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‘Si el proceso paramilitar se politiza, se desprestigia y se acaba’: Procurador

El procurador General de la Nación, Edgardo Maya, dice que las transmisiones por televisión de las audiencias a los paramilitares serán en directo y de ninguna manera en diferido ni editadas. Pide que se permita el acceso a la prensa, para eliminar “las tercerías” que podrían provocar tergiversaciones. Advierte sobre los riesgos de politización del proceso y asegura que si ello ocurre, el proceso se destroza y se acaba.

YAMID AMAT
¿Qué opina sobre la transmisión de audiencias de los paramilitares por TV?
Legitiman más el proceso que estamos viviendo, pero hay que definir bien
cómo se va a transmitir y qué se va a transmitir. Es indispensable una
reglamentación. Hay que preservar derechos de las victimas a la privacidad;
hay que cuidar la narración de hechos escabrosos, que puedan ser vistos por
niños...
¿Y el argumento de que hay pruebas que no se pueden sacar a luz pública?
El tema financiero, el tema de bienes, no puede salir a la luz pública. Todo
eso va a implicar que necesariamente debe haber, si me lo permiten, una
especie de ‘censura’ para la transmisión directa. Además, hay una
incapacidad física para transmitir todo, el fiscal que dirige decidirá qué
se transmite y qué no.
¿Y el caso de la prensa?
Hay que permitirle que esté presente en las audiencias. No en el sitio de la
confesión, sino en el cuarto contiguo donde se encuentran las víctimas. Las
versiones de terceros, como ahora ocurren, no deben continuar porque se
corre el riesgo de tergiversaciones. En la sala contigua, habrá transmisión
de televisión.
¿Es verdad que las transmisiones serán en diferido y con edición?
No señor. Eso no es así. Las audiencias se transmitirán en forma directa,
excepto en casos de simultaneidad y en aquellos en que el fiscal del caso
decida, sobre temas como violaciones. No se deben transmitir.
¿En este escándalo de la para-política, por qué usted ha estado tan
callado?
La Procuraduría ha estado actuando como siempre, pero, personalmente, no soy
un funcionario público protagonista, no ando buscando periodistas; pero,
cuantas veces se requiera, estamos dispuestos a dar la información
solicitada.
¿La investigación a personajes vinculados a usted familiarmente provocó un
poco su silencio?
La responsabilidad es de carácter individual, quienes tengan algo que
imputarle al Procurador General de la Nación que lo hagan públicamente y yo
respondo. Pero si se trata de otras personas, cada una tiene que responder
por su conducta.
¿La investigación que realiza la Corte Suprema de Justicia sobre
actuaciones del senador Alvaro Araujo, comprometen el ejercicio de la
función de su hermana, la Ministra de Relaciones?
Ese tema tiene que manejarlo el Presidente de la República que es su jefe.
¿Pero su opinión?
No puedo entrar a calificar conductas. Si ella incurriera en faltas sobre la
cual debe proceder la Procuraduría, me tocaría declararme impedido. Pero
sobre la presencia de ella en un cargo público, aparte de sus condiciones
personales, que las tiene todas, es un tema que corresponde a la orbita del
Presidente.
¿En este escándalo de la para-política se han mencionado algunos nombres.
Cree que hay muchas más personas involucradas?
Este es un asunto que apenas empieza; se ha tomado inicialmente una región
que es la Costa Atlántica de la cual yo soy oriundo, faltan Antioquia,
Urabá, los Santanderes, los Llanos, la zona cafetera, el Magdalena Medio,
Chocó, el norte del Valle, el sur del país, falta prácticamente toda la
Nación.
¿Pero los personajes que hasta ahora aparecen en la costa son todos los que
son?
Estamos sobre un proceso de la verdad y lo que pedimos es que las personas
denuncien. No solamente a quienes han tenido actividades directas con los
grupos paramilitares, sino vínculos indirectos y la denuncia de bienes que
poseen esas personas; sólo así se puede buscar el resarcimiento que es muy
importante, porque esto no puede quedarse en un saludo a la bandera; además
de resarcimiento moral, se requiere el material; países como Perú, donde
dijeron que quien tuviera responsabilidad tenía que pagar 7 mil dólares a
cada victimas, en Argentina propusieron 250 mil dólares; aquí hay que
resarcir a las victimas, lo debe hacer el victimario y si no tiene
capacidad, debe hacerlo el bloque y en último lugar lo tendría que hacer el
Estado.
¿Tendría que indemnizar el estado a las víctimas?
Podría llegar el caso en que al Estado le va tocara asumir.
¿Qué hacer, en su opinión, con los parlamentarios, ex parlamentarios,
dirigentes políticos que asistieron a la famosa cumbre de Ralito?
Hay una comisión especial que configuró la Procuraduría para investigar si
esas conductas tienen relevancia disciplinaria y tal como lo hizo el señor
Fiscal General de la Nación, trasladarlo a la entidad competente.
