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PRESENTAN PROYECTO PARA CONTROLAR ZONAS DE RIESGO

En el Concejo de Bogotá cursa un proyecto de acuerdo en el que se reviven una serie de normas para evitar que las familias humildes vivan en zonas de alto riesgo y se presenten tragedias como la ocurrida hace algunas semanas en Usaquén.

08 de mayo 1995 , 12:00 a.m.

Los concejales liberales Dimas Rincón y Jorge Durán dividen la iniciativa en varios temas que van desde reubicación de las comunidades que viven en zonas de alto riesgo, hasta la elaboración de un inventario de los sectores en donde es imposible, por su peligrosidad, desarrollar una urbanización.

En el texto se ordena que la administración Distrital diseñe un plan que, en primera instancia, se basaría en la recolección de información, investigación, diagnóstico y evaluación con el fin de regular los usos de la tierra.

Una vez con ese plan, la administración determinará los sitios en donde se prohibe el adelantamiento de construcciones y ocupaciones y la prestación o aprobación de servicios domiciliarios a cargo del ente territorial y sus entidades descentralizadas en aquellas zonas o áreas que se lleguen a determinar como de riesgo o peligro para sus habitantes , dice el documento.

Así mismo señala que las siguientes entidades se abstendrán de otorgar cualquier permiso o autorización para desarrollos urbanísticos, construcciones, asentamientos u ocupaciones : Departamento Administración de Planeación Distrital (DAPD), Departamento Administrativo del Medio Ambiente (Dama), Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y el Departamento de Atención y Prevención de Desastres.

El proyecto también señala que al Distrito le queda prohibido el suministro de servicios públicos básicos, tanto domiciliarios como públicos , es decir, no se podrán extender redes de energía, gas, acueducto, alcantarillado o teléfono, ni construir vías.

La administración deberá actualizar el inventario de zonas de alto riesgo e informará a las comunidades sobre el proyecto de acuerdo.

El proyecto también prevé que la administración adelante diversas acciones en aquellos sitios que son zonas de alto riesgo pero que están habitados.

La administración adelantará oficiosamente un programa de habilitación en aquellas áreas que se encuentran amenazas por situaciones de riesgo.

Le da un plazo de dos meses al Distrito para que se den a conocer las áreas en donde se realizarán programas de habilitación.

La iniciativa también establece sanciones para los funcionarios que no cumplan con lo dispuesto en la iniciativa.