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¡Censura mediante tutela!

Tres palabras se han convertido en pesadilla para los barranquilleros: Métodos y Sistemas. Uso las mayúsculas porque esas tres palabras son la razón social de una empresa privada a la cual el Distrito de Barranquilla concesionó hace años el recaudo de sus impuestos. Desde entonces, ha ocurrido de todo. Por lo menos dos asesinatos podrían tener vínculos directos con asuntos de ese contrato.

29 de enero 2007 , 12:00 a.m.

La suposición de que Métodos y Sistemas, o algunos de sus accionistas, han estado vinculados a grupos armados al margen de la ley no se inauguró con las declaraciones del cura Hoyos. Durante años, ha sido un rumor callejero recurrente y generalizado que uno de los más grandes carteles nacionales de la droga y organizaciones paramilitares de la región estaban detrás de aquellos asesinatos.

Desde el principio se dijo que el contrato de concesión para los recaudos tributarios era lesivo para los intereses del Distrito. Pero los barranquilleros tenemos la impresión de que las cosas han ido más lejos.

Por eso, sería deseable establecer o descartar los supuestos vínculos de ese contrato con acontecimientos que por su naturaleza deberían serle extraños y ajenos.

Pero para sorpresa de todos, la censura aplicada por un juez al diario El Heraldo, prohibiéndole una publicación, se constituye en la única acción cierta y efectiva del Estado colombiano, y más concretamente por la rama judicial del poder público, sobre estos hechos.

La exótica medida judicial fue adoptada al resolver un recurso de tutela instaurado por la empresa Métodos y Sistemas por supuesta violación de los derechos a la honra, a la información veraz e imparcial y al debido proceso.

No deja de ser paradójico que sea una tutela, una institución creada para defender los derechos fundamentales consagrados por la Constitución, lo que dé lugar a una decisión judicial que compromete y vulnera uno de los derechos esenciales del ordenamiento constitucional y democrático.

Al fallar sobre la exigencia legal de la tarjeta profesional a los periodistas, la Corte Constitucional proclamó alguna vez que cualquier restricción a la libertad de prensa “conduce fatalmente a la postulación del voto calificado”.

Es obvio que la “medida provisional” del juez es mucho mas insidiosa para la democracia.

No parece muy lógico pretender que el daño efectivo que según el juez de tutela había sufrido o estaba a punto de sufrir el demandante, pueda ser atribuido a las informaciones de prensa.

No existe nexo de causalidad alguno entre el daño y la conducta de quien se predica haberlo causado. Alguna diferencia tendría que existir entre los hechos y el mero registro periodístico de los mismos.

En 1996, la Corte Constitucional revocó una decisión de la Sala Civil de la Corte Suprema que había ordenado a unos congresistas abstenerse de hacer declaraciones en contra del Secretario de Gobierno de Antioquia, por violación a sus derechos a la intimidad y el buen nombre.

Fue una de las tantas veces en que frente a supuestos conflictos de interés entre dos o más derechos fundamentales prevaleció el derecho a la libertad de expresión, tan caro a la vida democrática y a la formación de opinión pública.

La prensa tiene deberes, por supuesto, y sus derechos, límites, así ellos tengan umbrales más generosos.

Pero no cabe duda de que el precedente del juez de tutela, vía unas simples medidas provisionales, es tal vez el golpe más audaz, peligroso e inaceptable que se haya propiciado a la libertad de expresión.

Y la manera de malograrle a la ciudad el conocimiento que necesita sobre lo que está ocurriendo alrededor de aquel contrato