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Movilidad: ¿un sueño?

El problema de la movilidad (¿o mejor, inmovilidad?) en las calles de Bogotá no solo es uno de los puntos débiles de la actual Administración distrital sino uno de los problemas más graves que enfrentará quien suceda dentro de un año a Lucho Garzón. En esto están de acuerdo desde el propio Alcalde y sus colaboradores en esta área crítica hasta los concejales, los expertos en transporte y, por supuesto, los sufridos habitantes de la ciudad, que viven diariamente la tortura de desplazarse por sus vías.

22 de enero 2007 , 12:00 a.m.

Frente al tremendo rompecabezas del tránsito, las fórmulas de solución anunciadas la semana pasada por el alcalde Garzón son, para usar un símil benévolo, un grano de arena en el desierto. Nada de malo tienen los “incentivos pedagógicos” o los “pactos de caballeros” para ayudar a mejorar la movilidad en la ciudad, pero no será con ellos como se contendrá el caos creciente en las calles bogotanas, que hace casi risible el nombre de la flamante Secretaría de Movilidad.

La creación de esa Secretaría fue un paso en la dirección correcta, pero apenas el primero de un largo y profundo esfuerzo que exigirá mucho dinero, sólidos recursos técnicos, capacidad administrativa, decisión política para enfrentar a las mafias del transporte público y audacia para contemplar propuestas alternativas que realmente mejoren el tránsito. Implantar un peaje de ingreso en la Autopista Norte, convertir en peatonal un sector del centro y hacer un acuerdo con los gremios para regular el uso del carro particular y las motocicletas son solo débiles paños de agua tibia.

Lo que hace falta y sigue brillando por su ausencia son acciones inmediatas para impedir que los transportadores continúen “hurtándose el dinero del factor de calidad para burlar el fondo de chatarrización”, como ha dicho el Contralor Distrital (y, además, utilizar los 22.000 millones de pesos que están en fiducia para formalizar prontamente la compra de buses viejos para chatarrizar); hacer efectivo el retiro de esos buses (nada menos que 8.000) y acabar con los 20.000 taxis piratas; poner orden en el servicio público de transporte con medidas tan elementales como hacer obligatorios los paraderos, y explicar claramente, como también lo ha exigido el Contralor, de dónde saldrán los 8 billones de pesos que se necesitan para arreglar la desastrosa malla vial.

También se necesita audacia para contemplar y adoptar propuestas alternativas o complementarias a las que están en marcha, como el desvío a las vías periféricas de los vehículos que no tienen por qué entrar a la ciudad; el control de las motocicletas, que circulan como y por donde les da la gana; la utilización, en lugar de la eliminación, de espacios de parqueo como las bahías; el uso del ferrocarril por las carrileras que ya existen y no se aprovechan, como la de la carrera 30, y la construcción de un metro ligero en la Avenida Eldorado y de un tranvía (¿por qué no?) por la carrera 7a., en lugar del TransMilenio, que sería un desastroso error.

Solo con decisiones enérgicas, que infortunadamente no se están adoptando, se podrá ahorrar a los siete millones de pasajeros que hoy se movilizan diariamente en Bogotá (número que en adelante solo puede ir en aumento) los trancones y demoras que obstaculizan su desplazamiento, los daños que sufren los vehículos por la proliferación de huecos en las vías y los perjuicios que sufre la economía de la ciudad por la anarquía que prevalece en el tránsito.

Con paños de agua tibia, como los pactos con los gremios, no se contendrá el caos creciente en las calles de Bogotá.