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PLAN DE APOYO A DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA

Las regiones del Alto Sinú parecen pueblos desolados. En Batata, corregimiento de Tierralta (Córdoba), sólo han quedado tres familias porque el resto de habitantes huyeron despavoridas hacia las cabeceras de Tierralta, Valencia y Montería (Córdoba) y San Antonio de Palmito y Tolú (Sucre).

12 de mayo 1995 , 12:00 a.m.

Entre tanto, en Algodoncillo, corregimiento de San Antonio de Palmito, donde están hacinados 230 indígenas que huyeron de la zona de Urabá, la situación sanitaria se ha agudizado por brote de varicela, diarreas, enfermedades gastrointestinales y bronco respiratorias.

Para hacer frente a la problemática generada por el desplazamiento forzoso de centenares de familias a Córdoba, el comité interinstitucional, del que forman parte las autoridades militares, de policía, eclesiásticas, los alcaldes de Tierralta, Valencia y Montería, acordó poner en marcha medidas a corto, mediano y largo plazo.

Entre las medidas figuran: convocar extraordinariamente el Comité Departamental de Emergencia; coordinar acciones tendientes a mitigar las dificultades por las que atraviesan los desplazados, consiguiendo drogas, alimentos, ropas y carpas; integrar un comité que se encargará de elaborar un proyecto especial de soluciones a fin de presentarlo a consideración del Gobierno nacional.

Además, mantener la presencia de las autoridades militares en las zonas de conflicto con el propósito de garantizar el retorno de los campesinos desplazados; realizar acciones cívico-militares y brigadas médicas permanentes en los lugares más afectados; y, adoptar medidas de control al porte de armas y fuego y circulación de vehículos con vidrios polarizados.

El comandante (e) de la XI Brigada, coronel Fabio Bedoya Correa, anunció una acción redoblada de las autoridades militares que operan en Córdoba, contra la subversión y grupos de justicia privada.

Dijo que en algunos lugares de Valencia han sido evitados los éxodos campesinos con la presencia de las unidades militares garantizándole a la población civil la integridad personal de los habitantes de esa región.

Según el informe del sacerdote Gustavo Jiménez, párroco del alto Sinú, con sede en Tierralta, la población más afectada por el éxodo forzoso es Batata (Tierralta), donde sólo quedan tres familias.

Por otra parte, los desplazados que están en Sucre también tienen problemas porque hay escasez de alimentos, pues la reserva de yuca que tenían se agotó con la llegada de 700 personas de Necoclí.