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EMPRESAS PÚBLICAS DE VILLAVO, UN SACO ROTO

No hay controles para evitar las fugas de dineros recaudados para la prestación de los servicios públicos, y se desconoce el número usuarios, el patrimonio, los costos y los ingresos mensuales. Estos son los cueros al sol que comenzaron a salir cuando la Alcaldía de Villavicencio pidió ante el Concejo la liquidación de las Empresas Públicas (EPV).

12 de mayo 1995 , 12:00 a.m.

La discusión entre la administración municipal, los concejales y el sindicato de las Empresas terminó en el acuerdo de iniciar una transformación.

Pero el debate sirvió para conocer secretos y circunstancias que perjudican a la entidad. Se supo, por ejemplo, que los servicios se facturan con un sistema tarifario desactualizado y no hay planes de mantenimiento ni de detección de fugas en la red, por lo cual el acueducto es usado por urbanizaciones que no pagan un sólo centavo.

La EPV tiene deudas por 6.757 millones de pesos, de los cuales 4.167 millones son por consumo de energía y 1.460 millones por prestaciones sociales.

Y como si fuera poco, esa institución no ha reclamado los 3.000 millones de pesos que hace seis meses la Asamblea Departamental apropió para pagar parte de una deuda contraida con la Empresa de Energía del Meta. Ese dinero, según los concejales, le permitiría a las Empresas Municipales subsanar en parte la crisis financiera.

Inicialmente la Alcaldía planteó la liquidación de la EPV, pero los concejales se opusieron a la idea pues el municipio debía pagar más de 2.000 millones de pesos en indemnizaciones a los empleados.

El concejal Marco Alfredo Galeano anotó que la Empresa no tiene una contabilidad confiable, ya que en ella no se incluyen los terrenos, las plazas de mercado, estaciones de bombeo, planta de tratamiento, redes, vehículos y equipos de oficina. Además, se considera como inversión el consumo de energía de la estaciones de bombeo y la compra de productos químicos.

Según Gustavo Rojas Reyes, gerente de Empresas Públicas de Villavicencio, el proyecto de liquidación de la entidad está respaldado en los estatutos de constitución de la empresa, los cuales exigen liquidar en el momento que se pierda más del 50 por ciento del valor de los activos, que para la EPV fueron calculados en 1.200 millones de pesos. Las deudas superan los 6.000 millones.

Las opciones Tras el debate en el cabildo se concluyó que era necesario iniciar una reestructuración de la entidad. Las opciones están entre una empresa industrial y comercial del Estado, y otra por una sociedad accionaria.

Rojas Reyes aseguró que la decisión debe ser concertada entre la administración municipal, el Concejo, los empleados, los gremios y la comunidad. Cualquiera de las dos formas de cambio en la EPV (liquidación o transformación) exige indemnizar a los empleados que sean retirados de la empresa , dijo.

Por otro lado, la organización sindical señalada también como responsable en los problemas de la EPV, se mostró de acuerdo con una profunda transformación.

En un informe que el Sindicato presentó ante el cabildo municipal, se denuncia que algunos líderes políticos, funcionarios y empresas privadas están contribuyendo con el desangre de la entidad. Según ese documento, todos los meses la Empresa asume la carga laboral de 50 supernumerarios.

La organización de trabajadores sugirió a la administración municipal actualizar el catastro y las redes, realizar un programa de instalación de micromedidores y un plan preventivo y de mantenimiento de redes. Igualmente, pidió sistematizar el departamento comercial y la contabilidad de la empresa.

Igualmente, apoyó la ejecución de un censo de usuarios, la implementación de controles técnicos en la instalación de las redes, y la contratación con una firma especializada de la actualización de los activos.