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LA GENTE HUYE CON LO QUE TIENE PUESTO

Todos tenían bellas historias para dejar como herencia a sus hijos y a sus nietos.

07 de mayo 1995 , 12:00 a.m.

Ahora, las decenas de miles de campesinos e indios cordobeses desarraigados por razón de la violencia, tienen una sola historia dramática, triste, sobrecogedora.

Como muchos, Adolfino Moreno vivía en la zona rural de Valencia y Tierralta, y como muchos, ahora está hacinado en un cuarto de latas y cartones.

Todo se lo quitó, como a los demás, la guerra sucia entre paramilitares y guerrilleros.

Moreno escupe el nudo que se le atraviesa en la garganta, y habla a borbotones, como evitando que las palabras se le queden adentro en el mar de angustia que tiene por corazón: Eran como las 9 de la noche, y escuchamos el trueno de los disparos. Mis cinco hijos corrieron a la cama donde yo dormía con mi mujer. Después, todo quedó en silencio. Nadie se atrevió a moverse de donde estaba. Así pasamos toda la noche. El miedo nos hacía pensar que todavía estaban por allí... Cuando amaneció, supimos que habían matado a cuatro personas que vivían en una parcela algo distante de la nuestra. La parcela quedó sola, y los animalitos andaban sobre la mesa y sobre la hornilla, buscando qué comer. Nadie supo ni quienes eran los hombres que llegaron, ni cuantos eran...

Una mañana, el compa e Isidro fue a buscar un puñado de sal a donde Julio Moreno, y no encontró a nadie. En el suelo había un pedazo de hamaca, y en el patio una abarca. Se perdió con su familia, y nadie sabe qué les pasó. Solo dejaron sus chocoritos. Más nunca los hemos visto...

Cuando supimos que el señor Guillermo se había ido con lo que tenía en su ventorrillito, entonces sí nos dio miedo. Tomamos algo de arroz sin pilar, y nos salimos para Valencia, con lo que teníamos puesto.

Vivíamos en la región del Achihote, junto con treinta familias. Todos éramos agricultores, y a veces sacábamos algo de madera que vendíamos a gentes que venían de San Juan. En Achihote no quedó nadie. Todos muertos de miedo, salimos en carrera porque nos podían matar...

Las veredas El Guásimo, Palma de Vino, Quebrada del Medio, Mieles, San José del Mulato, Pénjamo, Batata, La Culebra, La Rula, Guadual, El Achihote y Guasimito están abandonadas. Son pueblos fantasmas en donde solo se ve uno que otro animal abandonado. Por allí no hay un solo ser humano de aquellos que durante más de cuarenta años descuajaron montañas y sembraron arroz, yuca, maíz, ñame, plátanos y frutas.

Las epidemias los acosan Los alcaldes de Valencia, Marco Yánez Doria, y Tierralta, Marciano Argel Yánez, dicen que en las dos últimas semanas se incrementaron las dificultades con la llegada de los campesinos que huyen.

Los dos se quejan de que con la migración se ha creado una grave situación, pues ninguno de los dos pueblos estaba preparado para recibir a tanta gente. Según la Secretaría de Gobierno Departamental, la cifra de desplazados hacia estos dos pueblos supera los 2.000, sin incluir los que se han ido a Montería.

Otros informes oficiales indican que sólo en Montería hay 89.430 refugiados, en su gran mayoría hacinados en barrios de invasión. Según el censo, la ciudad tiene 210.000 habitantes.

De esta situación fue informado este sábado el Presidente Ernesto Samper, quien visitó Córdoba durante cuatro horas.

Los problemas se agravan en la medida en que los pueblos no pueden prestarles ayuda alguna a los refugiados.

La mayor concentración de desplazados se encuentra en Tierralta, en los barrios subnormales Nuevo Oriente, Galán, Paraíso, Bula Hoyos, Amaury García y San Carlos. Han llegado de Valencia y la zona limítrofe de Córdoba y Antioquia, y de Urabá.

Miriam Páez Soto, una madre comunitaria de Valencia, dice que consiguió vivienda para 30 personas, pero no tiene con qué darles de comer, y que la mayoría de los niños que huyen están enfermos.

En las últimas horas, en el hospital San José de Tierralta fueron atendidos de urgencia siete niños, entre ellos uno grave, y cuatro ancianos con fiebres, diarreas y desnutrición. Recientemente, el sacerdote Jorge Uribe denunció la muerte de nueve niños, por beber agua en mal estado. También, por hambre y desolación.

Es por la guerra sucia: un sacerdote Miguel Ramos y Petrona Talaigua dicen que aunque mueran de hambre no volverán a su parcela que consiguieron hace 25 años. Tienen mucho miedo. En la vereda dejaron sus cultivos de arroz, maíz, yuca y ñame, algunos animales, y todos los recuerdos.

