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Momento clave para las víctimas

“Los paramilitares mataron a mi hijo y nos sacaron de las tierras (...) Pido que se nos repare el daño causado. Aunque nadie puede devolverle la vida, por lo menos que nos ayuden a salir de esta pobreza en que nos dejaron”. (VER CUADRO: ASÍ LO INTENTARON EN OTROS PAÍSES)

14 de enero 2007 , 12:00 a.m.

Solicitudes como esa son las que están llegando, por centenares, a la Comisión Nacional de Reparación (Cnrr) y a la Fiscalía en todo el país.

Hay avalancha de quejas contra los ‘paras’. Tan solo en Antioquia, en poco más de tres semanas se recibieron 2.000 reclamos: 935 en el área urbana de Medellín y 1.160 en Urabá. Y la Fiscalía habla de 100 mil denuncias en la nueva unidad de Justicia y Paz.

Cómo darles respuesta a las víctimas es una tarea que todavía está por hacerse. En las próximas semanas se definirá desde la manera como seguirán asistiendo a las audiencias contra los ex Auc –el Gobierno cree que no tiene sentido que estén presentes en todo el proceso– hasta parámetros de reparación: medidas simbólicas y, por supuesto, indemnizaciones económicas.

Poca justicia, la regla Una docena de experiencias internacionales les está sirviendo de espejo a los encargados de tomar las decisiones.

“El balance general es que ha habido una buena dosis de verdad, un poco de reparación y casi nada de justicia”, dice el salvadoreño Álex Segovia, asesor de la Comisión.

De El Salvador, que 15 años después sigue sin superar los estragos de la guerra, quedan las lecciones de buscar la mayor participación posible de las víctimas y la necesidad de comprometer a los Estados, más que a los gobiernos, con el cumplimiento de las medidas de resarcimiento.

“En los dos campos hubo dificultades –dice Segovia–. Se manejó demasiado secreto y eso le quitó eco a la Comisión de la Verdad y compromiso a los gobiernos de turno”.

En el país centromericano ha habido casos judiciales aislados contra los responsables de crímenes y solo grupos de presión organizados, como los lisiados de guerra (militares y guerrilleros), lograron pensiones y unos pocos beneficios.

Una situación similar se dio en Guatemala, donde sin embargo la Comisión para el Esclarecimiento Histórico dejó un duro informe que identificó a funcionarios implicados en matanzas.

De Suráfrica, donde el fin del Apartheid le dio cuerpo al concepto de ‘justicia restaurativa’ que ha servido de base para el proceso de paz con los ‘paras’, también quedan enseñanzas. Allí las audiencias contra los victimarios fueron transmitidas por televisión.

“Esas audiencias públicas fueron una especie de catarsis colectiva”, dice Eduardo Pizarro, presidente de la Comisión Nacional de Reparación.

Pero las víctimas siguen esperando compensación. Mary Burton, que hizo parte de la Comisión, afirma que es más importante saber la verdad y tener el reconocimiento de lo que sufrieron.

“En cambio, en Argentina y Chile –agrega Pizarro– la reparación económica puede considerarse exitosa”.

La del Cono Sur es, precisamente, otra lección. Las leyes de perdón y olvido no terminan bien. De eso pueden dar fe los militares golpistas procesados por crímenes cometidos hace más de 20 años.

Proteger a las víctimas En las audiencias realizadas en varias zonas del país, la Comisión de Reparación se ha encontrado con el temor de las víctimas a denunciar.

En Sucre, uno de los departamentos más asolados por la violencia de las Auc, no solo se habla de amenazas sino de alianzas entre abogados y ex ‘paras’.

“En Sincelejo hay al menos dos oficinas que se presentan bajo la fachada de asesoría a las víctimas, pero que en realidad le reportan a antigua gente de ‘Cadena’” (el jefe paramilitar de la zona), dice un dirigente cívico sucreño.

Y es que la reparación va en vías de convertirse en una jugosa veta para los inescrupulosos. Hay casos documentados de avivatos en Bolívar, Córdoba y Santander que buscan sacar provecho de la tragedia de miles de colombianos.

Por eso, uno de los proyectos en los que trabaja la Comisión es una cartilla para explicarle a la gente sus derechos y cómo puede reclamarlos. También habrá medidas de protección física y psicológica.

Por lo pronto, ya hay algunas certezas: por ejemplo, que el año 1964, el mismo en el que nacieron las Farc y el Eln, será tomado como fecha de inicio del conflicto. Es, pues, la fecha para empezar a reclamar.

También que, como lo ordenó la Corte Interamericana, las obligaciones que tiene todo Estado de brindar salud y educación a las personas no pueden considerarse reparación. El Gobierno seguía contemplando esa posibilidad.

Lo cierto es que de cómo se reivindiquen los derechos de las víctimas dependerá en buena medida la suerte de los procesos que hay contra la Nación, por crímenes de los ‘paras’, en el Sistema Interamericano de Justicia, que pasan de los 100 millones de dólares.

Desde el 2005 prácticamente todos los casos fallados por la Corte (las masacres de El Aro, La Rochela, Pueblo Bello) terminaron en condena contra el Estado, porque no impidió que las autodefensas regaran su violencia.

MUJERES, VIUDAS DE LA GUERRA Al menos ocho de cada diez muertos en el conflicto interno en Colombia eran hombres.

En consecuencia, la mayoría de las víctimas que pueden reclamar reparación son mujeres: viudas, madres, hijas y hermanas.

¿Su perfil? Pobres, muchas de ellas todavía son cabeza de familia, tienen varios hijos, casi todas vienen del campo y son analfabetas.

Hay otras víctimas invisibles, esta vez del proceso de reinserción: varias ONG que trabajan con mujeres han advertido que los grupos familiares de los ex paramilitares están siendo afectados por la violencia en casa, que regresó con muchos de los hombres que se fueron de la guerra.

UNO DE CADA 10 NO IDENTIFICA VERDUGO 10 de cada 100 reclamos son individuales. Los otros se refieren a desplazamientos, masacres, etc.

2 de cada 10 víctimas denuncian tierras robadas.

2 de cada 10 solicitudes recibidas por la Comisión se refieren a delitos de la guerrilla.

1 de cada 10 denuncias no tiene victimario identificado.

El 99 por ciento de las víctimas busca reparación económica.

''Fuimos obligados a abandonar nuestra parcelita; hoy nos encontramos mal económicamente. Solo queremos regresar”.

Una de las solicitudes recibidas por la Comisión de Reparación