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‘Si el proceso paramilitar se politiza, se desprestigia y se acaba’: Procurador

El procurador General de la Nación, Edgardo Maya, dice que las transmisiones por televisión de las audiencias a los paramilitares serán en directo y de ninguna manera en diferido ni editadas. Pide que se permita el acceso a la prensa, para eliminar “las tercerías” que podrían provocar tergiversaciones. Advierte sobre los riesgos de politización del proceso y asegura que si ello ocurre, el proceso se destroza y se acaba.

28 de enero 2007 , 12:00 a.m.

¿Qué opina sobre la transmisión de audiencias de los paramilitares por TV? Legitiman más el proceso que estamos viviendo, pero hay que definir bien cómo se va a transmitir y qué se va a transmitir. Es indispensable una reglamentación. Hay que preservar derechos de las victimas a la privacidad; hay que cuidar la narración de hechos escabrosos, que puedan ser vistos por niños...

¿Y el argumento de que hay pruebas que no se pueden sacar a luz pública? El tema financiero, el tema de bienes, no puede salir a la luz pública. Todo eso va a implicar que necesariamente debe haber, si me lo permiten, una especie de ‘censura’ para la transmisión directa. Además, hay una incapacidad física para transmitir todo, el fiscal que dirige decidirá qué se transmite y qué no.

¿Y el caso de la prensa? Hay que permitirle que esté presente en las audiencias. No en el sitio de la confesión, sino en el cuarto contiguo donde se encuentran las víctimas. Las versiones de terceros, como ahora ocurren, no deben continuar porque se corre el riesgo de tergiversaciones. En la sala contigua, habrá transmisión de televisión.

¿Es verdad que las transmisiones serán en diferido y con edición? No señor. Eso no es así. Las audiencias se transmitirán en forma directa, excepto en casos de simultaneidad y en aquellos en que el fiscal del caso decida, sobre temas como violaciones. No se deben transmitir.

¿En este escándalo de la para-política, por qué usted ha estado tan callado? La Procuraduría ha estado actuando como siempre, pero, personalmente, no soy un funcionario público protagonista, no ando buscando periodistas; pero, cuantas veces se requiera, estamos dispuestos a dar la información solicitada.

¿La investigación a personajes vinculados a usted familiarmente provocó un poco su silencio? La responsabilidad es de carácter individual, quienes tengan algo que imputarle al Procurador General de la Nación que lo hagan públicamente y yo respondo. Pero si se trata de otras personas, cada una tiene que responder por su conducta.

¿La investigación que realiza la Corte Suprema de Justicia sobre actuaciones del senador Alvaro Araujo, comprometen el ejercicio de la función de su hermana, la Ministra de Relaciones? Ese tema tiene que manejarlo el Presidente de la República que es su jefe.

¿Pero su opinión? No puedo entrar a calificar conductas. Si ella incurriera en faltas sobre la cual debe proceder la Procuraduría, me tocaría declararme impedido. Pero sobre la presencia de ella en un cargo público, aparte de sus condiciones personales, que las tiene todas, es un tema que corresponde a la orbita del Presidente.

¿En este escándalo de la para-política se han mencionado algunos nombres.

Cree que hay muchas más personas involucradas? Este es un asunto que apenas empieza; se ha tomado inicialmente una región que es la Costa Atlántica de la cual yo soy oriundo, faltan Antioquia, Urabá, los Santanderes, los Llanos, la zona cafetera, el Magdalena Medio, Chocó, el norte del Valle, el sur del país, falta prácticamente toda la Nación.

¿Pero los personajes que hasta ahora aparecen en la costa son todos los que son? Estamos sobre un proceso de la verdad y lo que pedimos es que las personas denuncien. No solamente a quienes han tenido actividades directas con los grupos paramilitares, sino vínculos indirectos y la denuncia de bienes que poseen esas personas; sólo así se puede buscar el resarcimiento que es muy importante, porque esto no puede quedarse en un saludo a la bandera; además de resarcimiento moral, se requiere el material; países como Perú, donde dijeron que quien tuviera responsabilidad tenía que pagar 7 mil dólares a cada victimas, en Argentina propusieron 250 mil dólares; aquí hay que resarcir a las victimas, lo debe hacer el victimario y si no tiene capacidad, debe hacerlo el bloque y en último lugar lo tendría que hacer el Estado.

¿Tendría que indemnizar el estado a las víctimas? Podría llegar el caso en que al Estado le va tocara asumir.

¿Qué hacer, en su opinión, con los parlamentarios, ex parlamentarios, dirigentes políticos que asistieron a la famosa cumbre de Ralito? Hay una comisión especial que configuró la Procuraduría para investigar si esas conductas tienen relevancia disciplinaria y tal como lo hizo el señor Fiscal General de la Nación, trasladarlo a la entidad competente.

