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Males que acabaron con la EPS del ISS

Hace dos semanas, el anuncio del gobierno de liquidar al ISS, previa intervención de la Superintendencia de Salud, no produjo mayor sorpresa, pues era una decisión cantada. (VER GRAFICO)

29 de enero 2007 , 12:00 a.m.

Lo que sí causó sorpresa fue la evidencia de que la política oficial en la entidad había virtualmente fracasado, cuando hace poco más de tres años el mismo gobierno había anunciado una supuesta fórmula “salvadora” al disponer la separación de la prestación de los servicios hospitalarios de la aseguradora de salud.

Luego de la decisión de liquidación, comenzaron a conocerse detalles que no hablan bien del proceso y que se cuentan en recintos cerrados. Por ejemplo, una apresurada reunión a finales del año pasado entre el ministro de Protección Social, Digo Palacio, y los directivos de Coomeva y sus asesores legales, en la que el funcionario planteaba la urgencia de que la cooperativa tomara una decisión sobre la asociación en una EPS nueva para manejar a los afiliados del ISS, sin tener claros los criterios financieros.

Según voceros de Cooomeva, era una “aventura” aceptar la idea del Ministro.

Luego, el Gobierno anunció la creación de la nueva EPS en sociedad con las cajas de compensación, pero con mayoría oficial en el capital. Las cajas salieron a aclarar que ese no había sido el acuerdo inicial y que, si no tenían la mayoría, no estaban interesadas en el negocio.

Por la importancia y trascendencia de la decisión, nuevamente quedó la idea de improvisación, asunto nada extraño en la vida del ISS.

AFILIADOS VIEJOS Y ENFERMOS La discusión sobre la composición por edades de los afiliados a la EPS del Seguro Social (el 45 por ciento es mayor de 45 años), que en promedio son mucho más avanzadas que en las demás EPS y que, por lo tanto, demandan muchos más servicios de salud, siempre lleva a la conclusión de que la entidad invierte mucho más en ellos que lo que recibe del Fosyga.

Por esa situación, cada afiliado atendido le genera un desfase que no es compensado por lo que deja de gastar entre aquellos cotizantes y beneficiarios que no demandan atención.

Otra de las discusiones de nunca acabar y sin solución duradera es la que tiene que ver con la atención de los afiliados con enfermedades catalogadas de alto costo, como Sida, cáncer y renales crónicas. Las cifras muestran que el 85 por ciento de ellos (43.540) están concentrados en la EPS del ISS, que tiene que invertir 291.800 millones de pesos anuales en sus tratamientos.

A pesar de que el sistema le paga al Seguro Social un poco más que a la mayoría de las otras EPS por cada paciente con enfermedad ruinosa, la brecha entre costos de atención e ingresos percibidos del Fosyga no se cierra.

Politiquería y corrupción, dos lastres muy pesados El nombramiento de los gerentes de las Empresas Sociales del Estado (ESE), es decir, las clínicas, hospitales y centros de salud que hasta el 2003 eran propiedad del Seguro Social, fue uno de los puntos más largamente debatidos en el Congreso durante la reforma a la Ley 100 de 1993 en salud, asunto que nada tenía que ver con los cambios a la normatividad.

Después de muchas horas de discusión en diferentes sesiones del Senado y la Cámara de Representantes alrededor del periodo de dichos gerentes y su fecha de inicio, finalmente el 13 de diciembre pasado se produjo el pupitrazo y se aprobó la aplazada y accidentada reforma a las normas que rigen la prestación de los servicios de salud a los colombianos.

Al debate se llevaron argumentos de tipo laboral y jurídico sobre los derechos adquiridos de las máximas cabezas de las siete ESE (cuatro están colapsadas) y advertencias de que la Nación podría ser demandada, con la certeza de que perdería en los estrados judiciales, si la nueva ley no tenía en cuenta y respetaba los períodos para los que habían sido nombrados los gerentes.

Sin embargo, en los pasillos y corrillos del Congreso se afirmaba que la verdadera razón de tanta discusión era la permanencia o no de cuotas de caciques, dirigentes y movimientos y partidos políticos en las ESE. En otras palabras, que el origen del debate era más politiquero-clientelista que técnico y legal, aunque tuviera este ropaje.

La atención de los afiliados estuvo ausente en esa polémica. La creación de las ESE y la obligación del Seguro Social de contratar con ellas el 70 por ciento de sus servicios generaron, según la Defensoría del Pueblo, una instancia administrativa en contra de los usuarios para acceder a esos servicios de salud.

Desde su nacimiento, en las ESE floreció uno de los grandes males que llevaron a la inminente desaparición de la EPS del Seguro Social: politiquería, corrupción, ineficiencia, elevadas cargas prestacionales y la evidentes falta de decisión del Gobierno, los empresarios, los trabajadores y otros sectores de la sociedad para enderezar el rumbo de la que en su momento fue la mayor entidad de seguridad social de los colombianos.

