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DESINVESTIDURA, MUERTE POLÍTICA PARA CONCEJALES

El concejal que pierda su investidura queda virtualmente muerto políticamente .

08 de mayo 1995 , 12:00 a.m.

Se trata de una sanción, dijo el Tribunal de Cundinamarca, que no tiene ninguna apelación, ni siquiera ante el Consejo de Estado.

En criterio del Tribunal, las decisiones que la corporación adopte en esta materia no tienen apelación, pues así lo estableció el Congreso de la República.

Según el Tribunal, además, es a la Sección Primera de esa corporación a la que le corresponde determinar cuándo un concejal puede perder o no su investidura.

Así se desprende del fallo a través del cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca despojó de su investidura a los concejales de Quetame (Cundinamarca), Oromario Rojas Cuéllar y Julio César Gutiérrez.

Como lo informó EL TIEMPO, la Sección Primera de la corporación despojó de su investidura a los dos concejales, que se desempeñan como educadores del municipio y por lo tanto conservan su calidad de empleados oficiales.

En su criterio, la calidad de empleados oficiales de los maestros, les impide desempeñarse en un cargo de elección popular.

Los consejeros de Estado están de acuerdo con el fallo del Tribunal, en el sentido de que las pérdidas de investidura de los concejales no tienen apelación.

Según el demandante, Efrén Rojas Pérez, los maestros no podían desempeñarse como concejales, por cuanto estaban vinculados laboralmente a un cargo público y violaron el régimen de inhabilidades para ser elegidos y actuar como concejales.

El proceso Los concejales desinvestidos alegaron la inconstitucionalidad de las normas argumentando que, en su condición de educadores, estaban sujetos a un régimen especial.

Sin embargo, la corporación, con ponencia de la magistrada Beatriz Martínez Quintero, aclaró que si bien los docentes son servidores públicos de régimen especial, ello no excluye las causales de incompatibilidad.

Así mismo, el Tribunal desechó el argumento de los ex concejales, en el sentido de que la Sección Primera era incompetente para llevar a cabo el proceso de desinvestidura.

En opinión de los magistrados, de acuerdo con el Artículo 55 de la Ley 134 de 1994, esa corporación es la llamada a sumir la competencia de estos casos y adoptar las respectivas decisiones.

Tampoco los consejeros Así, explica el fallo, como ni siquiera el Consejo de Estado asume el conocimiento y decisión de este tipo de procesos, no hay vicio de incompetencia que afecte la nulidad del proceso.

Los concejales de Quetame afectados con la decisión del Tribunal, Rojas Cuéllar y Gutiérrez Ríos, se desempeñan actualmente como docentes en la Normal Departamental Nacionalizada Santa Teresita y Concentración Lactor-Escuela Afiliada a Quetame, respectivamente.

A su vez, ejercían sus labores como concejales, luego de ser elegidos el 30 de octubre del año pasado para el período 1995-97.

Para la Sala es claro -dijo el Tribunal- que tanto el mandado constitucional como el legal señalan que quien incumpla la prohibición de ejercer una función pública o de vincularse como trabajador oficial, perderá su investidura.

Explica que la Constitución señala en el Artículo 291 que los miembros de las corporaciones públicas de las entidades territoriales no podrán aceptar cargo alguno en la administración pública, y si lo hicieren perderán su investidura , mientras que la Ley 136 estipula la imposibilidad de vincularse como trabajador oficial o contratista.

Además, aclara el fallo, no es viable que por el hecho de permitirse a los servidores del Estado la participación en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas, se entienda también una extensión al ejercicio o desempeño de otro cargo perteneciente a la administración pública cuando ya se tiene el de servidor público, como en el caso de los concejales.