libertad económica, la libertad de empresa y la libre competencia, se consagran los límites al ejercicio de las mismas.

Estimativos hechos por organismos internacionales, pero también evaluaciones hechas por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional, indican que la evasión en nuestro país puede estar en el orden de los 1,6 billones de pesos, lo cual ante unos ingresos tributarios que para 1994 fueron de 6,6 billones de pesos, equivalentes al 12,6 por ciento el PIB, significaría que la evasión alcanzaría aproximadamente el 3,2 del mismo PIB, con lo cual, ciertamente, el bien jurídico así tutelado está severamente vulnerado.

Pero la cuestión no se detiene ahí: piense usted, amable lector, que por cuenta de la evasión, su nivel de tributación debe ser sustancialmente más bajo si aquel fenómeno no se presentara. O considere usted, señor empresario, cómo su propia eficiencia sería suficientemente competitiva si su vecino no lo hiciera a través de la evasión tributaria.

Así las cosas, resulta incuestionable que el país está en presencia de graves y extendidas violaciones a importantes bienes, conceptos y principios que el sistema jurídico está interesado en tutelar.

El derecho penal mínimo Los tratadistas de la ciencia penal entienden que la consagración de una conducta determinada como el delito, crimonológicamente debe ser un recurso de última instancia. Es, si se quiere, residual: allí donde todos los demás medios o caminos de control social (la familia, la escuela, el conglomerado social, la acción administrativa del Estado) han fracasado y han mostrado su ineficacia, se hace precisa, entonces, la elevación a delito de esa conducta incontrolada.

La institucionalidad Tiene que ver este punto con la posibilidad real que tiene el Estado, entonces, de administrar el nuevo delito así creado y de aplicar las penas consagradas, de manera que cumplan verdaderamente los fines para los cuales se establecieron: acaso resocialización; también represión; pero sobretodo: prevención.

Piénsese a este respecto que la efectividad de una pena, cualquiera que ella sea y en cualquier materia, depende no tanto de su magnitud, cuanto de la certeza de que será impuesta.

Si nuestro sistema de justicia no está en condiciones de administrar la nueva figura delictiva, considerada además su vasta y a la vez devastadora difusión (como lamentablemente lo ha demostrado en otros planos) la consecuencia inmediata es una agudización de la desinstitucionalización del país, provocada por una presunta solución, más perniciosa que el mal que con ella pretendía corregirse.

Estaríamos en presencia, entonces, de lo que se conoce con el nombre de Derecho penal simbólico , donde tipos penales como el delito ecológico, por literal inoperativamente han cedido su espacio, por ejemplo, a la más efectiva acción de tutela.

El principio de legalidad Acaso en materia penal es la regla más íntimamente atada a la concepción del Estado de Derecho y que reclama la definición previa y con absoluta y transparente claridad, de la conducta tras cuya comisión habrá de imponerse pena privativa de la libertad a su autor. Sainz Cantero, tratadista español, ha dicho sobre el particular: el principio de legalidad exige que se describa por el legislador con exhaustividad, claridad y certeza el presupuesto de la norma punitiva, a fin de que los límites entre lo prohibido y lo permitido no queden a merced de la decisión judicial .

España, donde en el artículo 349 de su Código Penal consagra pena privativa de la libertad por defraudación a la Hacienda estatal, automática, y local está viendo severamente cuestionada la norma, precisamente por no ajustarse a las precisas restricciones que implica la observancia del principio de legalidad.

En Chile (Artículos 97 y siguientes del Código Tributario) determinadas infracciones al régimen tributario son igualmente sancionadas con penas privativas de la libertad, pero precedidas y acompañadas de un estricto régimen de fiscalización administrativa.

En próximo artículo nos ocuparemos nuevamente de esta materia y del derecho comparado, a fin de aportar elementos de juicio a un debate que deberá concluir en una justa respuesta a la pregunta: Está Colombia preparada para consagrar el delito fiscal? El Constituyente de 1991 (337-6) así expresamente lo consideró tratándose de evasión fiscal en materia de rentas provenientes de monopolios rentísticos .