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DURA PRUEBA PARA LA ÉTICA LIBERAL

El Consejo Etico del liberalismo reexaminaba ayer la situación de 8 congresistas suspendidos de la colectividad, después de que sus nombres aparecieron en el informe remitido por la Fiscalía a la Corte Suprema.

05 de mayo 1995 , 12:00 a.m.

Lo hacía para determinar si era procedente o no levantar la suspensión decretada, como lo pidieron seis de ellos al presentar recursos de reposición.

A la hora de cierre de esta edición, los jueces éticos se reunían en una sesión secreta que se inició a las 3:00 de la tarde.

Antes de decidir de fondo, los ocho miembros del Consejo estudiaban los términos en que se produjo el boletín mediante el cual la Fiscalía anunció hace dos semanas que enviaba a la Corte un acervo probatorio contra los congresistas.

Los suspendidos son los senadores Alberto Santofimio Botero, José Guerra de la Espriella, María Izquierdo de Rodríguez, Armando Holguín Sarria y los representantes Yolima Espinosa, Alvaro Benedetti, Rodrigo Garavito y Ana García de Pechtalt.

También está suspendido el ex parlamentario Jaime Lara Arjona.

Consultas claves Santofimio y la representante Yolima Espinosa fueron los únicos que no presentaron recursos en contra de la decisión. Ambos han anunciado que se atendrán a lo que disponga la convención de su partido, como máxima instancia.

El Consejo consultó a la Fiscalía si el hecho de remitir un informe a la Corte en el que se menciona a los congresistas, equivale a un denuncio penal en contra.

Hasta anoche no habían trascendido los términos de la respuesta del ente acusador.

Según miembros del Consejo, la respuesta sería clave para resolver dudas jurídicas que rondan el caso.

En su informe, la Fiscalía hizo alusión al delito de enriquecimiento ilícito, si bien no precisó si las evidencias contra los congresistas alimentaban la presunción de que ellos hubiesen incurrido en tal conducta.

El Código de Etica del Partido Liberal prevé entre las causales de suspensión de un afiliado el que exista en su contra un denuncio penal por tal delito.

Públicamente, la Fiscalía no ha hecho precisiones, entre otras razones porque la calificación de las conductas presuntamente punibles de los congresistas le corresponde a la Corte Suprema de Justicia.

Como elemento adicional, el Consejo solicitó una transcripción por escrito de una reciente rueda de prensa concedida por el Fiscal Alfonso Valdivieso Sarmiento en la que habló sobre el tema de los congresistas.

En el transcurso de sus deliberaciones, el Consejo solicitó una declaración del secretario general del liberalismo, Luis Prieto Ocampo.

Prieto han sido acusado por algunos de los congresistas de haber calificado públicamente, sin elementos de juicio, su conducta.

Estamos obrando sin premura porque la decisión que se tome aquí puede ser histórica para el partido , declaró durante un receso uno de los consejeros.

Ninguno de los suspendidos acudió a la sede de la Dirección Liberal donde deliberó el órgano de control ético.