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LA OPES DEMORA LAS LICENCIAS

En los últimos meses ha surgido un elemento nuevo que dificulta aún más el procedimiento para obtener las licencias de urbanismo y construcción: la implementación el Decreto 657 del 25 de octubre de 1994.

13 de mayo 1995 , 12:00 a.m.

Esa disposición, que no ha sido muy divulgada, establece que, a solicitud de las entidades distritales, la Oficina para la Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá (Opes) emitirá un concepto técnico sobre los riesgos de tipo geológico, hidráulico o eléctrico existentes en las diferentes zonas de la ciudad.

El decreto ordena que el concepto será tenido en cuenta para la expedición de los certificados de disponibilidad de servicios públicos domiciliarios y para la expedición de las licencias de construcción y urbanismo.

Además establece el deber que tiene la Opes de informar sobre las zonas de riesgo a los alcaldes locales, a quienes enviará copia de los conceptos emitidos y prohibe en esos sectores la construcción de inmuebles y la prestación de los servicios públicos.

Pero no ha sido exactamente el contenido de la norma lo que ha tenido una incidencia negativa en los trámites de las licencias.

Más aun, la previsión es necesaria y tiene sus antecedentes en el Artículo 56 de la Ley de Reforma Urbana, que ordenó a los alcaldes levantar y mantener actualizado un inventario de las zonas de alto riesgo, por ser inundables o sujetas a derrumbes o deslizamientos, o que de otra forma presenten condiciones insalubres para la vivienda.

Por esa razón, hasta cuando empezó a regir el Decreto 657, la aprobación de los proyectos se sujetaba a un estudio previo de las empresas de servicios públicos y, de manera especial, del Departamento de Planeación Distrital (DAPD) que verificaba las zonas de riesgo en los planos y estudios elaborado con Ingeominas, para cumplir con las exigencias del Código de Construcciones Sismorresistentes.

Como sucede con frecuencia, el Decreto 657 fue expedido sin tener en cuenta que existía una infraestructura adecuada que permitiría a la Opes y al DAPD la aplicación eficaz y eficiente de las disposiciones contenidas en la norma.

En primer término, se desconoce que la Alcaldía por medio de la Opes u otra de sus dependencias haya cumplido con su obligación de definir previamente las zonas de riesgo y de efectuar los estudios técnicos.

Eso ha ocasionado que cuando Planeación envía las solicitudes a la Opes para los conceptos técnicos, en muchos casos no se haya obtenido respuesta y en otros, como sucede actualmente, se pronuncien después de mucho tiempo, por demás, de manera deficiente e insegura.

Por el momento, se remiten las solicitudes relacionadas con licencias de urbanismo y gran parte de las de construcción, según los sectores, critererios y listados de la Opes.

Lo cierto es que el decreto no está cumpliendo su finalidad y, contrario a lo que se pretendió, el efecto que produce actualmente es la demora injustificada en la expedición de las licencias.

El Decreto 600 de 1993 fijó el término de sesenta días hábiles para la expedición de las licencias de urbanismo y treinta para las de construcción.

La Ley 9a. de 1989 establece que se producirá el silencio administrativo positivo, es decir que se entenderá aceptada la solicitud de licencia, cuando transcurridos noventa días hábiles, la entidad no se haya pronunciado. En ese caso, los funcionarios responsables serán sancionados.

Si no se corrige em for,a inmediata esa situación ni se logra la coordinación entre la Opes y el DAPD, no solo quedará en buenos propósitos el deseo de la Administración de crear unos mecanismos para la aplicación de la Ley 9a. de 1989, sino que también serán muchas las acciones de tutela que tendrá que afrontar Planeación Distrital por violación del debido proceso.

Por último, los perjuicios económicos que inicialmente incidirán en los constructores, los deberán soportar los adquirientes de vivienda y de inmuebles con otros usos, ya que todo se reflejará en el encarecimiento de los mismos y en contra de las políticas sociales del Gobierno nacional.