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Colombia se la ‘montó’ a las motos

Es casi imposible leer en los periódicos del país un concepto a favor de la guerrilla de las Farc. O de cualquier otro actor ilegal armado. No es para menos: en Colombia tenemos claro que diálogo y violencia son incompatibles (y alguna vez se lo recordé al ‘Mono Jojoy’ en las Mesas de Diálogo de El Caguán). Lo asombroso es que esa suerte de veto social también lo padecen quienes conducen una motocicleta, con la diferencia de que sus concesionarios sí pautan en prensa. No está lejano el día en que –ejemplo– el rechazo hacia el señor Sierra y su moto sea igual al que reciben los señores de la motosierra.

¿Por qué un amplio sector de la opinion pública reflejado en los medios de
comunicación terminó odiando a los motociclistas hasta verlos como
terroristas sobre dos ruedas? ¿Es justo el tratamiento que reciben, incluso,
del propio Estado? La explicación podría estar en la lucha entre carros y
motos por un espacio sobre la vía. O en el uso imprudente (con un alto
índice de accidentes) que de las motos hacen algunos “motoristas”, como les
llaman en España a quienes conducen esos vehículos. Todo ello, agravado por
el auge del mototaxismo como fuente de empleo. Y el sicariato, un acto
criminal consumado al amparo de la versátil moto (aunque en Bogotá ya
disparan y escapan a pie). ¿Disminuyó el sicariato después de la prohibición
del ‘parrillero’ hombre? O, ¿las mujeres no disparan?
Con las restricciones de horario, circulación e imposición de chaleco y
casco al amaño de cada alcalde, tener moto por necesidad es perderla por
obligación. Y la respuesta –por demás agresiva de los afectados– induce a un
problema de orden público. Entonces ya no valen las campañas educativas del
Fondo de Prevención (sostenido con la plata del Soat) ni el paraíso vial que
pintan en su periódico El Bacán.
Lo que no ha valorado el país es que, pese al publicitado crecimiento de la
economía y las cifras que hablan de una “notable baja” en el desempleo,
miles de colombianos se movilizan en moto, como si fuera el anhelado “carro
popular”. De hecho, fue la firma antioqueña Fundiciones y Repuestos S. A.,
Furesa, filial de Coltejer, la que, después del Renault 4, de Sofasa, siguió
insistiendo en el ensamblaje de un vehículo económico (como el ‘Topolino’ o
el Simca) hasta producir, en 1969, las primeras motos con tecnología
nacional. Antes, en el 61, la Auteco ensambló la Lambretta italiana.
Según las estadísticas del Comité de Ensambladores de Motos, integrado por
13 industrias afines, la mayoría de usuarios tiene bajo perfil, pero como en
Colombia la clase media medio vive y medio come, ya es común ver en ciudades
como Cali y Medellín a muchos profesionales, de traje completo, conduciendo
motocicleta.
Yo, por ejemplo, prefiero movilizarme en una de ellas y no tener que esperar
a los resabiados taxistas caleños para que me digan “¡allá no voy!” o se
embotellen en las obras del MIO. El abogado Elkin López y el juez de familia
Alvaro Rosero, quienes ejercen en esta ciudad, también son motociclistas con
kilómetros de buena conducta.
Con casi tres millones y medio de motos que ruedan en el país y un millón de
personas que viven de ese negocio, creo que llegó la hora de legislar en
favor de los motociclistas, como en Europa.
Los españoles celebran por estos días la decisión del Ayuntamiento de Madrid
para que 160.000 “motoristas” puedan circular por el carril de solo bus,
antes prohibido. La Unión Europea está en la ‘onda’ de estimular el uso de
la moto como “opción ecológica y menos traumática” para el tráfico.
En Asia, hace rato entendieron la importancia de estos aparatos. Con el
mayor número de motos per cápita en el mundo, Taipei (capital de Taiwán)
demarca espacios exclusivos para su circulación y espera del semáforo en
rojo.
Esto sucede en el mundo, justo cuando aquí estrenamos la Ley de Movilidad
para “dar prelación a los modos alternativos de transporte”, pero la moto
perdió esa prioridad. Es un hecho, Colombia se la ‘montó’ a las motos.
vozcomun@yahoo.com
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