Para un organismo de esa magnitud no se compadece el hecho de que en menos de 60 años de existencia haya tenido 29 presidentes -un promedio de 2 años de permanencia en el cargo-, pero esto se explica por su enorme capacidad de fortín burocrático: hasta 40.000 personas, entre funcionarios de planta y contratistas.

Por su presidencia han pasado liberales y conservadores reconocidos, como Sabas Pretelt de la Vega, Cecilia López, Antonio Yepes, Carlos Wolff, Jaime Arias, Guillermo Fino y otros no tan conocidos, pero que son cuotas partidarias: Gilberto Quinche (actual presidente-conservador), Héctor José Cadena, Fanny Santamaría y Rodrigo Bustamante, para nombrar sólo los de los últimos años.

Los cuatro negocios que manejó el Seguro Social -salud (EPS e IPS), pensiones y riesgos profesionales- no tenían menos de 200 vicepresidentes, gerentes y directores con capacidad de nombramiento y contratación (llegó a tener un presupuesto de 5.000 millones de dólares y el año pasado administró más de 8 billones de pesos). Los gamonales políticos son los ‘dueños’ del ISS en cada departamento y exigen que se les nombren a sus recomendados, a lo cual las diferentes administraciones han accedido para construir y mantener gobernabilidades locales, regionales y nacional.

En consecuencia, ese gigante de la seguridad social ha sido un plato muy apetitoso para satisfacer los más variados intereses políticos, pero no necesariamente para responder a las necesidades de sus afiliados, que en 1997 alcanzaron los 20 millones en salud, pensiones y riesgos profesionales y que hoy escasamente superan 6 millones, y garantizar la continuidad de la entidad.

Según el ex ministro Augusto Galán, la influencia politiquera en la administración “deterioró la gobernabilidad y le impidió ser la institución eficiente que pudiera ofrecer los servicios de salud de manera oportuna y con calidad”.

De otro lado, son incontables las denuncias que se han hecho sobre malos manejos en el O.I.S.S., con contratos, compra de medicamentos, proveedores y fraude y trampas internas para evadir los aportes.

El máximo escándalo de corrupción es reciente: Guillermo Fino, ex presidente del ISS, está en la cárcel por haber recibido supuestamente millonarias comisiones en la compra de equipos para el ISS por parte de un proveedor extranjero. La irregularidad no fue descubierta por ninguna autoridad, sino por una pelea entre los mismos protagonistas del fraude.

Seguramente muchos otros casos similares se dieron en el pasado.

‘Que el país conozca toda la verdad de las cifras’ Prestigiosas asociaciones como el Colegio Médico Colombiano, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas y la Academia Colombiana de Medicina, le enviaron una carta al presidente Uribe, en el que hacen reparos al manejo de la situación de la EPS del ISS.

“Revisando el déficit del ISS asciende a un valor de 542.347 millones de pesos, pero además de las deudas del Fosyga, a la fecha otras entidades estatales le adeudan la suma de 729.004 millones, sin contar las deudas por pagar, los cobros coactivos, los pagos que le deben por concepto del Situado Fiscal.

“Es para nosotros sorprendente las cifras que el país entero le adeuda al ISS. La pregunta es qué gestiones adelantó el Ministerio, la Supersalud o las entidades del Estado en procura de recuperar esa cartera que realmente solucionaría buena parte de los problemas administrativos presentados en el ISS. Además sería honesto y prudente que la opinión pública conociera de estas cifras. Así como saber si estos recursos se recuperan y cómo sería la incorporación de los mismos a la nueva EPS. Sin desconocer que se diera el pago de las deudas, se amortizaría considerablemente el déficit de la entidad”, dicen en la carta enviada también al Procurador General de la Nación, al Contralor y a la Corte Suprema de Justicia.

¿Cuáles serán las estrategias que se adelantarán para recuperar los recursos de la cartera que se le adeuda al Seguro? preguntan en la carta.

También cuestionan la decisión de liquidación pues afectará a las ESE creadas en el año 2003, cuando se escindieron los servicios de la aseguradura del ISS.

“La contratación con las ESE escindidas del ISS corresponde al 89,7 por ciento y el 10,2 por ciento con las IPS privadas, lo que demuestra que sin funcionamiento del ISS, automáticamente entran en riesgo las ESE escindidas, que dependen sus ingresos, casi en su totalidad, del contrato con el O.I.S.S.”, advierten.

La carta analiza y pone en duda la operatividad del esquema planteado entre el gobierno y las cajas de compensación para atender a los afiliados del ISS.

29 presidentes ha tenido el Instituto de los Seguros Sociales en sus 60 años de existencia