Archivo

NARCODEMOCRACIA

La palabra resulta indignante. Aplicada por el renombrado senador Helms, es como una bofetada en el rostro. El congresista norteamericano la esgrime con saña, en forma ofensiva y generalizante, como si el país entero estuviese dominado por la mafia y su dinero podrido. Pide que se sancione a Colombia como si todos en este país perteneciésemos a los carteles, sin consideración por el daño que se causaría a los no culpables, inmensa mayoría de la nación, gente de empresa y de trabajo.

12 de mayo 1995 , 12:00 a.m.

Sin embargo, no todo en la desorbitada postura del senador es injusto. Los hallazgos del Bloque de Búsqueda de las Fuerzas Armadas han puesto en manos del Fiscal General de la Nación pruebas sobrecogedoras. Los dineros de la mafia han sustentado campañas políticas en medida aún no precisada. La sensación hasta el momento, es la de que el Fiscal apenas ha puesto el dedo en la llaga, pero que falta penetrar en lo profundo para hallar la verdadera dimensión del mal.

Tales hallazgos, que señalan una vasta utilización de fondos de origen equívoco, cuando no manifiestamente criminal, al ser proyectados al mundo exterior sirven para construir la distorsionada figura de narcodemocracia, tan cara al senador Helms. Porque si las primeras averiguaciones comprometen a un importante grupo de senadores, la generalización se hace fácil: el parlamento colombiano se nutre con dineros oscuros.

Si a lo anterior se agregan los narcocasetes y el escándalo precipitado como se publicaron, la figura cobra solidez. No importa que allí no se pruebe nada contra las campañas presidenciales. Los diálogos grabados constituyen un esfuerzo de los narcotraficantes para situar fondos de apoyo que luego permitieran obtener ventajas o, al menos, actitud complaciente hacia el cartel que lo intentaba por el candidato que resultara triunfante. Pero no hay indicios de que las ofertas hubiesen sido aceptadas. Sin embargo, el mal se causó.

Agrava la situación el hecho de que al lado del narcotráfico y su enorme poder corruptor, se registre deterioro dramático de la moral pública que se adentra en meandros putrefactos por el organismo del Estado. Revelaciones del Contralor General de la Nación señalan que anualmente se fugan a manos de los corruptos 2.1 billones de pesos del erario público. El dato resulta estremecedor. Y desmoralizante. Para el ciudadano honesto que paga impuestos con grandes esfuerzos, saber que con el fruto de los mismos se enriquecen funcionarios venales y entidades privadas de mala ley en componendas repudiables, significa perder la fe en la autoridad y crear agudo escepticismo que luego se traduce en la desalentadora ausencia de las urnas.

El observador extranjero identifica la corrupción administrativa con la que genera el narcotráfico. Se advierte una mezcolanza deletérea, en la que la mafia desempeña el papel dominante por ser más identificable, de tal suerte que todo lo malo que ocurre en Colombia se atribuye al negocio de la droga, robusteciendo la idea de narcodemocracia.

No es de extrañar entonces que el congresista gringo, predispuesto por una ojeriza visceral hacia Colombia, halle argumentos para pregonar la imagen de narcodemocracia. Imagen en la cual no hallan contrapeso las realizaciones positivas en una lucha que Colombia libra solitaria a nombre de la humanidad. Los laboratorios de procesamiento y los miles de hectáreas de cultivos destruidos, el gradual desmantelamiento de las redes de apoyo financiero de la mafia, la acción valiente y decidida del Fiscal y de la Fuerza Pública, los hallazgos del Bloque de Búsqueda, en nada alteran la figura abominable de la narcodemocracia que inspira las andanadas del senador contra Colombia.

De la corrupción, cualquiera sea su origen, debe sacudirse el país para limpiar su cara ante el mundo. Al Fiscal hay que apoyarlo en su empeño depurador, comenzando por el Congreso, al que no debe mover un equivocado espíritu de cuerpo que se estimaría como complicidad o encubrimiento dentro y fuera del país. Los congresistas honestos, que son muchos, deben ser los más preocupados por restaurar la imagen del cuerpo legislativo. Los cargos estructurados por el Fiscal pasan a la Corte Suprema de Justicia para investigación. Si no hay mérito, se devolverá el crédito y el buen nombre a los implicados. Mientras tanto, que el Fiscal siga cumpliendo su deber con personalidad, coraje y valentía, apoyado por los ciudadanos de bien.