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PLAN DE DESARROLLO PASÓ A SANCIÓN PRESIDENCIAL

Con un artículo que advierte que solo se podrá hacer lo que esté financiado, el Congreso le dio ayer luz verde al Plan de Desarrollo, denominado Salto Social.

05 de mayo 1995 , 12:00 a.m.

En un rápido debate, la Cámara evacuó sin mayores tropiezos el más ambicioso programa de la administración Samper, en el campo social, para los próximos cuatro años.

En los próximos días pasará a sanción presidencial para convertirse en ley de la República.

Luego de introducirle modificaciones relacionadas con la ejecución de algunas carreteras y el mantenimiento de Caminos Vecinales como un Fondo de Cofinanciación se le dio luz verde al Plan de Desarrollo, que por primera vez fue objeto de un amplio debate por parte de los gremios, el Consejo Nacional de Planeación y el Parlamento.

Con la aprobación de la iniciativa se da vía libre a la ejecución de recursos por 38,1 billones de pesos que se destinarán en su mayoría en los sectores sociales tales como salud, educación, vivienda, recreación y servicios públicos. Para este rubro se dirigirán 21 billones de pesos (billón: un millón de millones).

Un segundo lugar en la prioridad del Gobierno es el sector de infraestructura teniendo en cuenta que se requieren más y mejores vías de comunicación para hacerle frente al proceso de apertura económica.

Para llevar a cabo este programa se invertirán cerca de 11 billones de pesos, conjuntamente con el sector privado. Los mayores recursos se dirigirán a la rehabilitación de carreteras y de la red férrea del país y al sector petrolero. En este último se requieren millonarias inversiones para desarrollar las explotaciones de crudo en los yacimientos de Cusiana y Cupiagua, que le garantizarán mayores ingresos a la Nación Para el sector de defensa y seguridad nacional se destinó una partida de 1,1 billones de pesos, luego de la adición de 240.000 millones realizada por el Senado. Los mayores recursos serán para la compra de helicópteros, armamento y dotación para combatir a los alzados en armas y a las organizaciones al margen de la ley.

Y de la plata qué? Durante el desarrollo de los debates en el Congreso la principal preocupación fue la relacionada con la obtención de recursos para financiar el Salto Social que pretende beneficiar a más de 12 millones de colombianos que viven en condiciones de pobreza.

Senadores y representantes argumentaron que los ingresos del Gobierno estaban sobrestimados, razón por la cual sería necesario hacer recortes en los planes de inversión.

Por ello se aprobó un artículo que garantizará que sólo se realizarán aquellas obras que cuenten con un respaldo económico. Con esta propuesta se le pone un dique a un posible desequilibrio en las finanzas públicas.

De los 38 billones que se requieren 3,3 billones se conseguirán con el proyecto de reforma tributaria que cursa en el Congreso de la República.

Otros recursos se obtendrán de los superávits de algunas entidades públicas y de los ingresos corrientes de la Nación. Cerca de un billón de pesos se conseguirá con la venta de entidades ente las que se encuentran los bancos Popular, Central Hipotecario y Concasa, así como algunas hidroeléctricas y termoeléctricas.

El Congreso conformó una comisión parlamentaria integrada por cuatro senadores y seis representantes que se encargará de hacerle seguimiento al Plan para verificar si se están cumpliendo o no las metas y programas previstos.

Estrategia social El Salto Social contempla además una estrategia para fortalecer la competitividad del país y lograr un crecimiento de la economía del 5,7 por ciento en promedio, en los próximos cuatro años.

Dentro de las metas que pretende conseguir se encuentran la generación de 1,6 millones de nuevos puestos de trabajo, la construcción de 900.000 nuevas soluciones de vivienda, 300 de las cuales estarán en las zonas rurales y la adjudicación de un millón de hectáreas para 70.000 familias campesinas.

Así mismo, se aspira a ampliar las coberturas en acueducto y alcantarillado al 90 y 77 por ciento de la población, respectivamente y crear 300.000 nuevos cupos en educación preescolar y 600.000 en básica.

Para ayudar a las madres lactantes se entregará un complemento nutricional a 230.000 mujeres y se asignarán subsidios alimentarios a 140.000 niños pobres en las zonas rurales, así como para los ancianos indigentes.

Dentro de los cambios introducidos por el Congreso se encuentran la creación de una Consejería de Fronteras, y un fondo prestacional que asumirá los pasivos pensionales de la Caja Agraria durante los próximos diez años.

Adicionalmente, se incluyó una partida por 305.000 millones de pesos para los subsidios en el servicio de energía para los estratos más pobres.

Al sector energético se le adicionaron 625.398 millones de pesos para el desarrollo de algunos programas de generación eléctrica y para los yacimientos de gas de Volcaneras y Opón.

Así mismo, se acordó que de los recursos destinados al sector defensa como mínimo el 18 por ciento se debe dirigir a la Policía Nacional.