Archivo

DURANTE LA GUERRA SUCIA LA ORDEN ERA MATARLOS A TODOS

Un ex sargento de la Policía Federal se sumó ayer a la lista de confesos de haber participado en violaciones a los derechos humanos, durante el anterior régimen militar, quebrando el virtual pacto de silencio que se habían impuesto las fuerzas armadas.

03 de mayo 1995 , 12:00 a.m.

Durante la guerra sucia la orden era matar a todo el mundo , declaró Julio Simón ante las cámaras de canal 13 de Buenos Aires, aludiendo a los presos políticos de los tres centros clandestinos de detención de esta capital, donde prestó servicios como interrogador a partir del golpe militar de 1976.

Simón es la tercera persona que admite públicamente haber participado en la guerra sucia.

El ex oficial de la Marina Adolfo Scilingo y el sargento retirado del Ejército argentino Víctor Ibáñez admitieron, en declaraciones el 1 de marzo y el 24 de abril respectivamente, que durante la guerra sucia los militares arrojaban subversivos vivos y previamente drogados al mar, en operaciones denominadas vuelos de muerte .

No me arrepiento Pero a diferencia de Scilingo y de Ibáñez, que el 1 de marzo y el 24 de abril expresaron arrepentimiento por su desempeño en la represión ilegal, Simón se mostró desafiante.

Yo participé en frenar la horda asesina que nos traían desde el exterior , dijo, al referirse a los grupos guerrilleros de ultraizquierda que actuaron en la década de los setenta.

No estoy arrepentido. Luché por mi patria, por mi fe y por mi Nación , agregó.

El sargento admitió haberse desempeñado en los centros de detención y tortura conocidos como El Club Atlético , Olimpo y El Banco , que funcionaron en dependencias de la Policía Federal, bajo la jurisdicción del primer cuerpo de Ejército. La mayoría de los detenidos allí, integran hoy las listas de los 8.900 desaparecidos comprobados por una comisión gubernamental hace diez años.

El turco Julian Simón, más conocido por su nombre de guerra de El Turco Julián , fue acusado de haber participado en torturas a detenidos en 58 causas enviadas a la justicia federal, en 1984, por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Se lo hizo responsable por la desaparición de unos 200 detenidos.

Pero fue beneficiado por dos leyes exculpatorias dictadas a partir de 1987 a pedido del ex presidente Raúl Alfonsín, para neutralizar un virtual estado de rebelión en las fuerzas armadas a causa de las denuncias contra sus miembros.

A la pregunta de cómo interrogaba a los detenidos, Simón respondió que de acuerdo a la premura, de acuerdo a la hora en que caía detenido ese integrante de la organización guerrillera, se aceleraba el interrogatorio .

Por ejemplo, si el detenido caía a las dos de la tarde, se tenía que acelerar el interrogatorio porque podría haber concertado una cita en la siguiente hora y media. Y para no perder esa cita había que acelerar el interrogatorio mediante la tortura y el shock eléctrico , dijo Simón.

Aclaró, sin embargo, que no consideraba la tortura como conveniente, ya que los presos quedaban muy maltrechos, muy deteriorados .

Simón viajó al Brasil en 1985 y fue contratado como guardaespaldas. La revista brasileña Veja lo presentó, entonces, como el astro de la tortura en la Argentina.

Uruguay pide listado Entretanto, el Gobierno de Uruguay solicitó al de Argentina información sobre una eventual lista de uruguayos desaparecidos en Buenos Aires durante los regímenes militares que gobernaron ambos países, informó ayer el ministro de Relaciones Exteriores, Alvaro Ramos.

Según una comisión parlamentaria que estudió el asunto en 1986, 164 uruguayos, 118 hombres, 38 mujeres y 8 niños, desaparecieron durante el gobierno de facto que gobernó el país entre 1973 y 1985. De ellos, 32 desaparecieron en territorio uruguayo, 127 en Argentina, 3 en Chile y 2 en Paraguay.

La iglesia se confesará Buenos Aires (AFP-Efe) La jerarquía de la Iglesia Católica argentina, acusada de complicidad con la dictadura militar (1976/1983), anunció que realizará en diciembre un examen de conciencia en el que evaluará los pecados más graves cometidos a lo largo de su historia en el país.

Los obispos de la Conferencia Episcopal Argentina cerraron el pasado sábado una semana de deliberaciones a cuyo término se esperaba un mea culpa por su silencio durante la represión política de los militares, pero se limitaron a anunciar para más adelante un análisis de su trayectoria.

El presidente de la comisión de Fe y Cultura del Episcopado, monseñor Juan Carlos Maccarone, explicó ayer que la Iglesia quiere realizar la revisión de su papel con tiempo y serenidad porque no es fácil aproximarse a la verdad histórica .

La revisión se realizará durante la preparativos para la celebración de los 2.000 años de Cristianismo propuesta por el Papa Juan Pablo II en un documento que difundió en noviembre de 1994.

La Iglesia argentina está acusada de haber conocido y adoptado un silencio cómplice sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura y que concluyeron con la desaparición forzosa de entre 9.000 y 30.000 personas, según las fuentes.