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PLATA DE CELULAR IRÍA A MUNICIPIOS

La difícil situación económica que atraviesan varios de los 1.050 municipios del país, quedó ayer a punto de ser solucionada.Sin embargo, sobre esta cifra aún no existe un acuerdo, ya que el propio Ministerio de Hacienda disiente de este estimativo, y considera que el verdadero recaudo ascendió a la suma de 472 mil 797 millones de pesos.

10 de mayo 1995 , 12:00 a.m.

Además, argumenta que este recaudo tiene el carácter de extraordinario, porque no estaba previsto en la Ley de Presupuesto de 1994.

De todas maneras, el Ministerio Público considera que los recursos percibidos por los contratos de telefonía móvil celular, son ingresos corrientes y que esos rubros debieron incluirse en el presupuesto del 94, para repartirlos entre las entidades territoriales como participación por transferencias de los dineros de la Nación y de situado fiscal.

Y ante la controversia por la cifra real recaudada, la Procuraduría cree que el Gobierno Nacional debe precisar el monto de los recursos percibidos y reaforar ese rubro a los ingresos corrientes de la Nación, para hacer el reparto entre los municipios.

Según el Procurador, Orlando Vásquez Velásquez, estas partidas fueron incluidas en forma indebida en el rubro denominado otros recursos de capital del presupuesto de 1995 , lo que configura una violación a la Constitución.

Bajo estos argumentos, el procurador, Orlando Vásquez Velásquez, le pidió a la Corte declarar inexequible el numeral 2.7 del artículo 1o de la Ley 168 de 1994, o ley anual del presupuesto de 1995.

La inconstitucionalidad apunta específicamente a los cómputos que correspondan a la suma percibida en 1994, con ocasión de la prestación de este servicio en el país -telefonía móvil celular- y no a toda la ley de presupuesto.

Si la Corte decide acoger la solicitud del Ministerio Público, el procedimiento a seguir es que el Gobierno presente ante el Congreso de la República un proyecto de ley, por el cual se adiciona el presupuesto para la vigencia fiscal de este año.

Se violó la Constitución Para el procurador Vásquez Velásquez, lo que sucedió fue que en 1994, el Estado, representado en el Ministro de Comunicaciones, suscribió un contrato de concesión para la prestación del servicio de la telefonía móvil celular. Por concepto de los derechos adjudicados, las firmas favorecidas le pagaron a la Nación cerca de 872 mil millones de pesos. (Las cifras son las que remite la Procuraduría en su concepto a la Corte).

El jefe del Ministerio Público cree que esos recursos se convierten en ingresos corrientes de la Nación, al ser rentas contractuales y que el Gobierno Nacional debió incorporarlos como tales al presupuesto para la vigencia fiscal de 1994, mediante una adición presupuestal.

Sin embargo, sucedió que el Gobierno los incorporó como recursos de capital o rentas extraordinarias, desconociendo el carácter contractual de esos dineros.

En su escrito de defensa, el Ministerio de Hacienda afirmó que las rentas contractuales obtenidas por la concesión del servicio de telefonía móvil celular, fueron distribuidas por el Gobierno, con el visto bueno del Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes.

Con autorización o no, y en atención a que los ingresos no se contabilizaron en el presupuesto, la destinación final de los dineros fue: para financiar proyectos de inversión, para la Corporación Nasa Kiwe, creada en junio del año pasado para los damnificados de la tragedia del Río Páez, en el Cauca y el resto para el plan de telefonía social.

En el concepto remitido ayer a la Corte, el Procurador señala que al cometer esa omisión, el Gobierno desconoció en forma flagrante la Constitución, que en su artículo 362 señala que las rentas contractuales no tributarias le pertenecen exclusivamente a las entidades territoriales.

Pero, además, Vásquez Velásquez recuerda los artículos 356 y 357 de la Carta, que dice que la entidades territoriales tienen derecho a participar en los ingresos corrientes de la Nación.

Sin embargo, la Procuraduría cree que ese derecho pudo ser burlado por la decisión del Gobierno, que transfirió los recursos provenientes de la telefonía móvil celular en fines diferentes a los provistos por la Carta.

Se burlarían ingresos La petición de inconstitucionalidad por parte de la Procuraduría surgió a raíz de una demanda contra el artículo 1o de la Ley 168 de 1994, que decretó el presupuesto para la vigencia fiscal de 1995.

En el caso específico de la norma impugnada, los demandantes, Jorge Child y otros, señalan que en el numeral 2.7 se incorporaron los recursos antes mencionados, cuando debieron incluirse como recursos corrientes.

Según el Procurador, cuando se tramitó la Ley 168 de 1994, estaba vigente el artículo 20 de la Ley 38 de 1989, o Ley Orgánica del Presupuesto, que taxativamente catalogaba como ingresos corrientes de la Nación a las rentas percibidas por la firma de contratos.

No obstante, y en virtud de la nueva Ley Orgánica del Presupuesto -Ley 179 de 1994-, el artículo 67 ordenó suprimir las referencias a las rentas contractuales. Según Vásquez Velásquez, esta fue la norma que alegó el Ministro de Hacienda para justificar el cambio de destinación de esos recursos provenientes de la telefonía móvil celular.

Al Procurador le preocupa que el Gobierno haya entendido que al suprimir las referencias a las rentas contractuales, se le otorgó la potestad absoluta para calificar cuándo una renta constituye ingreso corriente nacional o cuándo no.

Según el funcionario, si esto sucede, podrían verse burlados los ingresos de las entidades territoriales que le corresponden por mandato de la Constitución. De todas maneras, la Corte Constitucional tiene en sus manos aliviar la crisis económica de los municipios.