El viejo Pacho Lara y su mujer, Benita Ramos, tenían una granja, en donde vivían con siete hijos. De allí sacaban madera, que vendían a compradores de San Pedro de Urabá. Ahora sólo tienen la ropa que llevan puesta, su tristeza, y la misma historia de los demás...

Tenemos un mes aquí, sin hacer nada. Los muchachitos están enfermos y llorando, piden comida a cada rato y no hay nada qué darles. Apenas comemos arroz una vez en el día...

Gumercindo Moreno vivía en La Rula, y huyó con los 17 miembros de su familia.

Hoy, todos viven hacinados. En una cama de tijera duermen cinco. Como no caben en el rancho de latas y cartones, algunos tienen que dormir a cielo abierto, con la sola protección de los aleros de palma de las casuchas. Así, llevan cuatro meses.

El sacerdote Gustavo Jiménez remplazó en Alto Sinú al párroco Sergio Restrepo, asesinado en 1989.

Para él, los problemas de orden público en la zona son consecuencia de la guerra sucia entre la guerrilla, por un lado, y los intereses de los ganaderos, con sus grupos de paramilitares, por otro .

Se refiere a los grupos armados, y dice que los paramilitares no son simples autodefensas, sino ejércitos particulares al servicio de los ganaderos, pues no se limitan a defender sus intereses, sino que también atacan, muchas veces a personas inocentes a quienes suponen auxiliares de la guerrilla .

Analistas consideran que los homicidios y los secuestros en el alto Sinú se han multiplicado desde noviembre, lo cual coincide con la reorganización de grupos de autodefensa.

Sin embargo, ningún habitante del alto Sinú se atreve a denunciar la situación ante la Fiscalía o cualquier otra dependencia judicial, porque inmediatamente es fichado . Quienes se han atrevido, han sido amenazados, y han tenido que abandonarlo todo e irse. En Córdoba impera la ley del terror.

El Gobierno seccional busca soluciones Para estudiar el problema, el Gobierno de Córdoba realizará este miércoles un foro con los alcaldes de Tierralta, Valencia y Montería; el obispo, Darío Molina; el obispo de la prelatura del Alto Sinú y Alto San Jorge, Julio César Vidal Ortiz; el Procurador Departamental, Juan Rodríguez Martínez, Defensoría del Pueblo, Incora, Cruz Roja, Dasalud, Bienestar Familiar y Fiscalía Regional.

El gobernador, Carlos Buelvas Aldana, cree que es responsabilidad del gobierno departamental buscar mecanismos que conlleven a plantear propuestas serias y sensatas en escenarios ideales.

Al mismo tiempo demanda la colaboración de los gremios, la Iglesia Católica, las organizaciones no gubernamentales y las asociaciones comunitarias, y dice que es esencial una política sensata para trabajar por la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica, con base tres criterios: - Consolidación de los esfuerzos de robustecimiento a la justicia y la fuerza pública.

- Profundización en el enfoque preventivo y de planeamiento de la seguridad.

- Lucha frontal contra la impunidad, para hacer de la autoridad y el ciudadano un consorcio en la aplicación de la justicia.

Día a día se agudiza el fenómeno De enero a abril, 2.483 cordobeses dejaron todo lo que tenían y huyeron, según Víctor Negrete, del Programa Víctimas de la Violencia de la Red de Solidaridad Social.

La cifra está discriminada así: de los alrededores de San Pedro de Urabá al corregimiento de Guacharacal, en San Carlos, 46 personas; de las veredas y parcelaciones de Tierralta, Santa Fe del Pirú, Osorio, Quebrada del Medio, Palma de Vino, Batata, El Jobo, Pueblo Nuevo, Mieles, Mori y El Guásimo hacia Tierralta, 85 familias (425 personas); de Urabá, Valencia y Tierralta hacia los barrios Cantaclaro (sector el canal), Rancho Grande, Paz de Río y La Palma), en Montería, 100 familias (515 personas), de Urabá hacia Los Córdobas, 54 personas; de Urabá hacia las veredas Morindó Central (Montería) y Morindó Las Mujeres (Puerto Escondido), 60; de las veredas Guadual, Santo Domingo y Mieles, en Valencia, hacia la cabecera de Valencia, 36 familias (163 personas); del resguardo indígena Las Changas-Volao, Necoclí y Turbo, hacia las veredas de Flechas, Molina, Centro Alegre, Sabana Nueva, Sitio Nuevo, Tuchín, Santander de la Cruz, en San Andrés de Sotavento, 500 personas; de Urabá hacia El Hueso, Aserradero y Torrente (municipio de Purísima), 400 indígenas y mestizos.