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ULTIMO ENVIÓN A LA LEY ANTICORRUPCIÓN

El proyecto de ley de lucha contra la corrupción administrativa, una de las iniciativas banderas del Gobierno, se desempantanó ayer en el Congreso y quedó a un paso de su aprobación.

04 de mayo 1995 , 12:00 a.m.

En una febril jornada, que contó con la presencia del fiscal general de la nación, Alfonso Valdivieso, y del ministro de Justicia, Néstor Humberto Martínez, las comisiones de conciliación de Senado y Cámara aprobaron ayer 18 artículos de la iniciativa.

Evacuadas las normas que constituirán la espina dorsal del estatuto, sólo quedaron pendiente de estudio disposiciones que tienen que ver con el castigo que la ley consagrará para el delito del enriquecimiento ilícito.

Este tema suscitó un intenso debate que se concentró en la posibilidad de que la ley invierta para este delito la carga de la prueba, en contravía de lo que dice la Constitución.

La determinación final quedó en manos de una subcomisión integrada por el ministro de Justicia, por el senador Germán Vargas Lleras (ponente del proyecto) y por el representante a la Cámara Roberto Herrera.

En el bloque de artículos que tuvieron vía libre ayer figuran todos los que atacan los delitos contra la administración pública, entre ellos el peculado, el cohecho y la concusión.

Parlamentarios y representantes del Gobierno confiaron en que el acuerdo de conciliación podrá producirse antes de terminar esta semana y en que el proyecto irá sin más dilaciones a recibir la aprobación definitiva de las plenarias de Senado y Cámara.

Entre las disposiciones más novedosas acogidas ya figura una que contempla la posibilidad de que un sindicado por un delito de cuello blanco, que haya huido al exterior, pueda ser requerido en extradición con la simple existencia de una medida de aseguramiento en su contra.

El desempantanamiento del proyecto se produjo menos de 24 horas después de que el presidente Ernesto Samper le pidiera al Partido Liberal darle un nuevo impulso a su trámite.

El estatuto endurecerá las penas contempladas por las normas vigentes para los delitos contra la administración pública.

Por ejemplo, los servidores públicos que sean hallados responsables de peculado por apropiación purgarán penas que oscilarán entre seis y quince años de prisión.

Adicionalmente, deberán pagar multas superiores a los cien salarios mínimos legales vigentes.

Por primera vez, será castigado el delito de utilización indebida de información privilegiada, que según palabras del ponente, Vargas Lleras, representa el típico delito de cuello blanco en Colombia.

En ese delito incurrirá, por ejemplo, el servidor que a sabiendas de que va a ser construida una obra pública importante, compra terrenos en el sector para beneficiarse de la valorización.