Archivo

MENSAJE DE URGENCIA A LEY DE LA JUSTICIA

El Gobierno le pidió ayer al Congreso que apruebe en el menor tiempo posible el proyecto de Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.

03 de mayo 1995 , 12:00 a.m.

El ministro de Justicia, Néstor Humberto Martínez, envió un mensaje de urgencia a fin de acelerar el debate de la iniciativa en las cámaras y lograr, antes del 20 de junio -cuando culmina la actual legislatura-, su aprobación.

Así, las Comisiones de Asuntos Constitucionales de Senado y Cámara sesionarán desde hoy, de manera conjunta, con miras a discutir y aprobar el proyecto.

La determinación de enviar el mensaje la tomó Martínez al intervenir ayer en una sesión informal -a puerta cerrada- en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, escenario de un encendido debate a la propuesta.

La Ley de la Justicia, que según el Gobierno, debería entrar a regir antes de concluir 1995, permitirá delimitar las funciones y competencias de las altas cortes, los tribunales, la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación, con base en la Carta de 1991.

Por lo pronto, la Comisión del Senado aprobó 27 artículos y el preámbulo del proyecto; amplió la planta de magistrados de la Corte Suprema y el Consejo de Estado; creó los jueces administrativos y negó una norma a través de la cual se pretendía acabar con la reserva de la identidad en la justicia regional.

En la práctica, explicó un parlamentario a EL TIEMPO, los artículos aprobados podrían ser avalados o no por la Comisión Primera de la Cámara. En caso negativo, se produciría un borrón y cuenta nueva para tramitar la propuesta .

A juicio de un bloque de congresistas, no obstante, se trata de la fórmula más viable para tratar de avanzar en la aprobación del proyecto por parte de las plenarias de las cámaras.

Las sesiones conjuntas se iniciarán sin que en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado se haya avanzado en el estudio de temas polémicos: atribuciones de la Corte Constitucional, Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación.

Respecto a la Fiscalía, el propósito del Gobierno es asignarle al Fiscal el control jerárquico del organismo; reivindicar su competencia como máxima instancia de la policía judicial y entregarle atribuciones en materia de carrera administrativa.

A su vez, el objetivo de un grupo de senadores es crear la figura del gerente judicial, asesorado por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.