Archivo

HABLA ASOBANCARIA

Frente a las presuntas vinculaciones de las sucursales de los bancos de Colombia y Ganadero en Cali con dineros provenientes del narcotráfico, el presidente de la Asociación Bancaria (Asobancaria), César González, consideró que debe seguirse el debido proceso para que al final sea la justicia la que termine favorecida y no otros .

04 de mayo 1995 , 12:00 a.m.

En su opinión, es prácticamente imposible impedir que ocasionalmente ocurran fenómenos como el lavado de dinero porque se trata de un problema muy complejo y un asunto que tiene demasiados brazos y demasiadas esquinas .

Para González, de la investigación que se va a adelantar contra las oficinas de las dos entidades bancarias no puede deducirse que todo el sistema está siendo laxo en la aplicación de las normas a menos de que Fiscalía así lo concluya .

La mejor estrategia es no ocultar, pero tampoco se puede ejecutar extrajudicialmente -sin fórmula de juicio- al sector financiero , afirmó el dirigente gremial.

En el país, dijo él, existen normas que regulan las operaciones para evitar el blanqueo de dinero. Explicó que uno de los principios básicos del sector bancario, por ejemplo, es conocer el cliente e identificar el tamaño de su actividad económica.

Cuando se realicen operaciones superiores a los 7,5 millones de pesos en efectivo (o su equivalente en dólares) es obligatorio tener un registro especial de información de quién efectúa la transacción.

González hizo énfasis en que se debe ser cuidadoso en el manejo del tema para no perjudicar el buen nombre de personas y entidades que de todas maneras deben responder a cualquier requerimiento que hagan las instancias legales o jurídicas del país.

Es necesario que se aplique la majestad de la ley, y que se condene a los culpables si los hay o se exonere a lo inocentes, si los hay , concluyó.

Código bancario Por ley, desde diciembre de 1992 todos los bancos del país deben tener medidas de control para evitar ser utilizados para ocultar o manejar dinero procedentes de actividades delictivas o para dar apariencia de legalidad a lo ilegal.

El decreto 1872 del 20 de noviembre de 1992, del Ministerio de Hacienda ordenó intervenir la actividad de las instituciones vigiladas por la Superintendencia Bancaria. Esta institución ordena a los directivos de cada entidad financiera: 1. Conocer la actividad económica de sus clientes y su magnitud.

2. Establecer que el volumen y movimiento de fondos de sus clientes guarde relación con su actividad económica.

3. Reportar a la Fiscalía cualquier información relevante sobre manejo de fondos cuya cuantía o característica no guarden relación con la actividad económica de sus clientes, o sobre transacciones que por su número, generen sospecha sobre posibles ilícitos.

La norma añade que para implantar el control, las entidades deben poner en práctica procedimientos específicos y designar funcionarios responsables de verificar el cumplimiento.

La Superintendencia explicó que toda institución financiera deberá dejar constancia, en formulario especial, de las información relativa a transacciones en efectivo correspondientes a depósitos, retiros, pagos e inversiones que se efectúen y cuyo valor sea igual o superior a 7.5 millones de pesos.