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Todo debe ser público

En la versión libre que rinden Salvatore Mancuso y otros jefes paramilitares hay muchas cosas aterradoras. Pero figura una que, por incomprensible, descuella: que lo que están diciendo no sea público.

18 de enero 2007 , 12:00 a.m.

Aunque se sabía de la magnitud de los crímenes paramilitares, no deja de impresionar el número de páginas de la confesión de Mancuso (más de 300), en las que acepta una veintena de masacres, 336 homicidios con nombres y apellidos y secuestros y atentados. Aterra la cantidad de muertes de cuya autoría intelectual se hace responsable, pero ni siquiera sabe quiénes son.

En fin, la lista de los crímenes y su carácter ponen los pelos de punta.

Por ello mismo, porque se trata de verdades que el país entero lleva años esperando, no se entiende por qué el Gobierno y la Fiscalía están impidiendo que estas confesiones sean públicas. No solo restringen el acceso a los medios de comunicación, los cuales, además de haber jugado un papel clave en el esclarecimiento de la paramilitarización del país, son vehículo natural para difundir estas confesiones y convertirlas en parte central de un debate público que le hace inmensa falta a Colombia después de tantos años de sangre y horror. Hay que preguntar por qué el Gobierno y la Fiscalía están restringiendo el derecho de las víctimas a asistir a las sesiones en que sus victimarios ‘confiesan’. Las obligan a firmar formularios, a identificarse plenamente y casi que a probar su calidad de víctimas.

Dan grima los argumentos que se esgrimen para explicar este contrasentido, como el de que se trata de un proceso judicial y prima la reserva del sumario. Parece olvidarse que se trata de que Colombia está ante un proceso sui géneris, más propio de justicia transicional que tradicional, en el cual, a cambio de altas dosis de verdad y reparación, hay generosidad en el castigo. La verdad no debe ser solo para el fiscal o el magistrado, sino para el país y para las víctimas, a las cuales hay que facilitar la participación en los procesos y brindar todas las medidas de protección.

Si lo que se busca es avanzar hacia la reconciliación y no solo llenar formalidades procesales, es esencial la más amplia difusión de la verdad y dar participación a las víctimas. Algo obligatorio, según la legislación internacional, en casos de crímenes atroces, como se lo han recordado al Gobierno varias ONG nacionales y extranjeras.

La Fiscalía alega que los sindicados pueden hacer acusaciones no probadas que impliquen a personas inocentes o pongan en riesgo a otras. Con semejante argumento, todos los procesos deberían ser completamente secretos hasta su término. Pero lo cierto es que, con la participación de un grupo de víctimas, así sea reducido, la información, de todas maneras, se está ‘filtrando’.

En lugar de tirarse la pelota sobre la reglamentación de las audiencias, el Gobierno y la Fiscalía deberían asumir la importancia capital que tienen estas audiencias para la reconciliación y la paz entre los colombianos. Y entender que la transparencia y la libre divulgación son parte fundamental de un proceso que tiene mucho de “catarsis colectiva”. En lugar de poner arandelas jurídicas a la participación de las víctimas o coartar la difusión de lo que ocurre, se podría pensar en grande. Y contemplar, por ejemplo, la conveniencia de emitir por Señal Colombia las sesiones.

No deja buen sabor, en fin, que no se hagan públicas las versiones libres de crímenes atroces que durante tantos años han sacudido a la nación.

Mal sabor deja el hecho de que las versiones que rinden los paramilitares sobre sus crímenes no sean públicas.