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LE LLEGÓ LA HORA AL CONTRABANDO

Esta semana, los colombianos volvieron a escuchar una noticia que parece un refrito: el Gobierno prepara un plan estratégico para frenar el contrabando. El anuncio lo hizo el lunes el presidente Ernesto Samper, y de inmediato se revivió el más viejo debate de la economía nacional.

07 de mayo 1995 , 12:00 a.m.

Sobre el problema del contrabando y sus posibles soluciones, se viene hablando desde hace más de 40 años, cuando nacieron los ya famosos y prósperos sanandresitos . Cada gobierno ha hecho sus propios diagnósticos y dirigente gremial que se respete ha hecho los suyos y ha presentado un paquete de soluciones. Pero, la verdad, poco o nada se ha logrado. No obstante las buenas intenciones, los estudios han terminado archivados o las medidas han sido tan tímidas que simplemente no han servido.

Cuando se aprobó la apertura económica, con rebaja de aranceles, se dijo que ese sería el principio del fin del contrabando, porque ya no sería rentable. Pero lo que sucedió, según diferentes estudios, es que se le abrió un boquete al contrabando y se estimuló el lavado de dólares.

Aunque nadie sabe a ciencia cierta cuánto mueve este negocio, parece que durante el año pasado entraron al país telas, confecciones, electrodomésticos, productos de cuero, vehículos, repuestos, acero, cervezas, cigarrillos, entre miles de cachivaches, por 2.000 millones de dólares. Son 1,7 billones de pesos de hoy, que equivalen a más de dos veces las ventas del Fondo Nacional del Café y a casi ocho veces las ventas de la primera textilera, Coltejer.

El país está pendiente de las medidas anunciadas, porque las que se han adoptado todavía no han dado los resultados esperados. Se aplicaron precios de referencia para textiles, para evitar que llegaran a precios más bajos; se creó un cuerpo élite entre las Fuerzas Armadas, la Fiscalía y la Dian, del cual poco se conoce, y el 1o. de junio comenzará un nuevo sistema aduanero. Un sistema que estrena las sociedades certificadoras de importaciones, que controlarán cantidad, calidad y precios, y las sociedades de intermediación aduanera, que serán las encargadas de recibir las mercancías y hacer el proceso legal.

Pero el debate va más allá. Como cada día parece más claro que fue un fracaso la fusión de impuestos y aduanas en la Dian, está tomando fuerza la propuesta de dividirla en dos. Y como al Gobierno le llama la atención, bastaría que el Congreso aprobara una ley o le concediera unas facultades extraordinarias (por ejemplo, en la reforma tributaria) para volver a tener una dirección de impuestos y otra de aduanas, con más herramientas frente al contrabando; algunos creen, incluso, que deben revivirse los retenes aduaneros.

Pero hay otra propuesta más polémica: volver a catalogar el contrabando como delito, que desde 1991 empezó a ser una simple contravención. Si bien es cierto que antes era delito y que los juzgados penales aduaneros nunca mostraron resultados, parece que, bien utilizado, ese podría ser uno de los mejores mecanismos para frenar este flagelo. Pero se necesitaría una ley que permita severos castigos a los empresarios dedicados a importaciones ilegales, a los transportadores, los distribuidores y, eventualmente, a los consumidores.

Ahora que el congreso comenzará a debatir la reforma tributaria, sería conveniente que se analizara cuánto está perdiendo el fisco por ese comercio ilegal (Fenalco sostiene que pueden ser 600.000 millones de pesos al año), que se investigue cuántos han perdido sus empleos por este fenómeno (los distribuidores de textiles dicen que en toda la cadena textil han sido despedidas 47.000 personas), y que se determine cuáles sectores necesitan protección especial. Si no se aprovecha el calor de las propuestas, es probable que en los próximos años tengamos que registrar más noticias como el concordato de Acerías Paz del Río o, incluso, el rosario de quiebras de que se habló cuando comenzó la apertura.