¿En ese escándalo de la para-política han participado todos los movimientos
políticos y partidos que hay en Colombia, incluyendo el partido Liberal o
no?
Me parece que lo importante es que el proceso está demostrando una fortaleza
institucional en el país, porque se están desarrollando los hechos como
están previstos en la ley: Verdad, justicia y reparación y no como ha
ocurrido en el pasado, con leyes de perdón y olvido. Antes se recurría
simplemente a dos formas para terminar los procesos violentos: Amnistías o
indultos. Hubo 60 indultos y 25 amnistías. Yo como Procurador General de la
Nación, soy radicalmente opuesto tanto al perdón y olvido como a la ley de
punto final. No puede haber perdón sino justicia; no puede haber olvido,
sino reparación; no puede haber punto final, sino conocimiento de toda la
verdad. Reconozco que la ley se está cumpliendo a pesar de las vicisitudes,
y eso significa un gran fortalecimiento institucional...
¿En un momento del debate sobre la vinculación del paramilitarismo con la
dirigencia política del país, se dijo que sólo afectaba a movimientos
uribistas y no al partido liberal. Eso es así?
Ni la Procuraduría ni la justicia colombiana pueden mirar el proceso desde
ese punto de vista.
¿Pero usted ha visto al partido Liberal también con vínculos paramilitares?
Yo no puedo salir a hacer sindicaciones sobre movimientos políticos. En
ningún momento la lupa de la justicia puede mirar el ángulo partidista o el
tema político, la justicia tiene que hacer abstracción total de esa
consideración. Si el proceso se politiza, se destroza, sería su derrumbe
total y los órganos de control como la Procuraduría independientemente del
tema político tienen que ceñirse a las normas y señalar si hay
responsabilidad o no, al costo que sea. Si el costo del prestigio de la
justicia o de la Procuraduría depende de cómo vaya a mirar la sociedad o la
prensa la condena de una persona, eso sí sería gravísimo; más grave que la
politización del proceso, sería la politización de un órgano de control o de
la justicia. Si el proceso se deja tocar políticamente, se desprestigia y se
acaba...
¿Cuáles son para el país las consecuencias que tendrá el escándalo
para-político?
Primero, el fortalecimiento de las instituciones en una sociedad que está
anhelante, ansiosa de conocer la verdad; segundo, habrá responsabilidad por
esa conducta, desde luego, con una justicia transicional que ha
flexibilizado las normas para la búsqueda de las entregas.
Desafortunadamente esa justicia transicional no tuvo en cuenta sino a los
victimarios y nunca la correlación que podía existir entre ellos y otras
personas, como es el caso de los servidores públicos y de particulares, que
se han visto inmiscuidos; a ellos les va a caer todo el peso de la ley sin
ninguna consideración. La ley no contempló lo que estamos viviendo...
¿Y entonces?
Pues la ley sólo beneficia a los militantes.
¿Como la confesión de los paramilitares tiene que ser total, qué puede
ocurrir cuando revelen vínculos con parlamentarios o particulares?
Tendrán que ser juzgados con las normas ordinarias que establecen los
códigos.
¿Existe el riesgo de que los parlamentarios investigados renuncien a su
investidura para evitar la acción de la Corte?
Ese es un derecho que ellos tienen. Sería importante que la Corte hiciera
una consideración sobre hasta dónde llega el alcance para renunciar a ese
fuero. En el pasado, en otros procesos, cuando la Corte aceptaba la renuncia
de ese fuero, entraba en competencia de la Fiscalía General; en todo caso
siempre llegaran esos procesos a la Corte, porque puede haber un recurso de
casación.
¿ El Tiempo dijo que Mancuso solamente ha confesado el 5% de los delitos,
cómo se hace para que confiese el 95% que falta?
Aquí vamos a vivir una especie de “confesionómetro”. Esa valoración la
tienen que hacer la justicia, el Ministerio Público y nadie más.
¿Si la Fiscalía demuestra que Mancuso no confesó alguno de sus delitos?
Pierde todos los beneficios...
¿Y en consecuencia podría ser extraditado?
Pasará a ser juzgado ordinariamente y vendrán otras consecuencias. La
extradición es una decisión que compete al Presidente de la República.
¿Las elecciones que se avecinan serán más libres?
Este proceso judicial contra el paramilitarismo, su desarme y
desmovilización, serán un gran purificador del proceso electoral que se
avecina y la gente va a tener capacidad de denuncia, si se repiten casos
como en el pasado.
Don Julio Mario Santo Domingo propuso una tercera reelección. ¿Su opinión?
No puedo opinar porque si se da la reforma constitucional me tocaría rendir
concepto. Para un Liberal como yo, la pregunta tiene una respuesta obvia...
Opine en www.yamidamat.com.co
''(En las audiencias de los ‘paras’) hay que preservar derechos de las victimas a la privacidad; hay que cuidar la narración de hechos escabrosos...”
“El proceso está demostrando una fortaleza institucional en el país, porque se están desarrollando hechos como están previstos en la ley...”
YAMID AMAT
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