¿En ese escándalo de la para-política han participado todos los movimientos políticos y partidos que hay en Colombia, incluyendo el partido Liberal o no? Me parece que lo importante es que el proceso está demostrando una fortaleza institucional en el país, porque se están desarrollando los hechos como están previstos en la ley: Verdad, justicia y reparación y no como ha ocurrido en el pasado, con leyes de perdón y olvido. Antes se recurría simplemente a dos formas para terminar los procesos violentos: Amnistías o indultos. Hubo 60 indultos y 25 amnistías. Yo como Procurador General de la Nación, soy radicalmente opuesto tanto al perdón y olvido como a la ley de punto final. No puede haber perdón sino justicia; no puede haber olvido, sino reparación; no puede haber punto final, sino conocimiento de toda la verdad. Reconozco que la ley se está cumpliendo a pesar de las vicisitudes, y eso significa un gran fortalecimiento institucional...

¿En un momento del debate sobre la vinculación del paramilitarismo con la dirigencia política del país, se dijo que sólo afectaba a movimientos uribistas y no al partido liberal. Eso es así? Ni la Procuraduría ni la justicia colombiana pueden mirar el proceso desde ese punto de vista.

¿Pero usted ha visto al partido Liberal también con vínculos paramilitares? Yo no puedo salir a hacer sindicaciones sobre movimientos políticos. En ningún momento la lupa de la justicia puede mirar el ángulo partidista o el tema político, la justicia tiene que hacer abstracción total de esa consideración. Si el proceso se politiza, se destroza, sería su derrumbe total y los órganos de control como la Procuraduría independientemente del tema político tienen que ceñirse a las normas y señalar si hay responsabilidad o no, al costo que sea. Si el costo del prestigio de la justicia o de la Procuraduría depende de cómo vaya a mirar la sociedad o la prensa la condena de una persona, eso sí sería gravísimo; más grave que la politización del proceso, sería la politización de un órgano de control o de la justicia. Si el proceso se deja tocar políticamente, se desprestigia y se acaba...

¿Cuáles son para el país las consecuencias que tendrá el escándalo para-político? Primero, el fortalecimiento de las instituciones en una sociedad que está anhelante, ansiosa de conocer la verdad; segundo, habrá responsabilidad por esa conducta, desde luego, con una justicia transicional que ha flexibilizado las normas para la búsqueda de las entregas.

Desafortunadamente esa justicia transicional no tuvo en cuenta sino a los victimarios y nunca la correlación que podía existir entre ellos y otras personas, como es el caso de los servidores públicos y de particulares, que se han visto inmiscuidos; a ellos les va a caer todo el peso de la ley sin ninguna consideración. La ley no contempló lo que estamos viviendo...

¿Y entonces? Pues la ley sólo beneficia a los militantes.

¿Como la confesión de los paramilitares tiene que ser total, qué puede ocurrir cuando revelen vínculos con parlamentarios o particulares? Tendrán que ser juzgados con las normas ordinarias que establecen los códigos.

¿Existe el riesgo de que los parlamentarios investigados renuncien a su investidura para evitar la acción de la Corte? Ese es un derecho que ellos tienen. Sería importante que la Corte hiciera una consideración sobre hasta dónde llega el alcance para renunciar a ese fuero. En el pasado, en otros procesos, cuando la Corte aceptaba la renuncia de ese fuero, entraba en competencia de la Fiscalía General; en todo caso siempre llegaran esos procesos a la Corte, porque puede haber un recurso de casación.

¿ El Tiempo dijo que Mancuso solamente ha confesado el 5% de los delitos, cómo se hace para que confiese el 95% que falta? Aquí vamos a vivir una especie de “confesionómetro”. Esa valoración la tienen que hacer la justicia, el Ministerio Público y nadie más.

¿Si la Fiscalía demuestra que Mancuso no confesó alguno de sus delitos? Pierde todos los beneficios...

¿Y en consecuencia podría ser extraditado? Pasará a ser juzgado ordinariamente y vendrán otras consecuencias. La extradición es una decisión que compete al Presidente de la República.

¿Las elecciones que se avecinan serán más libres? Este proceso judicial contra el paramilitarismo, su desarme y desmovilización, serán un gran purificador del proceso electoral que se avecina y la gente va a tener capacidad de denuncia, si se repiten casos como en el pasado. Don Julio Mario Santo Domingo propuso una tercera reelección. ¿Su opinión? No puedo opinar porque si se da la reforma constitucional me tocaría rendir concepto. Para un Liberal como yo, la pregunta tiene una respuesta obvia...

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''(En las audiencias de los ‘paras’) hay que preservar derechos de las victimas a la privacidad; hay que cuidar la narración de hechos escabrosos...”.

“El proceso está demostrando una fortaleza institucional en el país, porque se están desarrollando hechos como están previstos en la ley...”