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Por fin, orden a la cartera pública

Son innegables los esfuerzos que ha venido realizando el Gobierno Nacional para que los servidores públicos que tengan a su cargo el manejo y recaudo de créditos a favor del Tesoro Público puedan gestionarlo eficientemente; son esfuerzos que en buena parte comenzaron a materializarse con la expedición de la ley de normalización de la cartera pública (Ley 1066 de 29 de julio de 2006) y que recientemente se reglamentaron con el decreto 4476 de diciembre 15 del 2006.

17 de enero 2007 , 12:00 a.m.

Antes de la vigencia este mandato era innegable, entre otros, la ausencia de normatividad que regulará la materia de recaudo de cartera pública de manera uniforme, la inexistencia de reglas claras para ejercer la acción de cobro, la diversidad de criterios -algunos de los cuales resultaban contradictorios- para determinar las tasas moratorias. Un caos que conducía entonces a interpretaciones y analogías inapropiadas tanto por la naturaleza particular del crédito estatal como por las facultades de cobro de las distintas entidades acreedoras públicas o mixtas que conforman el Estado.

Dentro de las disposiciones contempladas en la nueva ley deben destacarse la extensión del procedimiento administrativo coactivo desarrollado en el Estatuto Tributario a todas las entidades que tienen a su cargo el recaudo de rentas o caudales públicos -del orden nacional y territorial- y propuesto con el ánimo de lograr una mayor eficacia en la labor de cobro; así mismo, para reducir costos en el desarrollo de la gestión se deberán unificar procedimientos al interior de las entidades gubernamentales. Igualmente, para las entidades destinatarias de la ley se establece la posibilidad legal de disponer acuerdos de pago para la recuperación de sus acreencias.

Por otra parte, el mencionado decreto 4476, define el contenido mínimo del reglamento interno del recaudo de cartera a partir del cual las entidades públicas cuentan con un marco general para, en consonancia con su estructura y funciones, con la naturaleza de las obligaciones que administra, la calidad de los deudores y el monto de sus acreencias, diseñar un completo reglamento interno de cobro y de acuerdo de pagos que les permita lograr mayor eficiencia en la gestión de los caudales públicos y, de paso, implementar de modo permanente un plan estratégico conducente a sanear las inconsistencias que aún presentan las cifras de las finanzas públicas y a depurar la cartera incobrable -o prescrita-. Esta nueva situación permitirá mostrar a la ciudadanía y al Estado en general, los resultados de la gestión y los valores reales susceptibles de ser recuperados por vía coactiva.

Como a mediados de febrero próximo vence el plazo para que los representantes legales de las entidades públicas expidan sus reglamentos internos, se hace necesario un urgente llamado para que, cuanto antes, promuevan acciones que a nivel institucional generen una real y eficaz cultura del cobro y del manejo adecuado de la información contable; dos factores que sustantivamente contribuirán a que esta información -así, confiable y oportuna- garantice eficiencia, efectividad y pertinencia en las decisiones que se adopten en desarrollo de aquellas sus funciones inherentes al manejo de la cartera .

También es prioritario que los destinatarios de la ley conozcan las nuevas responsabilidades que, referidas a sus propias deudas, ha establecido la ley 1066 de 2006; entre ellas, la obligación para los entes públicos de regularizar, mediante el pago o la celebración de un acuerdo de pago, las obligaciones pendientes con otras entidades públicas a más tardar el 29 de enero del 2007; una medida para la que, en forma transitoria, pueden contar con beneficios importantes en materia de reducción de intereses, según la naturaleza de la obligación involucrada.

Esperamos que no ocurra aquí lo sucedido frente a otras disposiciones igualmente fundamentales para el saneamiento de las finanzas públicas y que han pretendido poner orden a la administración estatal: se han frustrado por la desidia de algunos funcionarios, sin que por ello, paradójicamente, reciban ningún tipo de sanción.

Es prioritario que los destinatarios de la ley conozcan las nuevas responsabilidades”.