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REBAJA DE PENAS NO ADMITE ERRORES

La vida de Nelson Ríos* cambió desde cuando se le ocurrió pedir una pequeña rebaja de pena y controvertir la decisión de un juez de Cali que lo condenó a 10 años de prisión por homicidio.

02 de mayo 1995 , 12:00 a.m.

Motivado con la idea de reducir su permanencia en presidio, Ríos apeló la sentencia dictada el 23 de octubre de 1.993, pero todo empeoró: el Tribunal Superior de Cali le incrementó su condena a 25 años de cárcel.

El Tribunal no estuvo de acuerdo con la decisión del juez e indicó que el delito de homicidio se sanciona, hoy en día, no conforme al Código Penal sino según la Ley Antisecuestro. Es decir, con penas entre 25 y 40 años de prisión.

Ríos no se resignó y acudió a la tutela para proteger su derecho al debido proceso. Alegó que su condición de apelante único constituía la mejor prenda de garantía para que su período de reclusión no sea incrementado. Pero su intentó fracasó.

La Corte Constitucional no aceptó su petición e indicó que la pena de 25 años de reclusión fijada a Ríos es legal. En Colombia, reiteró, a partir de la expedición de la Ley Antisecuestro -el 19 de enero de 1993- el homicidio puede ser castigado hasta con 40 años de cárcel.

Los jueces, aseguró la corporación, no pueden incurrir en equivocaciones al aplicar las reglas de juego establecidas para quienes delincan y permitir que la imposición de penas se convierta en un asunto discrecional y poco estricto.

A su juicio, la rebaja de penas no admite errores.

Los jueces, dijo la Corte, no tienen independencia para apartarse de la ley, pues, al fin y al cabo, sus determinaciones constituyen expresión de la voluntad soberana del Estado.

Si bien, dijo la Corte, esta equivocación en la interpretación de las penas para homicidio se produjo en despachos judiciales tras la expedición de la Ley Antisecuestro, se trata de una situación que no puede prosperar.

Más aún, enfatizó la corporación, cuando el homicidio y el secuestro lesionan de manera grave la vida, la libertad, la dignidad, la familia y la paz en el país.

El pronunciamiento lo hizo la Sala Octava de Revisión de la Corte, presidida por el magistrado Fabio Morón Díaz al confirmar una sentencia del Tribunal Superior de Cali.

Rebaja de penas La Corte defendió, a su vez, la legalidad de la imposición de las penas e indicó que constituye una garantía no sólo para el procesado sino en favor de la acción judicial del Estado.

Por eso, explicó la corporación, se trata de un asunto que no puede ser soslayado por un acto ilegal de uno de sus funcionarios, ni ignorado por el juez que jerárquicamente le corresponde revisar una condena .

Resulta claro -dijo- que al consagrar la Carta la garantía de la no agravación punitiva cuando es impugnante único el procesado, no está dando patente de corso a la ilegalidad ni al caos jurídico, pues la garantía como tal presume que el acto sea legal .

Los jueces al tasar las penas, sostuvo la Corte, necesariamente deben hacerlo dentro de los parámetros de la Carta y la ley.

Es decir, explicó, con base en las diversas circunstancias de atenuación y agravación punitiva.

Además es claro -dijo un magistrado a EL TIEMPO- que bajo ninguna circunstancia se podrán deducir penas por debajo del mínimo legal o por encima del máximo legal .

Así, dijo la Corte, los jueces que revisen en segunda instancia la imposición de una pena a un procesado pueden corregir el error y agravarla cuando no se ha cumplido con el principio de legalidad.

Lo contrario nos llevaría a la conclusión de que la fuerza de la sentencia de primera instancia sería de tal naturaleza que quedaría por encima de la Constitución y de la Ley , concluyó.

*El nombre del procesado es ficticio.