Archivo

PEDIRÁN MÁS PRUEBAS CONTRA CONGRESISTAS

La investigación iniciada contra un grupo de congresistas por supuestos nexos con el narcotráfico entrará esta semana finalmente en una fase crucial.

08 de mayo 1995 , 12:00 a.m.

Los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenarán la práctica de nuevas pruebas dentro del proceso contra ocho congresistas y un ex parlamentario liberales, señalados por la Fiscalía General de la Nación como presuntos responsables de delitos de enriquecimiento ilícito y testaferrato.

Con esta decisión lo que se busca es allegar más elementos al proceso y precisar, en cada caso, cuál fue la actuación de los dirigentes políticos , explicó un jurista.

A su vez, los integrantes de la Sala Penal consideran seriamente la posibilidad de llamar, desde esta semana, a testigos claves a fin de consolidar la investigación.

Para iniciar el estudio de estos procesos y en una primera calificación, la Sala Penal de la Corte radicó bajo el presunto delito de testaferrato todas las diligencias remitidas por la Fiscalía.

Sin embargo, esta primera calificación del delito es provisional y por ahora no tendrá carácter vinculante para ninguno de los implicados.

Si cumplida la investigación preliminar -etapa en que se encuentran los documentos que entregó la Fiscalía y cuya duración podría tardar dos meses-, la Corte encuentra que las pruebas configuran un delito diferente, los congresistas y el ex parlamentario podrían ser investigados y juzgados definitivamente por esa nueva conducta.

Los procesos Esta primera calificación del presunto delito de testaferrato, atribuido por la Corte a los congresistas y al ex parlamentario, fue presentada ante la Sala Penal por cada uno de los magistrados ponentes.

Con todo, el magistrado Ricardo Calvete deberá estudiar las pruebas en la diligencia contra el representante a la Cámara, Rodrigo Garavito -radicada con el número 10467-.

Bajo el número 10468, quedaron registradas las pruebas que la Fiscalía entregó a la Corte en contra de la representante a la Cámara, Ana García de Petchalt. El caso será estudiado por el magistrado Carlos E. Mejía Escobar.

La situación de la senadora, María Florángela Izquierdo de Rodríguez, quedó radicado bajo el expediente número 10469 y será analizado por el magistrado Dídimo Páez Velandia.

El número 10470 correspondió a la diligencia en contra del senador, José Esguerra de la Espriella, cuyas pruebas en su contra serán verificadas por el magistrado Jorge E. Valencia Martínez.

La Sala Penal de la Corte registró bajo el número 10471, las diligencias remitidas por la Fiscalía contra el ex representante a la Cámara, Jaime Lara Arjona. Su caso está en manos del magistrado Guillermo Duque Ruiz.

A su vez, el número de radicación 10472, correspondió al expediente del senador, Armando Holguín Sarria y su caso también será estudiado por el magistrado Carlos E. Mejía Escobar, uno de los dos magistrados a quien por reparto le correspondió estudiar dos diligencias.

Otros expedientes La situación del senador Alberto Santofimio Botero será analizada por el magistrado Guillermo Duque Ruiz, a quien también le correspondieron dos casos -radicación 10473-.

El magistrado Edgar Saavedra Rojas evaluará las diligencias del expediente número 10474, bajo el cual quedaron registradas las evidencias contra el representante a la Cámara, Alvaro Benedetti Vargas.

Mientras que el magistrado Juan Manuel Torres Fresneda, adelantará el expediente contra la representante a la Cámara, Yolima Espinosa Vera -10475-.

Así, el paso a seguir por parte de la Corte será establecer si existe mérito para abrir una investigación penal en contra de cada uno de los implicados.

Estudio previo Una fuente, que pidió reserva, explicó que todos los documentos enviados a la Sala Penal por la Fiscalía recibieron un estudio previo de parte de los magistrados.

El objetivo: hacer la primera calificación de la presunción de delito de testaferrato, atribuida en forma provisional a los congresistas y el ex parlamentario.

Este paso es necesario porque es posible que durante el mismo se encuentren pruebas que les permita a los magistrados ordenar de inmediato, y sin más trámites, la apertura de una investigación penal. Esto no sucedió en este caso particular, dijo la fuente.

Voceros autorizados de la Corte explicaron, a su vez, que por ahora es imposible conocer, de manera individual, cuáles son los cargos formulados a cada congresista. Esto ante el volumen del expediente.