Archivo

PRIMÓ LA INTENCIÓN DE SEPARARME DEL CARGO

El ex fiscal General de la Nación, Gustavo de Greiff, rompió ayer su silencio sobre el fallo del Consejo de Estado a través del cual anuló el acta de la Corte Suprema que determinó su retiro del cargo por haber llegado a los 65 años o edad de retiro forzoso.

10 de mayo 1995 , 12:00 a.m.

Dijo que no pedirá indemnización e indicó que mi decisión es la de limitarme a la satisfacción moral que representa la sentencia del Consejo y dejar que otros, los competentes para ello, determinen, con prescindencia de mi nombre, quién es o quién debe desempeñar el altísimo y ponderoso cargo de Fiscal .

De Greiff dice que en la decisión tomada por la Corte Suprema no se tuvieron en cuenta razones estrictamente legales , y denunció que todos los pasos de esta determinación fueron en su momento desusadamente apresurados.

A través de un comunicado, De Greiff -actual embajador de Colombia en México- dijo que en los últimos tiempos el país y sus instituciones han sido colocadas, por presiones externas y complacencia interna, en circunstancias que hacen que las decisiones que deben tomarse en materia de lucha contra el narcotráfico no obedezcan a sus más altas conveniencias sino a los dictados de otros intereses .

El siguiente es el texto del comunicado: (...)La sentencia me llena de satisfacción y confirma mi convencimiento acerca de la independencia con que debe obrar la rama jurisdiccional del poder público, característica esencial de cualquier democracia vital.

No obstante que siempre consideré que al Fiscal General de la Nación no le era aplicable la disposición sobre retiro por edad, no quise que se llegara a pensar que deseaba aferrarme a una posición tan importante y de tan delicadas funciones, si quienes me habían nombrado pensaban lo contrario y de ahí que hubiera sometido a la H. Corte Suprema de Justicia lo pertinente. Cuando la mayoría de sus magistrados consideraron que sí se me aplicaba la previsión, la acaté con el respeto debido. Hoy, cuando el H. Consejo de Estado, que en este campo tiene la última palabra, decide anular lo hecho por la mayoría de los magistrados de la Corte, recibo con el mismo respeto el pronunciamiento y me complace registrar que no estaba equivocado en la consideración sobre la tesis jurídica aplicable al caso.

Debo decir ahora que al adoptarse aquella determinación, me pareció y me parece que no se tuvieron en cuenta razones estrictamente legales y que privó una desusada intención de separarme del cargo. La forma como se comunicó la decisión, ahora anulada, al entonces Presidente de la República, el afán porque ello se hiciera a la mayor brevedad, el acogimiento presuroso que éste le dio a la comunicación del señor Presidente de la Corte y todo lo que siguió de ahí en adelante me confirman en esta apreciación.

En los últimos tiempos el país y sus instituciones han sido colocadas, por presiones externas y complacencia interna, en circunstancias que hacen que las decisiones que deben tomarse en materia de lucha contra el narcotráfico no obedezcan a sus más altas conveniencias sino a los dictados de otros intereses y a los de quienes quisieron complacer las pretensiones antes mencionadas.

Gobiernos anteriores al actual concibieron la llamada política de acogimiento a la justicia como una eficaz herramienta en esa lucha. Yo creo firmemente en dicha política y estoy convencido que el país recibió beneficios inmensos con su aplicación; para esto me basta pensar en las vidas de seres inocentes que se salvaron, en lo que cuesta en otras vidas y en dinero la persecución de quienes deseen entregarse a la justicia y en la acción deletérea de la corrupción que se interrumpe.

De la misma manera pienso que para el país es más conveniente tratar de terminar cosa difícil, o de disminuir algo más probable, el fenómeno nefasto del narcotráfico y para ello esa política de acogimiento a la justicia fue y todavía lo es, un instrumento adecuado. Algún día la historia mostrará cómo esto estuvo a punto de lograrse y cómo se frustró, y en cambio se alegó, con falsedad e insidia, que lo que se pretendía era favorecer con la impunidad a quienes han transgredido las leyes.

Estoy convencido que ni intelectual ni moralmente se justifica una política criminal que sólo le ofrezca a la sociedad construir más cárceles para meter en ella por más tiempo a más gente y, como es natural, a esa clase de empeños me repugnaría matricularme. No es que sea un idealista que sí lo soy, alejado de la realidad que no lo estoy, sino que creo que quienes participamos en la conducción de una sociedad hacia mejores estadios no podemos ni debemos aplicar sólo soluciones policivas o militaristas sino que debemos concebir políticas que logren un balance adecuado entre la disuasión, el castigo y la regeneración.

Dada la resistencia creada, dentro y fuera de Colombia, a esta política lo cual haría difícil su aplicación y le acarrearía dificultades al país en el campo internacional, y como es natural tengo la obligación de evitarle, y a pesar de que considero equivocadas las posiciones contrarias a mis principios, mi decisión es la de limitarme a la satisfacción moral que representa la sentencia dictada por el H. Consejo de Estado y dejar que otros, los competentes para ello, determinen, con prescindencia de mi nombre, quien es o quién debe desempeñar el altísimo y ponderoso cargo de Fiscal General de la Nación. De otra parte, creo que el país me conoce y comprende que jamás pretendería obtener una indemnización con fundamento en dicha providencia.

Gustavo de Greiff México, 9 de mayo