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Potrerito o la gran desgracia

La muerte trágica de 10 policías de élite en Potrerito ha sido ocasión para un montaje de equivocaciones que se disparan contra el honor del Ejército y de varios de sus soldados más meritorios.

18 de enero 2007 , 12:00 a.m.

El Fiscal General de la Nación sentenció en horas que aquello había sido una ignominiosa masacre determinada por los carteles de la droga. Esa enormidad fue recogida por el ex Ministro de Defensa y por el ex Comandante de las Fuerzas Militares, quienes destituyeron al coronel Carvajal, Comandante del Batallón de Alta Montaña, que así quedó abandonado a su suerte y condenado sin fórmula de juicio.

Pasan los días y los meses y no aparece prueba que valga para demostrar que los soldados cumplían en Potrerito designios de las mafias. Inclusive, los triunfales indicios iniciales se convirtieron en cómica parodia. El mensaje que supuestamente lo revelaba todo, el que se refería a las víctimas que traían al informante, el “pollo”, en un Vitara, quedó en una realidad humilde pero insobornable: el apodo era el de un contratista que existe, que en su Vitara llevó pollo a las tropas que hacía días cuidaban tendidos eléctricos, y estaban harto afligidas por sus magras raciones de campaña.

¿Y el narcotráfico? ¿Y el cartel por cuya orden se dispararon las armas de la República? Por ninguna parte. Mes y medio después de la tragedia, y de las declaraciones del Fiscal, surge el testigo de cargo, un ex guerrillero pronto a denunciar generales, coroneles, tenientes y sargentos. A esa carta frágil se aferran los acusadores y ante sus reticencias lo habrían secuestrado, con su mujer, y lo presionan, entre el fiscal de la causa, que lo amenaza con cuarenta años de cárcel, un mayor de la policía que le empeora la oferta, un tal ‘Terry’ de la DEA y el inefable senador Arenas, que le prometen sendos paquetes de cincuenta millones de pesos. En eso queda el testigo estrella, según su propio decir. En la peor denuncia que se hizo jamás ante la opinión pública, estupefacta e indignada.

Faltaba la masacre. Pues en su contra se van perfilando hechos contundentes.

En una batalla de media hora, los policías caen porque son menos, porque su armamento es inferior y porque atacados de flanco su trinchera se volvió trampa mortal. Y en las cuentas mal hechas de la Fiscalía, las esquirlas que despide el parapeto de cemento se cuentan por balas, tantas que cuando menos configuran “exceso de fuerza”. Pues el Ejército no dispara más del cinco por ciento de su parque, no usa el armamento pesado de que dispone y finalmente, vaya decepción, no tenía visión sobre los objetivos de sus disparos. Ni siquiera pudo advertir que los supuestos policías estaban a medio uniformar, o si se quiere mejor, sospechosamente desuniformados.

Todavía quedan para la Fiscalía evidencias muy ingratas. Nunca pudo explicar por qué los policías, para incautarse de 100 kilos de cocaína que escondería el interior de una casa, obraban sin fiscal a bordo y sin autorización expresa que pudiera suplirlo. Aquello era una ilegalidad manifiesta, mientras la carencia del más mínimo esfuerzo por coordinar la operación con la Brigada del Ejército, o cuando menos para advertírsela, si no fuera ilegal sería una temeridad inaceptable. Explicar esa omisión porque los hechos se cumplirían en un espacio suburbano, puede ser recursivo juego de palabras, pero en ningún caso una explicación plausible. Y, finalmente, cómo iba a tenderse una emboscada cuando ni la Policía misma tuvo tiempo para preparar su operativo.

Lo peor de Potrerito es que nada de lo perdido puede recobrarse. Ni las vidas de los policías, ni la fama del Ejército ante el mundo, ni la reputación que el Fiscal General de la Nación requiere de hombre ecuánime, de investigador serio y de Magistrado justo volverán a lo que fueron. Por eso, Potrerito ha sido, más que un combate equivocado, una irreparable desgracia