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ES UNA CONFABULACIÓN DE LA MAFIA : IGLESIAS

El oficial de enlace de la Embajada de Venezuela en Colombia negó haber sido protegido por el embajador Abdón Vivas Terán para evadir la orden de captura de la Fiscalía. Enrique Iglesias, requerido desde el lunes en la tarde por cinco presuntos delitos, indicó que no se opone a hacer frente a las autoridades colombianas, pero que espera a que se aclare su situación legal, antes de entregarse.

12 de mayo 1995 , 12:00 a.m.

Este no es el momento para entregarme, porque hay en Colombia una cacería de brujas , dijo.

Alrededor del paradero de Enrique Iglesias, se habían tejido diferentes versiones, sin embargo no sólo está en Caracas sino que según su propia versión, entregada a EL TIEMPO, habría entrado por tierra a Venezuela desde el martes.

Manifestó que no cuenta con el respaldo gubernamental de Venezuela y que todas las acciones que ejerza son de su responsabilidad particular. Es una confabulación en mi contra maquinada por las mafias de los carros robados, expresó.

Los ministros de Justicia y Relaciones Interiores, dijeron desconocer el paradero del funcionario.

Iglesias, como agente de enlace de la Disip (Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención de Venezuela) era el encargado de denunciar ante la Fiscalía el ingreso a Colombia de carros robados en su país. Según el expediente que el organismo investigador tiene en su contra, Iglesias estaría aprovechando su condición para estafar a diferentes personas por sumas entre 3 y 4 millones de pesos.

Los particulares llegaban donde él intentando legalizar sus vehículos, daban un dinero para cubrir la póliza de los seguros en Venezuela pero, al parecer, esas sumas nunca llegaban a manos de las aseguradoras.

Las funciones de Iglesias en la Embajada de Venezuela en Bogotá se iniciaron en septiembre de 1994, cuando el gobierno venezolano inició la primera etapa de una ofensiva jurídica para lograr la recuperación de los vehículos venezolanos que supuestamente circulan en Colombia.

La Disip considera que se le quiere achacar un delito que no cometió, para abortar toda la acción ejercida ante la Fiscalía colombiana para lograr la devolución de los carros robados.

Aseguró que ni la Fiscalía ni el Estado colombiano están interesados en que se apruebe en el Congreso de ese país el Acuerdo sobre recuperación de vehículos robados, por considerar que podría afectar a importantes sectores de Colombia.

No todos los vehículos están en manos de parlamentarios y funcionarios gubernamentales, sino además muchos particulares que los utilizan como medio de sustento. Eso es un problema social que se quiere evitar el gobierno colombiano , aseveró.

Iglesias también rechazó las acusaciones en su contra sobre supuesto cobro de 3 ó 4 millones de pesos, a cada ciudadano colombiano que quisiera legalizar la situación de su vehículo. Apuntó que estaba dispuesto a que se investigaran sus cuentas personales y los bienes que posee.

El Gobierno pide pruebas El ministro de Justicia de Venezuela, Rubén Creixems, afirmo que el gobierno colombiano debe presentar pruebas concluyentes contra Iglesias, porque se podría tratar de una represalia de las mafias del robo de vehículos en contra del comisario, quien había hecho 2.500 denuncias sobre carros robados que circulan en Colombia , aseguró Creixems, quien descartó la posibilidad de extraditarlo a Colombia.

A su vez el embajador de Venezuela en Bogotá indicó que solicitará los recaudos necesarios ante la Fiscalía colombiana, donde se fundamente la presunta vinculación de Iglesias con la mafia binacional de traficantes de carros robados.

En Caracas no descartan que la mafia de carros robados este pasando factura por sus investigaciones , aunque tampoco se subestima la veracidad de las acusaciones hechas en la capital colombiana contra Iglesias.

En tal sentido, el ministro de Relaciones Interiores, Ramón Escovar Salom, anunció a la salida del Palacio de Miraflores, que había ordenado una averiguación sobre las denuncias hechas por las autoridades colombianas.

Yo no me voy a anticipar a los acontecimientos. Lo primero que hice fue ordenar que se investiguen los hechos a ver en qué consisten, porque el gobierno venezolano no se puede anticipar a dar una opinión sobre algo que desconoce , manifestó Escovar.

Y recalcó que aún las autoridades colombianas no han notificado por los canales oficiales sobre la orden de captura contra Iglesias. Ese funcionario, por otra parte, no pertenece a ninguna oficina de la Disip en Bogotá, puesto que no existe una dependencia de ese tipo. El ha venido trabajando con la Embajada , comentó el ministro Escovar, al indicar que también había pedido un informe para determinar si Iglesias esta a las ordenes de la Disip o si está adscrito a la Cancillería venezolana.

Extraoficialmente se supo que el gobierno venezolano utilizará el incidente con Iglesias para presionar la entrega de Larry Tovar Acuña, quien se encuentra detenido en una cárcel colombiana, y sobre quien pesa una petición de extradición a Venezuela desde el año pasado.