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Gasto público está en el lugar equivocado

Para evitar que la Nación se quiebre y se lleve por delante a las regiones, el Gobierno central necesita más recursos. Así se justifica la controvertida reforma a las transferencias que, además, busca fortalecer la descentralización, según la directora de Planeación Nacional (DNP), Carolina Rentería.

JORGE CORREA C.
La Nación requiere más ingresos para pagar, han reiterado la funcionaria y
demás miembros del equipo económico. De lo contrario, vendrían más impuestos
o un recorte de los gastos y se pondría en riesgo la ejecución de parte del
plan de desarrollo.
Para el ex constituyente Jaime Castro, con la reforma a las transferencias
el Gobierno pretende arreglar un problema de caja y seguir gastando como lo
ha hecho en los últimos años, en contravía de la descentralización.
Los ingresos del Gobierno nacional son insuficientes para cubrir sus gastos,
constató la Comisión Independiente de Gasto Público (Cigp). El déficit
fiscal está por encima del 4 por ciento del PIB.
Uno de los problemas del gasto, según la Cigp, es que la Nación “ha
reasumido varias responsabilidades de competencia regional”. Por ejemplo, la
pavimentación de 3.100 kilómetros de vías secundarias y terciarias,
bautizado como Plan 2.500.
Para el 2005 y 2006, el presupuesto del Plan supera 1,6 billones de pesos
que quedaron a disposición del Gobierno para atender los reclamos que se
escuchan en los consejos comunitarios del presidente Uribe, y financiar
obras asignadas –según los críticos– de acuerdo con las conveniencias
políticas regionales y locales, y “esas ‘carreteritas’ dieron y darán
votos”, comenta un dirigente gremial.
El transporte urbano, señala Alejandro Gaviria, decano de Economía de la
Universidad de los Andes y quien hizo parte de la Cigp, siempre fue
competencia de las regiones, pero el Gobierno central financia el 70 por
ciento de los sistemas de transporte masivo (transmilenios) en ocho
capitales, con un aporte cercano a 3.590 millones de dólares.
Algunas ciudades, dice, podrían asumir esos costos (transmilenio y vías
terciarias y secundarias) con el aumento del recaudo del impuesto predial
urbano y rural e instrumentos financieros que maximicen su aporte. Además,
ya cuentan con la sobretasa a la gasolina y al diesel.
No obstante, aquellas capitales que objetivamente no puedan cubrir los
costos del sistema de transporte masivo podrían recibir el apoyo del
Gobierno Central.
En esos dos frentes, el fisco nacional podría tener un alivio importante,
por lo menos a mediano plazo, si se estimulara y presionara a las regiones a
hacer lo que les corresponde sin la tutela financiera del Gobierno, y sería
un avance adicional de la descentralización. Además, se reducirían las
presiones del nivel central para aumentar sus ingresos vía impuestos,
endeudamiento y reforma a las transferencias.
Junto con la retoma de responsabilidades regionales, la Nación,
prácticamente en cabeza de la Presidencia, ha venido concentrando el manejo
de billonarios recursos en programas sociales, algunos de ellos justificados
por la naturaleza de los problemas (desplazados) o para evitar la siembra de
coca (Familias Guardabosques), pero otros entrarían en las órbitas locales o
coincidiendo con acciones similares de otras agencias públicas.
Acción Social, de la presidencia de la República, maneja ocho programas cuyo
presupuesto pasó de 953.000 millones de pesos en el 2006 a cerca de 1,3
billones este año, y se aproximarán a 2,4 billones en el 2008.
De los programas de Acción Social, creada en el 2005, el que demanda mayores
recursos es Familias en Acción, que nació hace siete años para mitigar el
impacto de la crisis económica de 1999 sobre la población más vulnerable.
En los tres primeros años se invirtieron algo más de 220.000 millones de
pesos en Familias en Acción. Por sus efectos favorables en las familias
atendidas (nutrición infantil y asistencia escolar de niños y jóvenes), la
administración Uribe lo convirtió en un programa permanente para atacar la
pobreza.
Para el 2006 se le destinaron 307.000 millones de pesos, recursos que para
el 2007 aumentaron 161 por ciento, hasta 804.000 millones de pesos. Con la
contratación la semana pasada de un crédito externo por 1.500 millones de
dólares, el programa se extenderá hasta el 2010, cuyo costo se estima en
1.832 millones de dólares.
Responder por ese y demás créditos obliga al Gobierno central a obtener más
recursos, parte de los cuales se los está disputando con las regiones con la
reforma a las transferencias.
2,38
billones de pesos sería el presupuesto de Acción Social en el 2008, según el
resumen del anteproyecto del presupuesto general de gastos elaborado por el
Ministerio de Hacienda.
Cheques al por mayor
Familias en Acción no solo ha tenido un crecimiento muy rápido sino que
algunos lo ven como un programa asistencialista insostenible financieramente
y que, en palabras de Alejandro Gaviria, puede volverse políticamente
inflexible, pues desmontarlo será muy difícil.
Además, la atención a los hogares inscritos (1,5 millones para el 2007) se
puede cruzar con otras entidades, como lo comprobó un investigador: en una
misma mañana algunas familias recibieron sendos desayunos por parte de tres
instituciones públicas nacionales y locales que trabajan en programas
similares. Esto puede repetirse en salud, educación y otros.
El asistencialismo, de acuerdo con observadores, tiene razón de ser en
determinadas circunstancias (atenuar los impactos negativos de una crisis) y
de cierto tamaño (por ejemplo, las 320.000 familias del 2002).
“Las soluciones se derivan de la generación de empleo formal y no de la
repartición de cheques”, dijo uno de ellos para aludir a la entrega
condicionada de dinero en efectivo a las familias del programa. Esto
“también genera réditos políticos y electorales”. Proporcionar servicios de
salud, educación y nutrición a la población más pobre es, en principio, una
responsabilidad de las localidades aunque en ciertos casos (como vías o
transporte urbano) tengan que recurrir al apoyo de la Nación, pero esta no
debe asumir todo el gasto porque se revierte la descentralización y se
aumenta el poder del Gobierno central. El error histórico del Plan 2.500 de
vías es que la Nación se echó encima una carga que no le correspondía,
señala el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura , Juan
Martín Caicedo.
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JORGE CORREA C.
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