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ORDENAMIENTO TERRITORIAL

En reciente artículo en EL TIEMPO, el senador Juan M. Caicedo Ferrer sostiene que el proyecto de ley orgánica territorial presentado al Congreso por el Gobierno Nacional -cuyos ponentes, coordinados por el senador Mario Uribe, lo están trabajando con ejemplar diligencia- es inoportuno e inconveniente. Tiene sus temores que, por fin, se han hecho públicos. En efecto, cree el senador que el proyecto sería un factor de distracción ante prioridades de mayor urgencia y que tiende a fortalecer diferencias regionales. Lo compara a construir un segundo piso sin tener firme el primero, que sería la descentralización. Sostiene que se ignoran los costos de las nuevas entidades. Y de paso se suma a la campaña de ir desconociendo los mandatos de la Constitución de 1991.

09 de mayo 1995 , 12:00 a.m.

Por fortuna, el pueblo colombiano ha venido estudiando este tema en múltiples formas desde hace un tiempo. Parece estar mejor preparado para dar los pasos necesarios en este campo, con serenidad y confianza, que como lo creen algunos políticos. De modo que, para rebatir cada uno de los cinco argumentos principales del senador Caicedo, recordemos lo siguiente: 1. Un proyecto es oportuno cuando ha esperado suficiente tiempo para madurar y expresarse de manera articulada con el fin de satisfacer aspiraciones colectivas. Sobre reordenamiento del territorio se han represado justas aspiraciones locales y regionales, como las de los indígenas y las de secciones olvidadas, muchas de ellas en la Costa Atlántica, que han venido pidiendo autonomía y acceso a recursos. La nueva ley abre la puerta para satisfacer tales demandas de manera constructiva.

2. Un proyecto es conveniente cuando ayuda a resolver problemas públicos de gran entidad. La única ley pertinente en este caso, la de 1939, no ha podido arreglar los 19 conflictos por límites entre departamentos y 81 entre municipios que se han venido acumulando peligrosamente. Estos conflictos han estallado en algunas partes y pueden seguir ocurriendo si no se reglamentan pronto sus soluciones, lo que permite el proyecto aludido. Contribuye así a la paz nacional.

3. Las diferencias regionales no se crean con esta ley, ellas vienen con nuestra historia y con nuestras culturas. Un mérito del proyecto estriba en admitirlas y dirigir las energías locales hacia un progreso general que reconozca la interdependencia de las regiones. Lejos de debilitar la unidad nacional, la ley territorial la refuerza al propiciar cercanías entre las normas y la realidad sociogeográfica que nos caracteriza como país.

4. El ordenamiento del territorio no es el segundo piso de la descentralización ni tiene por qué esperar a que esta se cumpla o desarrolle primero. Ambos conceptos son hermanos, nacieron juntos y deben andar juntos y reforzarse simultáneamente, como lo propone la nueva ley. Es una falacia concebirlos por separado.

5. El proyecto de ley fija límites en gastos de funcionamiento y aclara muy bien competencias y recursos, por primera vez. Las provincias dependerán de los municipios interesados, y las regiones de los departamentos y del Fondo Nacional de Regalías. La ley propuesta no causa erogaciones ni crea burocracias extravagantes. En cambio, racionaliza servicios públicos y rebaja sus costos al inducir economías de escala.

Según informes recibidos y a juzgar por las muchas giras realizadas para explicarlo, el mapa del Secretario General de la COT, publicado con sus referencias técnicas, de archivo y de método en el boletín 29, no ha creado ningún desconcierto en los distintos sectores de la población donde se ha discutido y estudiado. Al contrario: se ha convertido en punto de referencia útil para expresar conceptos a favor o en contra, antes reprimidos o camuflados, ayuda a aclararlos y a orientar decisiones políticas sanas. Es obvio que la distribución territorial que muestra el mapa no puede imponerse sobre la voluntad propia del pueblo que va a decidirla. Se emplea ante todo como elemento pedagógico y para estimular un debate que, como puede verse, sigue siendo necesario.

Convendría al senador Caicedo conocer el importante trabajo realizado el año pasado por el Grupo Técnico Conjunto COT-Congreso, que se entregó al presidente de la comisión senatorial doctor Aurelio Iragorri, con el aplauso general. Las preguntas y aspectos discutibles de su artículo están absueltos en dicho documento, preparado por asesores y expertos respetables del propio Congreso, y del Colegio de Altos Estudios de Quirama (Antioquia), entre otros.

A diferencia de iniciativas legislativas apresuradas, el proyecto de ley territorial ha llegado al Senado con el respaldo de numerosos estudios, talleres, simposios y debates que tomaron cuatro años. Ellos se efectuaron en todo el país. Claro que el texto puede mejorarse. Pero uno juzgaría que ya se ganó suficiente madurez como para tratar el asunto con seriedad, colocando intereses generales por encima de los particulares. Si no se discute y avanza en la actual legislatura, como lo espera el Gobierno, me temo que ocurrirán justificadas reacciones, incidentes y protestas. Por eso, la Constitución de 1991 y su Título XI, que trata de estas materias, se deben seguir cumpliendo y desarrollando sin pausa, para bien del país y su mejor futuro.

* (Profesor emérito, Universidad Nacional).